Gobierno Petro estrena nuevo modelo de salud para presos en sus últimos días, con el antecedente del magisterio en la espalda
El Ministerio de Salud expidió la Resolución 1099 de 2026 para renovar la atención médica de las personas privadas de la libertad. Es la primera actualización desde 2015, pero llega cuando el modelo que el mismo gobierno aplicó para los docentes acumula pérdidas millonarias.
Por: Juan David Cano
El Ministerio de Salud expidió este lunes 22 de junio la Resolución 1099 de 2026, con la que adopta un nuevo modelo de atención en salud para las personas privadas de la libertad bajo custodia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).
Es la última gran apuesta en materia de salud del gobierno Petro, que termina el 7 de agosto, y que llega con el incómodo antecedente del modelo de atención que el mismo gobierno diseñó para los maestros colombianos.
Ese sistema acumula hoy pérdidas billonarias, una red de prestadores que se redujo desde su implementación y una medida cautelar de la Superintendencia Nacional de Salud.
Qué propone el nuevo modelo para las cárceles
Para entender toda la historia, primero es necesario conocer de qué va el modelo carcelario. El nuevo esquema para esa población busca superar tres problemas históricos.
En primer lugar, la atención fragmentada; en segundo, la desarticulación entre entidades; y finalmente las barreras de acceso a los servicios de salud al interior de los establecimientos de reclusión.
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Para eso, incorpora la telesalud y servicios extramurales, es decir, atención que puede prestarse fuera del establecimiento cuando sea necesario.
El modelo está estructurado en seis componentes: prestación de servicios, una Red Integral e Integrada de Prestadores para la Población Privada de la Libertad (RIIPPL), condiciones de calidad, un sistema de referencia y contrarreferencia, salud pública y seguimiento permanente.
Además, clasifica los establecimientos de reclusión en cinco categorías de Unidades de Atención Primaria según su capacidad poblacional, perfil de seguridad y accesibilidad geográfica, con el fin de distribuir los recursos de forma más eficiente.
El modelo también incluye un enfoque diferencial para los menores de tres años que conviven con sus madres en prisión. Para evitar traumatismos en la transición, la resolución establece un plan de implementación gradual.
El antecedente del Fomag y el poco tiempo para entregar el poder
El gobierno aseguró que la resolución que establece el modelo es un avance significativo para la política pública en salud. Sin embargo, será necesario esperar cómo se desarrolla.
Cabe recordar que de forma similar se presentó en su momento el modelo de salud del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) como un piloto de lo que podría ser la transformación del sistema de salud colombiano.
Dos años después, el balance que entregan los propios datos del sistema es crítico.
A abril de 2026, el nuevo modelo del magisterio reconocía apenas 393 instituciones prestadoras de salud en 584 sedes, una caída del 84 por ciento en el número de IPS y del 90 por ciento en sedes frente a las cifras anteriores.
El deterioro financiero es igualmente severo: el Fomag pasó de patrimonio positivo en 2021 a pérdidas cercanas a 3 billones en 2025, y la Superintendencia Nacional de Salud mantiene una medida cautelar sobre el fondo desde septiembre de 2025, prorrogada hasta diciembre de 2026.
Un análisis del centro de pensamiento Así Vamos en Salud concluyó que en 2025 el Fomag pagó en servicios más dinero del que recaudó, 4,11 billones de pesos en pagos frente a 3,66 billones en ingresos, y que a pesar de contar con uno de los presupuestos más altos de los últimos años, solo ejecutó el 69,5 por ciento de los recursos asignados, dejando sin utilizar cerca de 1,8 billones de pesos al cierre del año.
El modelo del magisterio, presentado inicialmente como una solución a problemas históricos, terminó acumulando denuncias por falta de pagos, escasez de prestadores, dificultades en la entrega de medicamentos y crecientes barreras de acceso.
El nuevo modelo para la población carcelaria tiene una diferencia de partida frente al del magisterio: responde a mandatos judiciales concretos de la Corte Constitucional y no a una apuesta de política pública del gobierno. Eso le da un respaldo legal distinto.
Pero el tiempo para su implementación es escaso: el gobierno que lo expidió tiene menos de siete semanas antes de entregar el poder.
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