30 Julio 2022

Construyendo en Colombia una economía orientada a la misión

Crédito: Yamith Mariño

La economista Mariana Mazzucato es uno de los principales referentes del presidente Gustavo Petro en esta materia. En exclusiva para CAMBIO, la italiana habla sobre las políticas macroeconómicas que debe implementar el gobierno entrante.

Por Mariana Mazzucato
Profesora en University College London
Fundadora y directora del UCL Institute for Innovation and Public Purpose (IIPP)

América Latina, como el resto del mundo, enfrenta múltiples crisis: climática, de salud, financiera y, ahora, la crisis del precio de la energía y del costo de vida debido en parte a problemas en la cadena de suministro y en parte a la guerra rusa contra Ucrania. Los síntomas de estas crisis, como siempre, se sienten con mayor fuerza en los sectores más pobres y vulnerables de la población. El cambio necesita un gobierno progresista para fomentar objetivos económicos como el aumento de puestos de trabajo y productividad, y que al mismo tiempo aborde objetivos sociales como la transición del carbono, la disminución de la pobreza y la reducción de la brecha digital.

Es con este espíritu que el recién elegido presidente, Gustavo Petro, tiene una oportunidad de promulgar un verdadero cambio en el país. Impulsar una transformación industrial que promueva una justa transición verde debe estar en el primer renglón de la lista de prioridades. Petro puede utilizar un enfoque de estrategia industrial basado en desafíos para impulsar un cambio en el núcleo del gobierno, invirtiendo en las capacidades del Estado, encontrando nuevas formas de trabajar con el sector privado, e incorporando una agenda audaz y ambiciosa para los próximos cuatro años, y más allá. 

La economía colombiana ya mostraba grietas en sus cimientos desde antes de la pandemia del covid-19. La desigualdad se incrementó notablemente entre 2017 y 2020, y la reducción de la pobreza se reversó: entre 2018 y 2019 más de 660.000 colombianos cayeron en la pobreza. Y la productividad de Colombia está estancada desde el año 2000. Ambas problemáticas deben ser atacadas por la vía de la creación de nuevas formas de riqueza para que sea redistribuida con un enfoque social. Se necesita más inversión empresarial en sectores industriales dinámicos, en lugar de solo enfocarse en la extracción de recursos naturales. Y las rentas se pueden abordar asegurándose de que los rendimientos de la riqueza creada se compartan más ampliamente, en lugar de desviarse a unos pocos actores. Como ha mostrado el trabajo de investigación de Gabriela Palma, ese comportamiento que solo piensa en buscar renta no es exclusivo de América Latina, pero aquí ha habido una mayor propensión a las políticas que concentran los incentivos en torno a la búsqueda de rentas dentro de las grandes empresas multinacionales. 

Estos problemas estructurales ahora se ven agravados por las presiones inflacionarias actuales, que se han convertido en una verdadera crisis del costo de vida: los estimados muestran que en 2022 la tasa de pobreza latinoamericana aumentará a 33 % y la pobreza extrema a 14,5 %, con el impacto adicional de la inflación global de alimentos y combustibles. Los beneficios intermitentes para los productores colombianos que se han traducido en rentas aún más altas, como los precios más altos del petróleo, seguramente serán de corta duración y, en cualquier caso, no beneficiarán a todos en el país sino a unos pocos. Es hora de que el gobierno aproveche esta oportunidad para trazar un camino audaz, invirtiendo en sí mismo y en una economía orientada por los desafíos. 

Para hacerlo, Petro debe centrar su atención en tres áreas clave. Primero, como muchos países de América Latina, el servicio civil dentro del gobierno colombiano necesita nuevas capacidades dentro de las instituciones públicas, para implementar un cambio real. Cualquiera puede hablar sobre mejores políticas públicas, pero no cualquiera puede implementarlas. Esto requiere al menos capacidad para adaptarse y aprender, para alinear el servicio público con las necesidades de los ciudadanos, para gobernar sistemas de producción resilientes y para gobernar con la data y las plataformas digitales. Un ejemplo interesante es el Laboratorio de Gobierno en Chile, un laboratorio público de innovación que tiene el mandato de experimentar y fallar, cualidades que nunca se imbuyen a los servidores públicos.

En segundo lugar, el gobierno podría beneficiarse al adoptar una política industrial con una misión clara que le permita abordar sus más grandes desafíos económicos, sociales y ambientales. Es importante destacar que esto significa alejarse de las políticas industriales enfocadas en tecnología del siglo XX que buscaban 'elegir ganadores’. Se debe apoyar a los sectores basados en recursos naturales, hacia un enfoque económico que movilice múltiples ministerios y ámbitos para abordar los mayores desafíos del país de una manera más coordinada y colaborativa con una concepción de 'todo el gobierno’. Esta estrategia industrial orientada a la misión debe fortalecerse con nuevas herramientas e instrumentos de políticas que permitan trabajar de forma diferente con el sector privado y medir su impacto de manera dinámica, incluida, por ejemplo, la presupuestación y las adquisiciones orientadas a los resultados. Significa que los sectores de recursos naturales se convierten, a través de su transformación, en insumos para objetivos y desafíos en torno al clima, la salud y la brecha digital. Ya sea en la minería, el acero o el cemento: reducir su contenido material requiere inversión e innovación que puedan impulsar futuros empleos, habilidades y servicios.

En tercer lugar, tiene que existir un nuevo contrato social entre el gobierno colombiano y los empresarios encaminado a reducir las rentas y aumentar la inversión. Aprovechar instrumentos como subvenciones, préstamos y adquisiciones, y condicionarlos a resultados económicos sostenibles y justos, puede ayudar a dirigir de manera proactiva la economía para enfrentar los desafíos de Colombia. Por ejemplo, durante la pandemia del covid-19, el gobierno francés condicionó sus rescates financieros a Renault y Air France-KLM a compromisos de reducción de emisiones. Del mismo modo, Francia, Bélgica, Dinamarca y Polonia negaron la ayuda estatal a cualquier empresa domiciliada en un paraíso fiscal designado por la Unión Europea. Reducir las rentas y distribuir la riqueza de manera más equitativa solo se puede hacer a través de mejores "acuerdos" que pongan el interés público en primer lugar.

Petro se enfrenta a un clima político polarizado, lo que hará difícil impulsar sus reformas en el Congreso. Como el primer gobierno progresista de izquierda en la historia de Colombia, tiene la oportunidad de transformar la agenda progresista tanto en la producción y creación de riqueza como en la redistribución. De hecho, en última instancia, no hay nada que redistribuir si no se crea riqueza. Pero de manera similar, si esa riqueza se extrae o se entrega solo a unos pocos, la innovación sufre. Este es el momento de construir un país con una sólida capacidad de gobierno, herramientas dinámicas y orientadas a resultados, y un nuevo contrato social entre los sectores público y privado (lo que he llamado una Economía de la Misión). Un nuevo enfoque de la estrategia industrial y un contrato social renovado es un buen punto de partida.