Este jueves comienza a votarse la reforma tributaria

Después de barajar una y otra vez, de partir el mazo y volver a barajar, hoy se vota en el Congreso el primer proyecto de reforma tributaria del gobierno Petro; impulsado por el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo.

El gobierno aspira a recoger 22 billones de pesos, una suma descomunal si se tiene en cuenta que la última reforma –presentada por José Manuel Restrepo durante el gobierno de Iván Duque– fue aprobada por 10 billones de pesos menos.

Tan ambiciosa es la reforma de Ocampo que desde todos los flancos económicos le han llovido sugerencias, críticas y advertencias por el riesgo de que la exprimida de bolsillos termine incidiendo gravemente en la economía. 

En este sentido, los gremios se quejan de que el gobierno no los escuchó suficientemente.

Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), fue uno de los primeros en levantar la mano para decirle al gobierno que la ponencia “cambia significativamente” el proyecto de ley que el gobierno había publicado el 8 de agosto y sobre el que todos habían hecho sus propias cuentas, reclamos, advertencias y alabanzas.

Mac Master también dijo que sus colegas y él se habían esforzado por transmitir la preocupación de académicos y empresarios sobre los efectos negativos que tendría la reforma tributaria sobre la economía, pero que sienten que "no ha tenido resonancia la gravedad de los efectos que habrá sobre la economía y las familias colombianas”.

El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, ha tratado de restarle importancia a esta advertencia. Ocampo, quien se refiere a sí mismo como un hombre de la macroeconomía, se vale de la teoría del equilibrio general macroeconómico para decir que, aunque se reduzca el gasto privado por la tributaria, a la economía le irá bien porque el gobierno tendrá más dinero para gastar e invertir, de modo que compensaría la menor actividad privada. Pero los economistas saben que una cosa es la teoría y otra la práctica.

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, el gremio de los comerciantes y los tenderos, insistió en el efecto negativo que tendrían los impuestos a bebidas azucaradas y comidas ultraprocesadas. Esta vez, tomó como referencia el dato de inflación, que llegó a 11,44 por ciento anual en septiembre, para advertir que imponer impuestos a los productos mencionados sería “echarle leña al fuego” de la inflación. 

Las industrias extractivas también se pronunciaron. En un comunicado conjunto, la Asociación Colombiana de Minería (ACM) y la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP) le recordaron al gobierno que las empresas que representan ya han aportado más de lo esperado cuando han recibido ganancias mayores a las previstas.

“De hecho, el sector minero-energético (minería e hidrocarburos) es uno de los grandes contribuyentes de la nación, su aporte en 2022 se estima en 72,7 billones de pesos; y para 2023 este aporte alcanzaría los 90 billones de pesos sin la entrada en vigencia de la reforma”, aclararon en el comunicado.

Además, destacaron que imponer una sobretasa al impuesto de renta al sector extractivo puede desincentivar la nueva inversión de esta industria en el país. En la misma línea, Asobancaria advirtió que pagará su sobretasa correspondiente, aunque cree que estas medidas son antitécnicas y que su desmonte debería ser gradual.

Sobre los acuerdos alcanzados con las zonas francas, que se reflejan en la tributaria con límites de ventas dentro del territorio nacional y obligaciones en metas de exportaciones, la Cámara Colombo Americana (AmCham) advirtió que estas medidas ponen en riesgo la existencia misma de las zonas francas en el mediano plazo, lo que podría acabar con más de 150.000 empleos directos. 

Así mismo, AmCham le dijo al gobierno que la carga tributaria que plantea la reforma es “desproporcionada”, y pidió a los congresistas “hacer una reflexión crítica sobre los efectos de la reforma tributaria y las necesidades reales para el desarrollo del país sin ahogar a quienes precisamente son quienes crean empleo, mueven la economía y pagan los impuestos”.

Algo similar opina la Andi, que –también a través de un comunicado– afirmó que “llegar a que la tasa de tributación total de la economía como porcentaje del producto interno bruto sea la misma de los promedios internacionales, sin lograr que la totalidad de los colombianos o sectores económicos tributen, no puede ser considerado un logro, por el contrario, debería ser considerado como una profundización de las distorsiones que tanto afectan al porcentaje formal de la población y empresarios colombianos”.

¿Lograrán los gremios que los congresistas les pongan bolas? Eso se sabrá a partir de hoy en los pasillos del capitolio, allí donde se negocian en realidad los proyectos y donde lobistas, legisladores y el propio ministro Ocampo comenzarán a repartirse las cartas en la primera mano de la tributaria.