Una contrarreforma tributaria para Ocampo

Como sucede con cada reforma tributaria, al proyecto del ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, le han salido críticas que van desde cuestionar qué tan real es el monto esperado de recaudo hasta pedir que se eliminen artículos y se mantengan beneficios tributarios. El ministro, aunque ya anunció algunos cambios, ha insistido en que quien quiera cambios, debe proponer alternativas. 

Ocampo ya dijo que sacará al oro de la lista de exportaciones con impuesto y que ya no le quitará la exención de IVA y sobretasa a los combustibles líquidos en zona de frontera. También, por un error de redacción, sacará al salchichón y otros embutidos de la lista de comidas ultraprocesadas con impuesto saludable. 

Según sus cálculos, esto no tendría mayor efecto sobre el recaudo así que sigue esperando que su tributaria le entregue 25 billones de pesos adicionales en 2023 al gobierno de Gustavo Petro y en los siguientes tres años se añadirían otros 25 billones de pesos, para alcanzar así la gran meta de ingresos adicionales por 50 billones de pesos durante el nuevo gobierno para cumplir sus promesas sociales.  

Y tiene alternativas. Por ejemplo, el Banco Mundial dice que los países latinoamericanos podemos ahorrarnos entre 3 y 4 puntos porcentuales de nuestro PIB eliminando ineficiencias del Estado como subsidios mal entregados. En Colombia, eso sería mínimo 42 billones de pesos, casi la meta de recaudo adicional a 2026. 

Pero si de todos modos quiere hacer una reforma tributaria, según Germán Machado, profesor de economía de la Universidad Externado, el proyecto puede empezar por darle facultades extraordinarias al Gobierno Nacional para que elimine a colados de programas sociales o a familias que avanzaron socialmente pero que, por desactualización de los datos, siguen recibiendo ayudas. Hoy, esa facultad es de los alcaldes, que la aplican muy poco.

Los expertos consultados por CAMBIO coincidieron en proponer una disminución de la tarifa de impuesto sobre la renta para las empresas. César Tamayo, decano de la Facultad de Economía de Eafit, argumenta que “la eliminación de muchas exenciones que trae la reforma es bienvenida porque nivela la cancha de juego y limita la elección de ganadores y perdedores ‘a dedo’ por parte del Estado, pero debe acompañarse de una reducción en la tarifa general para no afectar seriamente la inversión, el crecimiento empresarial, y la generación de empleo”. 

La diferencia entre las propuestas está en el valor de la tarifa y en el cómo. Algunos proponen que se haga gradual, otros proponen que desde 2024 se apliquen otras tasas, como Rosmery Quintero, la directora nacional de Acopi, que pide que existan tasas diferenciales por tamaño de empresa: micro y pequeñas empresas con 20 por ciento; medianas al 25 por ciento y el consenso de la tasa para las grandes empresas está alrededor del 30 por ciento.

Lo importante, según Alejandro Rodríguez Llach, de la Comisión Independiente para la Reforma de los Impuestos Internacionales a las Empresas, “es que haya un proceso sistematizado que haga una evaluación de cualquier beneficio tributario que se proponga (costos fiscales, sociales, ambientales), al igual que un proceso de evaluación que mire si en efecto el beneficio tributario está cumpliendo con los objetivos propuestos inicialmente”.

El cálculo es que, en temas de recaudo, la eliminación de exenciones y el mayor crecimiento de las utilidades de las empresas permitirían compensar la disminución en la tasa, de modo que se cumplirían los objetivos de ingresos tributarios por cuenta del impuesto de renta de las empresas. 

Para las personas naturales también hay propuestas. Algunos proponen disminuir la línea de partida en ingresos a partir de la cual la gente empieza a declarar y a pagar impuesto de renta. De esta manera existiría más información sobre los colombianos (porque más personas dirían cuántos ingresos tienen y qué hacen con ellos) y la carga tributaria se distribuiría mejor. 

Otra propuesta en este campo es reducir la proporción de ingresos sin impuesto de renta a las que tienen derecho las personas, por ejemplo, por pagar seguridad social o salud prepagada. Actualmente, el límite está en 40 por ciento de los ingresos, la idea sería reducirlo en cinco puntos, es decir, hasta el 35 por ciento, y poner también un límite en número de UVT (para que cada año se actualice el valor en pesos). Así, los más ricos no terminan descontando más y pagando menos que quienes reciben ingresos inferiores.

Así mismo, proponen mantener la propuesta de incluir en el impuesto de renta a las pensiones altas, pero eliminar de ese artículo a las indemnizaciones sustitutivas o devoluciones de saldos (como propone la reforma de Ocampo) ya que esto terminaría afectando a quienes no logran pensionarse. Otra idea es eliminar de la declaración de renta las cédulas para que no existan diferencias entre el tipo de ingresos de cada persona (laborales, por rentas, por inversiones). Además, se podría incluir una casilla para identificar si quien declara renta es hombre o mujer. 

En otras medidas varias, se propone un impuesto a las iglesias porque estas no pagan nada; reemplazar la propuesta de impuesto a las exportaciones de petróleo y carbón por una sobretasa en el impuesto a la renta de las empresas del sector, como sucede con la industria financiera, y mantener la propuesta de los impuestos saludables y ambientales, tal como propuso Ocampo. 

Finalmente, como una manera de mejorar el sistema tributario en general, proponen un proceso sistematizado de evaluación y aprobación de beneficios tributarios, para dejar solo aquellos que realmente funcionan para impulsar a un sector de la economía que así lo necesite. 

En cualquier caso, la reforma tributaria apenas empieza realmente su trámite en el Congreso de la República y ya está sufriendo cambios.