Once testigos revelan la verdad del genocidio de la UP

Hace casi 40 años el Estado colombiano trató de conjurar la violencia permitiendo el surgimiento de una fuerza política de izquierda. La Unión Patriótica se fundó en mayo de 1985 y un año después ya era un éxito electoral. Tenía 14 congresistas, 18 diputados y 335 concejales. Adquirió mucho apoyo en regiones como el nordeste antioqueño, el Bajo Cauca, el Magdalena Medio, Urabá, Chocó, Arauca y hasta en Medellín. Pero al tiempo que la UP se convirtió en una alternativa a la política tradicional, fue declarada objetivo militar de otro fenómeno que venía multiplicándose por todo el país: el paramilitarismo. El resultado del encuentro fue el exterminio de los dirigentes de la UP, de sus integrantes y hasta de sus simpatizantes. Hoy, tras décadas de impunidad, una verdad se viene abriendo paso gracias la Jurisdicción Especial para la Paz: la responsabilidad que tuvieron altos mandos militares y políticos en este crimen.

El magistrado Gustavo Salazar, de la sala de reconocimiento de responsabilidad de la JEP, es quien lleva la investigación del macrocaso 06 que indaga, desde hace casi tres años, sobre este capítulo de la historia. Ha recogido casi 200 testimonios de víctimas, paramilitares, terceros civiles y de exintegrantes de la fuerza pública. La primera conclusión de este trabajo es que al menos 5.733 integrantes de la Unión Patriótica fueron asesinados o desaparecidos forzadamente. Y la segunda, que en este plan de exterminio existe una cuota de responsabilidad del Estado que, a través de la fuerza pública y el DAS en alianza con el paramilitarismo, promovió y permitió el genocidio de todo un partido. 

Esta tesis se puede observar con claridad en lo ocurrido en Córdoba y Urabá entre 1995 a 1997. Una región y una época en la que el asesinato de dirigentes de la UP se disparó sin control, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se expandieron por todo el país, y en la que, coincidencialmente, el mando militar lo ostentaban generales investigados por paramilitarismo. Es en este contexto que la JEP viene recibiendo información sensible que involucra a los generales retirados Iván Ramírez Quintero, quien fuera comandante de la Primera División del Ejército y por muchos años el hombre fuerte de la inteligencia militar; Rito Alejo del Río, quien comandó la Brigada 17; Leonardo Barrero Rodríguez, comandante del Batallón Junín en la época, quien llegó a ser comandante general de las Fuerzas Militares y resultó mencionado en una investigación de la Fiscalía como aliado del Clan del Golfo; y del mayor René Sanabria, quien se desempeñaba como comandante de inteligencia de la Brigada 11.

Los testimonios de varios paramilitares dan detalles inéditos sobre cómo estos uniformados habrían sido claves para la expansión de las AUC, con quienes establecieron alianzas operativas con el fin de que los paramilitares adelantaran su campaña antisubversiva y por ahí derecho realizaran el exterminio de la UP como una orden proveniente de los hermanos Castaño. En este contexto, el magistrado Salazar ha identificado un falso proceso de desmovilización de combatientes del EPL y las Farc que pasaron de guerrilleros a paramilitares con el apoyo de la fuerza pública y los recursos del Estado. Esta desmovilización, de 242 hombres, constituyó un factor determinante en la velocidad de expansión de las AUC, pues se trató de entrenados guerrilleros que “remozaron” la estrategia del paramilitarismo e hicieron aportes desequilibrantes en el terreno de la “inteligencia”, el conocimiento de la región y ejecutaron algunas de las peores masacres de la segunda mitad de los años 90.

Cambio de brazalete, una operación militar 

Los testimonios recabados por la JEP dan cuenta de que la desmovilización realizada en la primera mitad de 1996, en la que guerrilleros del EPL y de las Farc “dejaron las armas”, en realidad fue “un falso positivo” del Ejército, con el apoyo del Gobierno de Ernesto Samper y de la Gobernación de Antioquia de Álvaro Uribe. La desmovilización buscaba saldar cuentas de los combatientes con la justicia para que empezaran una nueva vida, ahora como integrantes de los paramilitares. De esta falsa desmovilización hicieron parte Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel; Elkin Casarrubia, alias el Cura; Francisco José Morelo Peñata, alias Sarley; Juan Carlos  Alean Arias, alias James o Jhon Jairo Julio de Hoyos, alias Ricardo.

Cuenta Casarrubia, quien hizo parte de la comandancia del Frente Bernardo Franco del EPL que por esos días de 1996 vivían un fuerte enfrentamiento con las Farc y con las Autodefensas, y que uno de sus compañeros, alias Giovanni, había tomado la decisión de unirse a las AUC, quienes les mandaron la razón de que en sus filas tenían las puertas abiertas. “Ya nosotros, Sarley, Ricardo y mi persona (le dijimos al emisario de las AUC) mi hermano nosotros si dejamos, pero directamente a las Autodefensas no nos entregamos porque tenemos miedo que nos maten. Nosotros nos entregamos al Ejército (….) a los días mandaron comunicación con Gonzalo, hablamos, cuando eso ya hicimos contacto con un comandante del Ejército, estaba Sanabria y estaba Barrero. Hoy en día los mencionan por ahí, esos coroneles eran del Batallón Junín”, narra alias el Cura.

Para cuadrar la desmovilización asistió un delegado de la Gobernación de Antioquia, quien les dijo que llegaran con las armas que tuvieran que se las iban a comprar. Y así se pactó la cita, el traslado corrió por cuenta del Ejército.  “Ahí llegamos nosotros con los fusiles, estaba el Ejército y nos recibieron Sanabria y Barrero que eran del Junín (se refiere al batallón de Infantería número 33). De ahí ya nos recogen los helicópteros, nos reunimos el mismo día y nos trasladan a una finca en Volador” detalla Casarrubia, quien agrega que los helicópteros del Ejército los llevaron directamente a una finca de los paramilitares.

“Fueron varios viajes y varios helicópteros. Como tres helicópteros, y nos bajaron a esa finca, que eso era de las Autodefensas. Ya cuando nosotros llegamos allá, incluso, el que estaba allá organizando toda la finca, toda la comida, toda la logística donde nos íbamos a quedar era Móvil Cinco, como un señor que era de las Autodefensas, nosotros no lo conocíamos. (…) ya llegaron gente del gobierno, llegó el alcalde de Tierralta, el gobernador de Córdoba”, agrega sobre la operación de desmovilización en la que se mezclaron indistintamente funcionarios públicos, paramilitares y militares. De ahí, Casarrubia fue llevado, junto con los otros dos comandantes del Bernardo Franco, directamente a donde Carlos Castaño que se encontraba en la Finca Las Tangas.

“Carlos Castaño nos dice que él nos brinda respaldo y de que nos quedemos con él (…) ¿ya qué íbamos hacer? nosotros no podíamos decirle que no, veníamos era a conformar las Autodefensas (…)De ahí nos recogen de Las Tangas [la hacienda donde Fidel Castaño organizó los primeros grupos paramilitares de Córdoba y Urabá], nos entregamos, llegó gente del gobierno, la Fiscalía, nos cogieron los datos(…) Dejamos los fusiles ahí y firmamos lo que íbamos a firmar, nos sacó ese señor Móvil Cinco (…) En la tarde ya llegaron unas volquetas, nos recogieron (…) salimos de ahí por Valencia a San Pedro, a la finca La 35 y La 10 en El Tomate. (…) llegamos y recibimos los fusiles que teníamos en la guerrilla. Yo el primer fusil que porté en las Autodefensas era el mismo AK que había portado en la guerrilla”.

Otro testimonio ofrecido a la JEP sobre esta falsa desmovilización lo dio Ever Velosa, alias HH, quien fue comandante del Bloque Calima de las Autodefensas y que cuenta que él mismo fue el que organizó la verdadera entrega de los guerrilleros a los paramilitares. “Todos los guerrilleros que se desmovilizaron inmediatamente entran a hacer parte de nuestras filas”, dice HH y reconstruye cómo fue el contacto inicial que terminó en la entrega de armas de 65 guerrilleros de las Farc y el EPL. “Los sacamos por los lados del Chocó. Yo recojo todo el armamento, lo echo en los helicópteros y saco los comandantes y los llevo a las Tangas. (...) En las Tangas aterrizamos y estaba Carlos, Vicente, estaba Poncho Berrío. (...)Ese día hablamos con Giovanni y lo convencimos de que llamara a Otoniel, a Gonzalo (...) que se les compraba el armamento. (...) toda esta desmovilización fue organizada por las Autodefensas, después Carlos organiza la desmovilización con el Estado, con Serpa”, refiere.

Y continúa HH: “En la tercera desmovilización sí hubo intermediación y apoyo del Ejército (...) Toda esa gente recibió una mensualidad y unas tierras que le vendieron las mismas autodefensas al Gobierno. Era desmovilizarlos con el Estado para hacer un show mediático, y darle trascendencia al trabajo del Ejército en la zona, porque eso beneficiaba a la fuerza pública más no a las autodefensas. Esta desmovilización se presentó como si hubiera sido elaborada y gestionada por el Ejército. Para esa desmovilización bajó varias veces Horacio Serpa a hablar con Carlos Castaño”.

En la diligencia se le pregunta a HH por qué él habla de una desmovilización real y otra ficticia, a lo que el exparamilitar contesta: “Para mí la real es aquella cuando los miembros del EPL se entregan a las autodefensas con su armamento y todo lo que tenían, con todo el personal, su línea de mando, políticos, milicianos, patrulleros. Se nos entregan completamente los frentes. Esa es una desmovilización real, ya ellos hacían parte de las autodefensas hacía muchos meses cuando se organiza esa desmovilización con el gobierno, con el Ejército y con Horacio Serpa. Eso lo organizó Carlos con Horacio Serpa, esa ya es para mí una pantomima”.

La expansión de las AUC y el exterminio de la UP

Esta desmovilización, realizada entre mayo y junio de 1996, marca el punto de quiebre en la expansión del paramilitarismo. Varios de quienes habían operado en la guerrilla constituyeron un recambio en los mandos medios de las AUC y los combatientes, curtidos con más de diez años de experiencia en la guerra, aportaron su experiencia militar. Estos hombres, después fueron enviados al Meta, al Cauca, al Valle o al Catatumbo a abrirles camino a las AUC para consolidar el poderoso ejército paramilitar que, en 2005, desmovilizó a más de 35.000 hombres y mujeres.

HH asegura que muchos de los hombres del EPL que pasaron a las AUC conformaron una especie de fuerza élite, con capacidad para combatir a las Farc con las tácticas de la guerrilla y por eso fueron enviados a zonas como Mapiripán o Caño Jabón, en el Meta.  “La comandancia mía casi toda fue con gente del EPL. Estaba alias el Cura, alias Giovanni, Clavijo. (...) Por su capacidad militar y conocimiento de la estrategia de combate en área rural. (...) El [EPL] nos aportó mucho en la parte militar y remozó mucho la parte de comandancia, porque casi todos terminaron siendo comandantes de frente o de bloque. Casarrubia comandante del Calima, Otoniel comandante en Casanare, Sarley también estuvo de comandante de nosotros. El negro Ricardo conformó conmigo un grupo especial que tenían los Castaño (...) para romper zonas y hacer trabajos especiales de homicidios o secuestros”, explicó Velosa. 

El relato de HH sostiene que los del EPL también sirvieron como una fuente de inteligencia, como ellos en algunos momentos tuvieron alianza con las Farc, suministraron información sobre áreas estratégicas, técnicas de operación y fueron quienes señalaron a un sinnúmero de personas que o bien le servían a la guerrilla de redes de apoyo, o bien militantes de izquierda afiliados a la UP o sindicalistas. Sobre esto HH asegura que la orden que recibió de parte de los Castaño era acabar con todos los de la UP y los sindicatos.  “El principal objetivo del grupo cuando llegué a la zona de Urabá era la rama sindical, controlar los sindicatos y que pararan los paros laborales. Fui de finca en finca reuniendo a los trabajadores de las fincas diciéndoles: desde hoy queda prohibido el paro, todo aquel que haga paro se muere’, y si alguien levantaba la mano y se oponía, ahí lo matábamos”.

Sobre el genocidio de la UP, HH se excusó y dijo que a los paramilitares les vendieron, equivocadamente, la idea de que eran de las Farc.  “La UP siempre fue vista como un enemigo directo nuestro, como un ala de las Farc. Hoy sabemos que no era así. (...) Nos lavaron el cerebro. Nos inculcaron que ese era el enemigo, que iba a acabar con la economía del país, con las empresas, y con el desarrollo y que por eso teníamos que acabarlos. Por eso la gente de la UP era igual que un guerrillero de las Farc”.

En colaboración con los mandos militares

Los testimonios recogidos por la JEP dan cuenta de innumerables detalles que relacionan a altos mandos militares de la época con los paramilitares de Córdoba y Urabá. Uno de esos testimonios es el del mayor Juan Carlos Rodríguez, alias Zeus. Un militar que hizo parte orgánicamente de las autodefensas en calidad de doble agente. En una declaración a la JEP, Zeus involucra directamente al general Iván Ramírez. “Uno de los personajes más importantes que tuvo que ver con el nexo entre las Autodefensas y la fuerza pública es mi general Iván Ramírez Quintero, comandante de la Primera División en Santa Marta (…) este señor fue uno de los artífices de manejar los hilos de la inteligencia militar y promulgar los compromisos o alianzas con grupos de las Autodefensas a nivel nacional para apoyar el plan estratégico de expansión de todos los bloques de las AUC”, señaló el mayor Rodríguez, condenado hoy por paramilitarismo y narcotráfico. 

Zeus agrega sobre Ramírez Quintero: “Era una persona que tenía muchísimo poder dentro del Ejército, hacía traslados, daba bajas y también, me atrevo a decirlo, utilizaba la mano de la justicia para ultimar a las personas que estaban contra sus políticas. Hubo varios miembros del Ejército que fueron muertos en circunstancias muy sospechosas, que es el capitán Otero y el capitán Padilla, que los dos trabajaron en inteligencia y también tenían nexos con las Autodefensas”. Eso sí, Zeus deja claro que siente temor al declarar con Ramírez pues asegura que sigue activo en el mundo del crimen y con poder en el Ejército.

Pero este no es el único testimonio que enreda a Ramírez Quintero, sobre él también ha hablado Salvatore Mancuso, comandante de las Autodefensas. En 2009 Mancuso dijo: “El general Iván Ramírez se reunió con el comandante Carlos Castaño para hablar de la consolidación de los territorios por parte de las Autodefensas, en la creación de las estructuras del Bloque Norte que estábamos creando y de la actuación de las Autodefensas en Urabá, recuerde que el paramilitarismo de Estado no fue una política que se ejerció independientemente por un miembro de la fuerza pública, sino que nosotros teníamos el apoyo institucional por acción o por omisión. Sin eso no hubiésemos podido crecer como crecimos”.

En el mismo sentido que lo planteó Mancuso, varios paramilitares han hablado de Rito Alejo del Río. Lo hace HH, quien asegura que se reunió directamente con el entonces comandante de la Brigada 17.  Sobre esto mismo también ha rendido testimonio el exgobernador de Córdoba  y expresidente del Fondo Ganadero de Córdoba, Benito Osorio Villadiego, condenado por paramilitarismo. A la pregunta de un magistrado de la JEP sobre los miembros de la fuerza pública involucrados con  las AUC dijo: “El general Martín Orlando Carreño Sandoval; el general Iván Ramírez; el comandante de la Policía coronel Raúl Suárez Gutiérrez y Rito Alejo del Río, comandante de la Brigada 17. Entonces ahí le estoy mencionando cuatro personas que conocían y que fueron partícipes, copartícipes de la formación de las Autodefensas”, señaló  Osorio Villadiego.

De este tipo de señalamientos está plagado el expediente por el exterminio de la Unión Patriótica, pues para los protagonistas del paramilitarismo no hay manera de desligar sus crímenes de la complicidad que recibieron por parte de altos mandos militares y policiales, así como de las élites económicas y políticas regionales y nacionales. Una realidad que hoy ya parece incontrovertible en la historia del conflicto armado colombiano y son tantos los elementos y testimonios sobre esta alianza criminal que el manto de impunidad que ha cubierto a los responsables por varias décadas parece estarse agotando ante el trabajo de la JEP.