Ganadería y conflicto social

El 28 de abril de 2019, el presidente de entonces, Iván Duque, después de sobrevolar el parque Chibiriquete e inspeccionar los resultados obtenidos en un operativo militar que recuperó 120 hectáreas deforestadas, anunció el nacimiento de la Operación Artemisa, una estrategia interinstitucional que contaba con la participación de la Policía, el Ejército, la Fiscalía, Parques Nacionales y el Ministerio de Ambiente para perseguir y capturar a los deforestadores de la Amazonía. 

En su discurso, Duque recordó una acción realizada a finales de octubre de 2018 en el parque natural Los Picachos y dijo: “Quiero también agradecer la presencia del fiscal general de la nación porque venimos trabajando con él de la mano. El año pasado adelantamos el operativo en el parque de Los Picachos, no solamente judicializando criminales detrás del ecocidio, sino también adelantando extinción de dominio de bienes con los cuales se está materializando el desarrollo nefasto de la deforestación”. 

En su momento, medios nacionales registraron la noticia y dieron cuenta de la captura de Miller Medina Cardozo, al que presentaron como uno de los grandes deforestadores del parque natural Los Pichachos. Para la Fiscalía, él era un reincidente al que un año atrás se le había abierto un proceso por delitos en contra del medioambiente y que criaba de manera ilegal 140 cabezas de ganado. El operativo, en el que participaron cerca de 1.000 funcionarios de la Fiscalía, la Policía, el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea, la Sociedad de Activos Especiales y Parques Nacionales Naturales, según la fiscal del caso, era una muestra de que la justicia no perseguía a campesinos pobres “porque ellos no tienen 140 vacas”.

Sin embargo, otra es la versión que cuenta Miller, un ganadero de 63 años de San Vicente del Caguán, cuyos padres habían llegado a la región huyendo de la violencia y pobreza en Huila. “Me trataron de lo peor, como la peor porquería de ser humano. Me acusaban de ser guerrillero, que era testaferro, que esas fincas eran de la guerrilla. Me pusieron como la peor basura. Lo último que dijo la fiscal fue que yo era un peligro para la sociedad. A los tres meses no tuvieron cómo acusarme. Ese peligro para la sociedad demostró que había unos ganados y que esas marcas tienen unos dueños muy constituidos, que esos ganados estaban pagando impuestos. No tengo que esconder a nadie”.

En la noche del 26 de octubre de 2018, Miller se encontraba en su finca, ubicada en Los Picachos, que había adquirido hacía 25 años. Terminaba de mirar una novela cuando a 100 metros de su casa aterrizaron helicópteros y le “echaron mano”. Esposado y acompañado por dos miembros del operativo, caminaba con dificultad por las ráfagas de aire que botaba la aeronave y observó que su finca estaba rodeada por más de 300 hombres de la Policía, el Ejército y el Esmad. “Semejante cantidad de hombres para capturar solo a un hombre de 60 años indefenso es un exceso”, dice Miller, que fue trasladado al batallón militar de San Vicente de Caguán. En la mañana, camiones fueron a recoger el ganado para iniciarle un proceso de extinción de dominio.

Al día siguiente, su captura fue legalizada ante un juez y se le imputaron los delitos de invasión de áreas de especial importancia ecológica y daño de recursos naturales agravado. Miller terminó en la cárcel y a los tres meses recobró su libertad, pero todavía sigue vinculado al proceso y su abogado trata de mostrar que no es un criminal del tamaño que lo quiere mostrar la Fiscalía, sino que es un ganadero como otros tantos que desde hace tiempo viven en Los Picachos.

Miller todavía no entiende por qué se hizo semejante acción militar, más aún cuando estaba al tanto de todos los procesos que cursaban en su contra y nunca había tratado de huir: “Yo ya estaba preparado para venirme a presentar porque yo nunca he tenido una demanda. Y esa vez dije ‘voy a ver qué pasa, a ver en qué burro me montaron’”.

Aunque él es consciente de que desde que compró su finca, a inicios de la década de 2000, deforestaba entre tres y ocho hectáreas al año, tampoco entiende cómo le abrieron un proceso si el banco, en años anteriores, le prestó dinero y tomó como garantía el ganado de su finca: “Como yo tenía unos documentos de compra, que no son escrituras porque la mayoría de fincarios no tenemos escrituras, me arrimé al Banco Ganadero e hice unos préstamos. A la finca fue el visitador a ver si en verdad yo tenía pastos y si tenía capacidad pa’ un préstamo. Eso fue en 2004, más o menos”. 

El operativo indignó a los finqueros vecinos de Miller, quienes se enfrentaron al Esmad. En redes sociales las asociaciones campesinas y ganaderas de San Vicente del Caguán denunciaron con videos los excesos de la fuerza pública. Durante días taponaron las vías para evitar la entrada de camiones y el decomiso del ganado. Las protestas se extendieron al casco urbano de la población. Cientos de personas salieron a exigir que el problema de ocupación de los parques nacionales Tinigua y Los Picachos se solucionara de manera dialogada y no a la fuerza. 

De acuerdo con Herson Lugo Saldaña, abogado y defensor de derechos humanos de San Vicente, “los operativos de 2018 fueron desproporcionados y manejaron una lógica de capturar a poderosos criminales que contaban con un aparato militar para defenderse, cuando eran los mismos campesinos y ganaderos que se la pasaban por el pueblo, que tenían sus casas y nunca se escondían de nadie. No eran reconocidos como criminales, simplemente porque no lo eran”.

Esta acción militar fue la antesala a la Operación Artemisa que, desde abril de 2019 a marzo de 2022, el gobierno de Iván Duque utilizó como punta de lanza de la lucha en contra de la deforestación en la Amazonía. En distintos discursos el presidente defendía y alababa a los miembros de Artemisa, por sus “resultados contundentes”. Para él, esta operación era fundamental para cumplir el fallo emitido por la Corte Constitucional en abril de 2018, en el que se instaba al Estado a formular un plan de acción para contrarrestar la deforestación de la Amazonía.

Según el Ministerio de Defensa, entre 2019 y 2021, Artemisa llevó a cabo trece operaciones que dejaron la captura de 106 personas (ya fuera por orden judicial o porque fueron sorprendidos en flagrancia), la destrucción de 40 construcciones, 12 puntos de vía ilegal y 7 puentes en zona de protección natural. Los resultados sirvieron al presidente Duque para mostrar su compromiso en la lucha contra la deforestación y los delitos ambientales.

Sin embargo, desde que comenzó Artemisa, las denuncias de violación a los derechos humanos y de montajes judiciales resonaron en la opinión pública. Si bien muchos ambientalistas defendieron el componente militar para luchar contra los delitos ambientales, defensores de derechos humanos, campesinos y ganaderos criticaron a Artemisa. En una columna, Ana Jimena Bautista, investigadora de la ONG DeJusticia escribió: “Artemisa reproduce antiguos patrones de violencia en contra de los campesinos, bajo un ropaje verde (…) Al revisar las posibilidades que el Estado tiene para combatir el problema de la deforestación y optar por un tratamiento militar y penal en contra de comunidades que hoy habitan los parques nacionales, la Operación Artemisa es una operación que se hace contra el campesinado, que es injusta e innecesaria”.

De manera similar piensa Luis Carlos Bernal, médico e integrante del equipo técnico de la Unión de Organizaciones de San Vicente del Caguán: “Lo que sucedió con Artemisa fue la prolongación de la persecución al campesinado y la continuación de la lógica de perseguirlo militarmente y de atacar el eslabón más débil de un delito. Así sucedió con los cocaleros. Les llegaban miles de soldados a capturar 3 o 5 campesinos que cultivaban coca. Ahora utilizan miles de soldados para capturar personas que hace 20, 30 o 40 años se han dedicado a la ganadería. Es la costumbre que tiene el Estado de solucionar las cosas a la fuerza y no por el diálogo”.

Las críticas aumentaron a medida que se conocía que buena parte de las capturas hechas podrían tener vicios y ser montajes judiciales y que en ellas nunca se apresó a los grandes deforestadores. El inconformismo por Artemisa fue una de las causas del paro de Altamira, Huila, realizado en mayo de 2021, y en el que 2.500 campesinos de Caquetá y sur de Meta se dirigieron a esa población para bloquear las vías de acceso al piedemonte amazónico.

Aunque se acordó continuar con los diálogos para solucionar la presencia de campesinos en parques naturales, se siguieron haciendo operativos militares y en uno de ellos, realizado en marzo de 2022, fue asesinado un campesino en la vereda El Triunfo, de San Vicente del Caguán, y la comunidad retuvo a un soldado. Todas estas denuncias llevaron al nuevo gobierno de Gustavo Petro a parar las operaciones de Artemisa. 

De acuerdo con investigadores y miembros de la comunidad de Caquetá, el conflicto social exacerbado por Artemisa es responsabilidad del Estado, que durante décadas no hizo nada para detener la colonización de los parques naturales y que en un momento reciente tomó conciencia del problema ambiental y decidió atacarlo de manera militar.

“No podemos tapar el dedo con el sol. Hay colonos que en años recientes llegaron a deforestar y ocupar los parques nacionales y grandes financiadores que quieren robarse las tierras, pero allí también viven desde hace décadas centenares de familias que constituyeron veredas, escuelas, carreteras y puentes. También sabemos que hay un grave problema de deforestación allí, pero si usted ve, es responsabilidad del Estado, primero, por haber resuelto ese problema antes y, segundo, por tomar la vía militar en vez de cumplir el punto de los acuerdos de paz”, dice Luis Carlos Bernal.

Los campesinos y ganaderos que habitan Los Picachos son conscientes de que ellos han sido parte del problema de deforestación que enfrenta el parque y están dispuestos a participar en cualquier alternativa para reforestarlo, pero piden que todo se haga con diálogo y no a la fuerza. Para ellos la estrategia militar crea más desconfianza de los campesinos hacia la fuerza pública y hacia el Estado. Un líder campesino que prefirió no dar su nombre dijo: “En el fondo este es un problema agrario que siempre se trató a bala y por eso estamos en las que estamos. Solo hay que mirar a atrás. Acá arriba en El Pato, había unos campesinos que exigían tierra, ¿y qué hizo el Estado? Les dio bala. ¿Y qué sucedió? Surgió la guerrilla. La solución es el diálogo, no la bala”.

Hasta el momento, más allá de las capturas anunciadas en prensa y por la Fiscalía y la fuerza pública, todavía no se tiene ni uno solo de los grandes financiadores de la deforestación en estos parques, ni mapeadas las redes utilizadas por estos que incluyen funcionarios públicos y políticos. Entre tanto la deforestación en los parques naturales continúa creciendo.