Así operaba la red de alcaldías al servicio de Mario Castaño
El capítulo de los alcaldes en la red del senador Mario Castaño.
Crédito: Yamith Mariño
La Fiscalía ya tiene claro que varios alcaldes hicieron parte de la red de corrupción que, supuestamente, lideraba el senador Mario Castaño para otorgar contratos a cambio de millonarias coimas.
La Fiscalía lleva una extensa investigación que ha permitido la judicialización de 33 personas relacionadas con una red de corrupción liderada, supuestamente, por el senador Mario Castaño, quien está preso por interesarse en determinados contratos que gestionaba con entidades del orden nacional con el único fin de cobrar coimas o fortalecer su caudal político en los municipios que servían a los intereses de su organización. La Fiscalía ha verificado 114 contratos, que suman más de 112.000 millones de pesos. El último golpe de los fiscales fue capturar a los mandatarios locales que lograron contratos gracias a las gestiones de la red.
Para profundizar
CAMBIO conoció las audiencias que se llevaron de manera reservada contra los alcaldes capturados. En las diligencias, para la Fiscalía queda claro que los mandatarios locales hacían parte de la organización corrupta porque, supuestamente, eran quienes proponían determinados proyectos para que la red los gestionara en entidades del orden nacional; ordenaban amañar pliegos de condiciones, e incluso, cobraban coimas por adjudicar la contratación.
Por esos hechos, fueron capturados: el alcalde de Aguadas (Caldas), Diego Fernando González Marín; el alcalde de Armero Guayabal, (Tolima) Medardo Ortega Fonseca; el alcalde de Piendamó (Cauca), Víctor Hugo Franco Muñoz; el alcalde de Suárez, Cauca, Ronal Villegas Orlas; el alcalde de Villamaría (Caldas), Andrés Felipe Aristizábal; el alcalde de La Merced (Caldas), Jhonattan Manuel Vásquez Duque, y la alcaldesa de Alcalá (Valle del Cauca), Gloria Raigoza. Los últimos 5 alcaldes mencionados accedieron a un “allanamiento preacordado”, que no significa otra cosa que aceptar su responsabilidad a cambio de beneficios judiciales.
En las audiencias se reveló que, por aceptar su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos, los alcaldes de La Merced, Villamaría y Alcalá recibirán penas que oscilan los 50 meses de prisión. Incluso, por aceptar que delinquieron, la Fiscalía les dio el beneficio de permanecer en casa por cárcel.
La estructura delincuencial
Para profundizar
La Fiscalía dice que tiene pruebas para asegurar que desde el 2020 se estructuró una organización criminal que tenía como fin el direccionamiento irregular de la contratación pública, en aras de hacer prevalecer intereses económicos particulares sobre el interés general, que es el que rige la contratación estatal. La red actuó en Bogotá y también en municipios de los departamentos de Caldas, Cauca, Risaralda, Chocó, Tolima y Valle del Cauca.
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“El grupo delincuencial se conformó alrededor del senador Mario Alberto Castaño Pérez, quien en virtud de cupos indicativos viabilizó la realización de proyectos al interior de entidades dentro del orden nacional y se interesó, de manera indebida, con su grupo delincuencial, es decir, todos los que hacen parte de ese GDO, se interesaron en varios proyectos y contratos”, dijo la fiscal Ángela Córdoba.
El senador Castaño actuó, argumenta la Fiscalía, en asocio con Daniela Ospina, su compañera sentimental y quien supuestamente era la encargada de entregar las coimas; Juan Carlos Martínez, su mano derecha y quien se mantiene prófugo de la justicia; Nova Lorena Cañón, supuesta lobista del grupo; Santiago Castaño, contratista capturado; Marcela Castaño, hermana del contratista Santiago Castaño y quien sería la encargada de generar pagos y transferencias; Alejandro Noreña, quien gestionó el cobro de dineros por nombramientos en el SENA; John Alexander Sánchez, alias PATO, quien hace parte de la ejecución de proyectos construcción de canchas de fútbol para municipios; Pablo César Herrera, director de Proyecta Quindío, entidad que ayudó a varios municipios en los procesos de contratación, entre otros.
La participación de los alcaldes en la red
La Fiscalía reveló un organigrama en el que aparecen los alcaldes como parte de la red de corrupción liderada, supuestamente, por el senador Castaño. La explicación es que los mandatarios locales eran quienes proponían proyectos a la red, de acuerdo a sus necesidades; recibían porcentajes de contratos; utilizaban recursos de las alcaldías para beneficio propio y ponían personal de confianza en las entidades para que pudieran manipular la fase contractual.
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“La contratación, por regla general, está en cabeza del alcalde o, en su defecto, de funcionarios de libre nombramiento y remoción que están bajo la potestad nominadora de ustedes. Así las cosas, la función contractual que tienen los alcaldes fue instrumentalizada para suministrar información privilegiada de los procesos contractuales, obviamente acá se refiere no a la publicación ordinaria que exigen los regímenes de contratación, se entiende que es la información previa y no por los canales oficiales y, sobre todo, previa, hago ese énfasis”, explicó la fiscal del caso.
Según la investigación, los alcaldes les adjudicaban contratos a las personas que la organización les decía. Esto significa, según la Fiscalía, que pusieron al servicio del grupo los mandatos que recibieron popularmente. El concierto para delinquir se dio, supuestamente, cuando ofrecieron sus funciones como mandatarios locales para que la organización delictiva alcanzara sus propósitos criminales.
“Eso es lo que les reprochamos, ustedes reciben un mandato y en lugar de colocarlo al servicio de la comunidad, a intereses generales, lo colocan al servicio de un grupo delincuencial organizado, ustedes instrumentalizaron sus funciones como alcaldes municipales y dieron un aporte trascendental al andamiaje delictivo”, enfatizó la fiscal.
En las audiencias la Fiscalía reiteró que la red de corrupción se interesó en contratos con el propósito de favorecer el caudal político del senador Mario Castaño y obtener un provecho económico derivado de la contratación estatal. Es decir, supuestamente, los alcaldes tenían un doble rol pues no solo direccionaban la contratación, sino que también cumplían un rol político.
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“Todos ustedes participaron en política en favor del senador Mario Castaño y ese interés indebido en la celebración de contratos se proyectó en concertación de operaciones con entidades de orden nacional, es decir, Unidad Nacional de Gestión del Riesgo; DPS; PROYECTA QUINDÍO, empresa industrial y comercial del Estado ubicada en Armenia; Ministerio del Deporte; Ministerio del Interior; Ministerio de Salud y de sus propias alcaldías”, puntualizó la fiscal.
La investigación continúa y, según las fuentes, son 50 personas las que están indiciadas. Algunas están prófugas de la justicia y otras serán llamadas próximamente a responder ante un juez por los hechos.
