De menos a más: la relación de Iván Duque con el Congreso

La relación del presidente saliente y el Congreso no comenzó bien y se fue atemperando a lo largo de estos cuatro años. Iván Duque fue crítico de “la mermelada” durante su campaña, repitió hasta el cansancio que ese no sería su modus operandi en caso de ser elegido, e inició su mandato con la férrea postura de no ceder en este aspecto ante los legisladores. El tiempo le demostró, a punta de golpes, que ser recalcitrante no lo llevaría a ningún lado y finalmente cambió de opinión.

Una de las principales banderas de Duque fueron sus constantes reparos al acuerdo de paz y las instituciones que surgieron a partir de su firma. Buena parte de sus electores no veían con buenos ojos que lo pactado en La Habana se hubiera puesto en marcha ignorando el resultado del plebiscito celebrado en octubre de 2016 y por eso el mandatario se empeñó en responder a ese malestar. A pesar de que a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) solo le faltaba la sanción presidencial porque había sido aprobada por la Cámara de Representantes y el Senado, Duque optó por formular seis objeciones que tuvieron que ser estudiadas por el Congreso. De nada sirvió que a su gobierno se hubieran sumado la mayoría de los partidos, ni que la bancada del suyo, el Centro Democrático, fuera la más numerosa, porque la derrota terminó siendo contundente. La votación en la Cámara fue de 110 votos en contra y 44 a favor, y en el Senado fue de 47 contra 34 en el mismo sentido. 

El fracaso era claro. Sin embargo, el presidente y su partido intentaron buscarle el quiebre a su caída y argumentaron que en el Senado no se alcanzó la mayoría calificada (la mitad más uno) para que el rechazo de las objeciones fuera un hecho. El asunto llegó hasta la Corte Constitucional que desestimó este argumento y Duque volvió a perder. Para la persecución de este fallido propósito destinó su primer año de gobierno.

“Iván Duque arrancó su gestión frotándole su victoria en la cara a los partidos independientes y a la oposición despotricando de los logros y los avances del gobierno anterior, buscando tirar por la borda la relación transaccional entre el Ejecutivo y Legislativo, y modificando el acuerdo de paz”, señaló Sergio Guzmán, director y cofundador de la firma Colombia Risk Analysis. 

El presidente no dio juego a los partidos en su gabinete ministerial en su primer año y pagó un precio alto en el Congreso. La reforma a la Justicia, impulsada por la entonces ministra de esta cartera, Gloría Borrero, se cayó en diciembre de 2018 por falta de trámite en Senado y Cámara, y su ministro de Defensa, Guillermo Botero, se vio obligado a renunciar ya que todo indicaba que no lograría superar una moción de censura que impulsó la oposición tras descubrirse que en una operación militar en contra de las disidencias de las Farc fallecieron varios menores de edad.

Por intentar conformar un equipo de personas “técnicas”, salvo con contadas excepciones, Duque le dio la espalda a la participación y cuotas burocráticas con las que históricamente estaban acostumbrados los congresistas y partidos. El atascamiento en el que cayeron muchas de sus iniciativas lo llevó a replantearse esta actitud. Iniciando 2020, antes de la pandemia, el primer mandatario sacudió su gabinete y dio gusto a Cambio Radical, que hasta ese momento se había declarado como colectividad independiente, al nombrar a Fernando Ruiz Gómez como nuevo ministro de Salud. Lo mismo hizo en Agricultura y Trabajo, en los que designó a Rodolfo Zea, como cuota de los conservadores, y a Ángel Custodio Cabrera, ligado al Partido de la U. Este cambio de estrategia del presidente fue un nuevo comienzo que, además, coincidió con la llegada de la pandemia y el distanciamiento, lo cual llevó a que el Congreso empezara a sesionar de forma virtual.

Este escenario generó un debilitamiento en el control político y le facilitó la tarea legislativa al Gobierno para que varios de sus proyectos se aprobaran sin contratiempos. Fueron dos años, entre marzo de 2020 y abril de 2022, en los que el Gobierno transitó cómodamente en el Congreso y obtuvo mayorías para poner en marcha la ley de vacunas, la reforma de las regalías, la ley de emprendimiento. Logró también obtener los apoyos para aprobar iniciativas polémicas como la cadena perpetua para abusadores de menores de edad –que terminó cayéndose en la Corte– y la reforma a la Procuraduría que creó 1.200 nuevos cargos en la institución. Si bien esta última no fue de autoría del Gobierno sino del Ministerio Público, contó con la bendición del jefe de Estado. Adicionalmente, Duque declaró la emergencia económica, lo que le permitió expedir decretos con fuerza de ley y no tener que lidiar con los congresistas. Quizá su único traspiés en este lapso fue la fallida reforma tributaria de 2021, que desencadenó un estallido social y ocasionó la renuncia de Alberto Carrasquilla como ministro de Hacienda.

A solo unas pocas semanas de su salida, el presidente Iván Duque tiene que ver cómo su coalición de gobierno hoy está apoyando a su principal opositor. Por un lado, los congresistas siempre sirven al mejor postor, pero, por otro, el presidente falló en su deseo de consolidar alianzas sólidas. Su loable intención de no ceder ante las presiones burocráticas del Congreso no salió como quería y en parte porque nunca fue visto como el verdadero líder de su bancada, siempre a la sombra del expresidente Álvaro Uribe. 

El Congreso merece una nota aparte. Si bien Duque no tuvo éxito concertando acuerdos, lo que hace parte del juego de la política, los legisladores tampoco pusieron de su parte. En su inmensa mayoría se enquistaron en posiciones que explican por qué el país cada día confía menos en ellos. Ningún cambio estructural se tramitó en estos cuatro años y, en cambio, sí dieron su respaldo al Gobierno en asuntos de menor monta que hoy no tienen un impacto real en la calidad de vida de los colombianos. 

“Ni el Ejecutivo ni el Legislativo fueron capaces de adelantar reformas que reflejaran el sentimiento en las calles luego de tres años de masivas protestas ciudadanas. Impidieron el trámite del acuerdo de Escazú y la reducción de salarios y viáticos de congresistas, que durante la pandemia no utilizaron. De salida, se han condecorado y felicitado por su excelente gestión cuando las encuestas de favorabilidad sugieren que el presidente, los partidos políticos y el Congreso han perdido legitimidad”, advirtió Sergio Guzmán.

Con la posesión del nuevo Congreso y su renovación, que posteriormente irá acompañada del inicio del primer gobierno de izquierda en Colombia, crece la expectativa de si los dirigentes políticos estarán a la altura del país. En estos cuatro años que pasaron se rajaron. Está por verse si el patrón continúa o, sorpresivamente, se revierte.