El Congreso tendrá que explicar cómo armó la lista de aspirantes a la Contraloría

Un nuevo revés ha sufrido el proceso de elección del próximo contralor general. Luego de que la Comisión Accidental del Congreso de la República se reuniera virtualmente el pasado 16 de julio para elaborar por segunda vez la lista de aspirantes a la Contraloría General, atendiendo un fallo de tutela del Tribunal Superior de Medellín, una nueva disposición judicial pone en duda el futuro de la elección. 

Se trata de un auto del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que abre un incidente de desacato en contra de la Comisión Accidental. El 14 de julio, este Tribunal, al igual que el Tribunal Superior de Medellín, determinó que el Congreso debía componer nuevamente la lista de elegibles que publicó a final del mes de abril, basándose en los principios de meritocracia y equidad de género. Aquel listado tenía ocho hombres y solo dos mujeres, y dejó por fuera a aspirantes que habían obtenido puntajes altos en el examen de conocimientos. Otros candidatos, cuyos resultados no eran altos, sí fueron incluidos. Entre esos, el exdirector del Departamento Nacional de Planeación, Luis Alberto Rodríguez; y Anibal Quiroz, hermano del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Aroldo Quiroz. Por lo tanto, el Tribunal ordenó, a través de una medida cautelar, que la Comisión Accidental rehiciera la lista que tuviera en cuenta el equilibrio en la cantidad de hombres y mujeres y las puntuaciones de las pruebas. La orden debía ser cumplida, según señalaba el Tribunal, “en la mayor brevedad posible”.

Coincidencialmente el Tribunal Superior de Medellín también se pronunció en el mismo sentido, con la diferencia de que su orden debía cumplirse en 48 horas, debido a que se trataba de una tutela radicada por una de las aspirantes que no entró en el listado de elegibles de abril. Bajo ese argumento se convocó una sesión extraordinaria de la Comisión Accidental, de dónde salió el listado final compuesto por Andrés Castro, Víctor Salcedo, Luis Carlos Pineda, Carlos Rodríguez, Carlos Pérez, María Fernanda Rangel, Elsa González, Mónica Certain, Karol González y Diana Torres.

La discusión sobre los candidatos dio un nuevo giro a raíz del incidente de desacato que abrió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Dalal Karime Dager, la accionante de la demanda que llevó al Tribunal a dictar la medida cautelar, presentó una solicitud de aclaración sobre la orden impartida a la Comisión Accidental para elaborar una nueva lista. Según Dager, “al momento de elegir los nuevos integrantes de la lista, la Comisión Accidental revaluó los criterios de experiencia y conocimiento ya examinados por parte de la Universidad Industrial de Santander y determinó una regla que no estaba en las normas que rigen el proceso y fue la de ponderar estos dos valores y el resultado determinaría un ‘nuevo puntaje’”. Es decir, en su criterio, la aplicación de la meritocracia y la equidad de género no se solventó con la operación matemática que ejecutó la Comisión para decidir quiénes harían parte de la nueva lista de elegibles. Dager también cuestionó que Juan Carlos Gualdrón y Julio César Cárdenas quedaran por fuera, pese a su buen desempeño en el concurso. Cárdenas era el ungido por el presidente electo, Gustavo Petro, y su descalificación del proceso significó su primer revés desde que ganó las elecciones.

El Tribunal optó por tramitar la solicitud como un desacato al considerar que “lo que se quiere poner en conocimiento de la jurisdicción es el incumplimiento de la orden cautelar”. En consecuencia, dio dos días hábiles al Congreso para responder y justificar su actuación. 

Esta nueva orden judicial significa un traspiés adicional en el ya accidentado proceso para escoger el reemplazo de Felipe Córdoba en el órgano de control fiscal. Y genera, además, una incógnita sobre cuál será el siguiente paso del Congreso dado que el 20 de julio se posesionan nuevos congresistas y la Comisión Accidental que elaboró la lista de elegibles dejará de existir.