Daniel Quintero y su recurrente participación en política

Hasta Washington D.C. viajó Daniel Quintero para solicitarle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la protección de sus derechos políticos. El 11 de mayo, Quintero había sido suspendido provisionalmente de su cargo como alcalde de Medellín por la Procuraduría General de la Nación luego de que publicara un video en sus redes sociales en el que manifestaba indirectamente su apoyo a Gustavo Petro de cara a las elecciones presidenciales. “El cambio en primera”, afirmó en la grabación, refiriéndose claramente a la candidatura del Pacto Histórico, que desde semanas atrás venía empleando la misma frase. Su visita a la capital de Estados Unidos era, en principio, el conducto regular que se debía seguir si buscaba ser reintegrado en su puesto. Sin embargo, no fue necesario que la CIDH se pronunciara porque solo cinco semanas después la Procuraduría levantó la sanción en su contra. 

Posteriormente, en un acto que contradijo sus pronunciamientos apenas fue separado de la Alcaldía, Quintero demostraría que el órgano de control sí tenía la razón sobre su participación en política y que, a pesar de ello, estaba casi que de manos atadas para poder actuar. 

Las semanas durante las que Quintero salió de La Alpujarra fueron suficientes para que en el país se armara un revuelo sobre lo acontecido. Mientras unos sectores calificaban la suspensión como una “persecución política” del Ministerio Público, otros insistían en que el mandatario local había incurrido en una participación en política electoral y, en consecuencia, violó la prohibición que al respecto contiene el Código Único Disciplinario. Ninguna de las dos posiciones podía ser desechada. Por un lado, a muchos alcaldes se les vio apoyando a otros candidatos –como cuando Federico Gutiérrez asistió al Congreso Nacional de Municipios y decenas de alcaldes le pidieron fotos– y no fueron objeto de amonestaciones de parte de la Procuraduría, como sí lo fue Quintero. Y, por otro, la intervención de Quintero en las elecciones era tan evidente que su esposa, Diana Marcela Osorio, acompañó en su recorrido de campaña por Medellín a Verónica Alcocer, la esposa de Gustavo Petro, y varios de sus miembros de gabinete renunciaron para promover la candidatura del líder de izquierda.

La situación tenía todos los ingredientes para generar una discusión mediática. Y a eso se sumaba el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso, precisamente, de Gustavo Petro, en el que determinó que ninguna autoridad administrativa podía separar de sus funciones a personas que fueran electas por voto popular. En otras palabras, la Corte Interamericana había prohibido que instituciones como la Procuraduría impusieran castigos como el que recibió Daniel Quintero.

Los hechos estaban claros, pero el desenlace era incierto. De hecho, aún lo está. Un alcalde cercano a la oposición participó en política, a pesar de que la ley se lo prohíbe, y la Procuraduría le impuso una sanción que contraría las órdenes de un tribunal internacional. El regreso de Quintero a su rol de alcalde diluyó el debate, pero en el país todavía no es claro qué se puede hacer cuando funcionarios electos cometen faltas disciplinarias. La Procuraduría no tiene cómo separarlos de sus cargos –al menos si aspira a respetar lo dicho por la Corte Interamericana–, pero tampoco se pretende que sus infracciones pasen impunes. 

Mientras el equipo de empalme del gobierno electo estudia la posibilidad de presentar una reforma que modifique o acabe con la Procuraduría, Quintero volvió a su quehacer diario en la administración municipal. A sus habituales tareas se añadió su intervención en el conclave del Pacto Histórico que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones Plaza Mayor, del que la Alcaldía de Medellín es uno de sus propietarios, el pasado 11 y 12 de julio. Según reveló El Colombiano, Quintero facilitó el préstamo del lugar y varios de los funcionarios de su gobierno participaron activamente en la logística y organización del evento.

La jornada se inauguró con unas palabras a cargo del senador electo Roy Barreras y, posteriormente, el alcalde de la capital antioqueña tomó la palabra. Su discurso estuvo acompañado de memes de sus adversarios políticos, que proyectó en la pantalla del auditorio, consejos a los miembros del Pacto Histórico sobre cómo gobernar “a pesar de los ataques” y acusaciones al Grupo Empresarial Antioqueño (GEA). 

La asistencia y profunda implicación que Quintero mostró en la convención del partido de gobierno despertó nuevamente las críticas sobre su participación en política. Si bien no hay elecciones a la vista en el corto plazo, el Pacto Histórico no es el movimiento que avaló a Quintero en su aspiración a la Alcaldía –lo hizo a través de Independientes, un grupo significativo que recogió firmas– y muchos se cuestionan si es viable que un alcalde se reúna de esta forma con otras colectividades distintas a la suya.

CAMBIO conversó con Armando Novoa, exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, quien advirtió que la legislación nacional y la presente coyuntura institucional no permite vislumbrar si, en efecto, Quintero está infringiendo alguna norma. 

“Ese es un tema enredado porque el Congreso no ha reglamentado ni expedido una ley que regule la participación de los servidores públicos en política. No estamos hablando de actividades electorales, que es distinto, sino de participación en política. Quintero no está promoviendo un candidato o una candidatura, lo que hizo fue asistir a la convención de un partido”, señaló.

En su criterio, aunque los servidores públicos no pueden participar en política, la decisión de la Corte Interamericana dejó sin dientes a la Procuraduría que, además, dio por finalizada la suspensión que había impuesto al alcalde.

“La discusión gira en torno a si él puede asistir a eventos de ese u otro partido. Ahí hay una zona gris y es una zona que no ha sido regulada de manera explícita a través de una ley. Eso queda a discreción, por ejemplo, de la Procuraduría. Pero ya la Procuraduría levantó la sanción en su caso”, agregó.

Hasta que el Congreso, o el gobierno entrante, no tomen cartas en el asunto, será difícil saber con exactitud qué camino tomar cuando un alcalde, concejal, diputado o gobernador viole la prohibición de participar en política. 

Quintero gozará, seguramente hasta el final de su periodo, de una inmunidad tácita después de que su suspensión causara indignación en todo el país. Es claro que existió un sesgo al momento de sancionarlo, pero también es incuestionable que sí se pronunció en favor de Petro. Sus esfuerzos por hacer sentir como en casa a la bancada del Pacto Histórico durante su conclave de esta semana son la prueba fidedigna. Aunque siempre lo negó, Daniel Quintero sí participó en política. Que la Procuraduría violara sus derechos políticos, esa es otra discusión.