El que miente es Fico

El pasado 23 de mayo, durante el debate presidencial organizado por Semana y El Tiempo, Gustavo Petro le recordó a Federico Gutiérrez que su secretario de Seguridad, Gustavo Villegas, había sido procesado por alianzas ilegales con La Oficina de Envigado. Fico le respondió: “Eso no es cierto. Está libre. Sigues mintiendo, Gustavo, como cosa rara”.

Al día siguiente, en entrevista con Blu Radio, Gutiérrez reiteró que su secretario no había sido condenado por su supuesta relación con La Oficina, sino porque no denunció una extorsión de la que venía siendo víctima la empresa familiar.

La sentencia judicial contra Villegas dice otra cosa.

Villegas fue condenado, en primer lugar, porque entre enero de 2016 y julio de 2017, fecha en la que fue capturado, mientras ostentaba el cargo de secretario de Seguridad de Medellín, concertó con el contratista de la Alcaldía, Mariano Humberto Zea, y con Julio César Perdomo, quien fungía como intermediario de Edinson Rodolfo Rojas y Julián Andrés González, jefes de la organización delincuencial denominada La Oficina, una cita con el fin de promover un supuesto proyecto de sometimiento a la justicia que nunca tuvo autorización presidencial. El fin, supuestamente, era darles a los cabecillas de la estructura el ‘estatus’ de “gestores de paz” a cambio de que ayudaran a Villegas a impulsar sus intereses personales y profesionales.

“El señor Villegas Restrepo tenía el rol de político y promotor, y se encargaba, aprovechando su cargo como secretario de Seguridad de la Alcaldía de Medellín, de coordinar, sin autorización presidencial, ni en el marco legal, reuniones con funcionarios estatales, con el fin de impulsar y fomentar un presunto proyecto de sometimiento a la justicia, que implicaría el otorgamiento del estatus de gestores de paz, conforme el decreto 1175 del 19 de julio de 2016, para los jefes de la mencionada agrupación delictiva”, dice la condena en su contra.

Para concretar ese sometimiento a la justicia, según la condena, Villegas y Zea les ofrecieron a integrantes de La Oficina medios y bienes públicos, al igual que información privilegiada. Incluso –argumentó la Fiscalía en la acusación–, con los acercamientos ilegales a La Oficina, Villegas buscaba mostrar resultados efectivos en materia de seguridad en Medellín, manteniendo bajos los índices de criminalidad.

El ente acusador fue más allá y dijo que Villegas fue conocedor de los homicidios, extorsiones, entre otros delitos, que cometían miembros de la organización y que nunca los denunció.

“El contratista Mariano Zea cumplía la función de emisario en  los diálogos entre los señores Gustavo Villegas y Julio Perdomo, quienes ofrecieron a la cofradía ilegal, medios y bienes públicos, al igual que información privilegiada, para concretar ese sometimiento a la justicia de sus integrantes, con el fin de evitar el cobro de exigencias económicas ilegales que se realizaban a la empresa del señor Gustavo Villegas y obtener un reconocimiento ciudadano en el cumplimiento de sus funciones públicas como secretario de Seguridad, mostrando resultados efectivos, manteniendo bajos los índices de criminalidad, para lo cual, contaba con el apoyo inmediato y constante de los jefes de las diferentes bandas integradas a esa agrupación delincuencial y  alineados bajo las directrices dadas por Julio Perdomo. El señor Gustavo Villegas, tenía conocimiento de las actividades ilícitas que ejecutaban, como el tráfico de estupefacientes, extorsiones, homicidios, entre otras”, dice la sentencia.

Además de los acercamientos ilegales con miembros de La Oficina, y por la cercanía que tuvo con los cabecillas de la organización, Villegas logró que no se le cobraran las denominadas “vacunas” a una empresa de transportes que le prestaba sus servicios a la empresa de alimentos de su familia, Surtialimentos.

“A mediados de noviembre de 2016 retuvieron un vehículo de la empresa de alimentos vinculada a la empresa Alatienda S.A.S, que a su vez, prestaba sus servicios a la empresa Surtialimentos, de propiedad de la familia Villegas y el señor Gustavo Villegas fue objeto directo de exigencias económicas ilegales por la suma de 150.000 pesos, por parte de integrantes de la organización delincuencial que en el barrio Santo Domingo de Medellín a cambio de la devolución del automóvil (…) Villegas solicitó la intermediación de Julio Perdomo, a través de Mariano Zea, para solucionar la situación (…)Julio Perdomo se contactó con Edwin Tapias, quien a su vez ubica al jefe de la agrupación delictiva de Santo Domingo, conocido con el alias el Perro y se logró recuperarlo (el camión) e igualmente, se pactó un compromiso para que se permitiera el paso de los carros de la empresa sin que se hiciera exigencia económica alguna”, dice la condena contra Villegas.

La jueza que lo condenó, Claudia Patricia Vásquez, dijo que la Fiscalía presentó pruebas que muestran que Villegas, a través de Zea y Perdomo, solicitó ayuda a cabecillas de la organización para lograr la entrega de delincuentes; y lo sentenció a una pena de 33 meses de prisión como responsable de los delitos de abuso de autoridad por omisión de denuncia y abuso de función pública.