Gloria Inés Ramírez, una sindicalista ejecutando

Era una tarde gris en Bogotá. Gloria Inés Ramírez se protegía de la lluvia con un paraguas amarillo. A su lado, también evitando mojarse y sosteniendo un ramo de flores, estaba Aída Avella. Las dos líderesas sindicales visitaban la tumba de su compañero Jaime Pardo Leal, quien fue candidato presidencial de la Unión Patriótica en 1986 y murió asesinado un año más tarde en La Mesa, Cundinamarca, mientras se movilizaba en un vehículo con su familia. Las acompañaban cerca de una docena de personas —en su mayoría jóvenes— que respondían enérgicamente a cada una de las consignas de Ramírez, quien es hoy la ministra de Trabajo de Gustavo Petro.

—Hoy estamos aquí en el Cementerio Central, con nuestra candidata a la presidencia, Aída Avella, haciéndole un homenaje a nuestro gran candidato a la presidencia, que fue asesinado con la concurrencia del Estado colombiano, Jaime Pardo Leal. ¡Jaime Pardo Leal!

De inmediato los demás gritaban.

—¡Presente! ¡Presente! ¡Presente!

La escena, que se puede encontrar en YouTube, es del 20 de noviembre de 2013 y retrata, en buena medida, la historia de la izquierda en Colombia. Mientras los que sobrevivieron a la persecución lograron ocupar cargos importantes en el sector público —Ramírez cumplía su segundo periodo consecutivo como senadora del Polo Democrático Alternativo y Avella se perfilaba para aparecer en el tarjetón de las siguientes elecciones presidenciales—, los caídos sirvieron de referentes para las nuevas generaciones y motivaron lo que parecía una eterna y fallida búsqueda del poder. Pero ese sueño inalcanzable se materializó con la victoria de Gustavo Petro en las pasadas elecciones y, en paralelo, despertó el temor de buena parte del país. 

Con su decisión de apuntar a Ramírez como cabeza en el Ministerio de Trabajo, Petro disparó el miedo en sus detractores. Al ingresar el nombre de Gloria Inés Ramírez en un motor de búsqueda se encuentra que nació en Filadelfia, Caldas, tiene 66 años, se licenció en física y matemática, es expresidenta de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y se desempeñó como congresista entre 2006 y 2014. Pero, de su amplia trayectoria, un aspecto puntual salta a la vista de aquellos que no la conocían y es hoy el detonante de alarma alrededor de su nombramiento: Ramírez, desde su juventud, es militante activa y convencida del Partido Comunista. 

El término comunista, vinculado por décadas al conflicto armado y a las dictaduras de Venezuela y Cuba, se ganó a pulso un espacio en la democracia nacional y actualmente ocupa una silla en el gabinete ministerial. No la tiene fácil. En adición al escrutinio que recibirá por la naturaleza de su puesto, Ramírez deberá esforzarse más que sus antecesores si quiere que sus propuestas de reforma sean aceptadas por la ciudadanía. Todo lo que plantee será inmediatamente desvirtuado por sus opositores al recalcarle su ideología y le costará, de igual manera, ganarse la confianza del sector privado, que de entrada desconfía de las intenciones del nuevo gobierno.

Desde el oficialismo no la ven con esa precaución y elogian su ingreso al Ejecutivo.

“La llegada de una mujer como ella a la cartera de Trabajo es una gran posibilidad. La izquierda siempre ha defendido las banderas de los derechos sociales y de la clase trabajadora. Si algo va a hacer Clara Inés es defender los derechos laborales que tenemos los colombianos y colombianas. Y si algo la caracteriza es su capacidad de conciliar y pactar con diferentes sectores para llegar a acuerdos”, aseveró Gloria Flórez, senadora del Pacto Histórico y que conoce a la ministra desde sus inicios en la política.

El positivismo de Flórez, en todo caso, no es generalizado. Las reacciones a las primeras declaraciones de Ramírez a medios de comunicación son prueba de ello. Tan pronto la ministra hizo público su deseo para que los empleadores del país reconozcan a sus trabajadores el pago de horas extras y el recargo nocturno, las críticas no tardaron en aparecer. La discusión —necesaria, claro está— no es tan sencilla como parece. Si bien aparenta ser una proposición sensata que favorecería a millones de colombianos, el impacto económico de su puesta en marcha puede ser nociva para las empresas que, en algunos casos, optarían por despedir empleados ante la incapacidad de reconocerles estos pagos. 

Sin embargo, el grueso del debate se centra en la postura de Ramírez frente a los contratos por prestación de servicios. Esta figura, en principio, tiene lugar cuando se contrata una labor especifica a cambio de unos honorarios y exime al contratante del pago de prestaciones sociales, las cuales corren por cuenta del propio trabajador. En criterio de la ministra, la prestación de servicios ha perjudicado la situación de los trabajadores del país. 

“Vamos a trabajar por una reforma que cambie el sistema de contratación porque precariza y violenta claramente lo que Colombia ha firmado internacionalmente en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Vamos a revisarlas (las leyes) y trabajarlas para que en todo el país nos pongamos de acuerdo y vayamos dignificando y caminando hacia un trabajo decente”, afirmó Ramírez en la emisión del 16 de agosto de Noticias Caracol.

El mismo día, ante los micrófonos de Blu Radio, extendió su explicación y encendió la polémica por lo que muchos percibieron como una posición fundamentalista de su parte.

“Esa forma de contratación laboral va en contravía de lo que es el salario decente (…) vamos a armar una mesa de diálogo social, en donde vamos a avanzar transitoriamente. Yo digo que esto tiene que ser en transición, pero sí tienen que desaparecer. Que un trabajador o una trabajadora sepan que vamos para allá. Y que un empleador sepa que cuando va a generar un trabajo tiene que generarlo con unos mínimos niveles de estabilidad. En vez de poner tres o cuatro (trabajadores) que coloque uno, pero que lo coloque bien”, señaló. Esta última oración la convirtió en blanco de críticas.

Dar un diagnóstico sobre los contratos por prestación de servicios no es fácil. Para contratar bajo esta modalidad, la ley requiere que no exista subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que es una condición necesaria para hablar de una relación laboral. Lo cierto es que valiéndose de esto, y aprovechándose de que les resulta más económico, muchos empleadores celebran contratos por prestación de servicios con sus trabajadores y les exigen como si se tratara de un contrato a término indefinido. Un abuso a todas luces que coincide con otra realidad: muchas personas tienen trabajo gracias a los contratos por prestación de servicios. Si la propuesta de la ministra Ramírez se concretara, es probable que cientos de miles queden a la deriva porque sus empleadores rescindirían el contrato antes de formalizar su relación laboral. El remedio puede ser más gravoso que la enfermedad.

Una investigación adelantada por profesores de la Universidad de Los Andes reveló que, entre 2007 y 2017, la contratación por prestación de servicios en el sector público creció del 20 al 70 por ciento. El estudio, aunque advierte las consecuencias adversas de este aumento, deja en evidencia que su utilización es cada vez más común.

Darío Maldonado, codirector de la Misión de Empleo y profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Los Andes, no está de acuerdo con acabar este tipo de contratación. Reconoce que se dan atropellos por su mal uso, pero, a diferencia de la ministra, insiste en la importancia de mantener la prestación de servicios, ya que facilita que se lleven a cabo encargos de trabajo.

“Quitar estos contratos sería un error absoluto. Hay muchas relaciones de trabajo en las que no están los elementos fundamentales para que haya un contrato de trabajo, es decir, no hay dependencia ni subordinación. En muchas relaciones lo que sucede es que le piden un producto y usted tiene que entregarlo en cuatro meses. Por ejemplo, un prototipo o un documento. Se necesita una forma contractual para eso y que sea distinta a la relación laboral. Si quita los contratos por prestación de servicios va a hacer daño”, aseguró. 

Ramírez se la jugó por mostrar sus intenciones desde el comienzo y quizá calculó la reacción de rechazo que hoy ha generado su propuesta. El tiempo dirá si su estrategia funcionó, pero sin duda no es improvisada. Los dos periodos que estuvo en el Senado, como oposición de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, sin contar los muchos años de lucha sindical y política que vivió con anterioridad, prepararon su carácter para el reto que hoy enfrenta al mando de una cartera que, en esencia, implica lidiar con la insatisfacción generalizada de todos los actores.