La pifiada del Tribunal de Cundinamarca: no eran 14 billones los del CDT sino 18.000 millones
Crédito: Foto ilustración: Yamith Mariño
El fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en primera instancia, resolvió así el caso relacionado con la anulación de tres CDT en los que invirtió un ciudadano en 1989 y que Corficolombiana no le quiso pagar argumentando que los documentos eran falsos. El Tribunal admitió que en el fallo hubo un error aritmético.
Por: Juliana Ramírez
Alejandro González no había terminado las cuentas de qué hacer con los 14 billones de pesos que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó pagarle por un CDT que Corficolombiana nunca quiso pagarle, cuando el mismo despacho, en una nueva providencia, admitió que había incurrido en “un error puramente aritmético” y que la cifra de la indemnización en realidad era miles de millones de pesos menos.
El fallo de 14 billones de pesos, monto similar al recaudo de una reforma tributaria y al patrimonio de la empresa condenada (Corficolombiana), quedó en 18.393 millones de pesos. “Ese error aritmético influyó en el numeral “TERCERO” de la parte resolutiva de esa providencia, pues determinó valor diferente al que corresponde a la indemnización que debe ser pagada a la parte demandante por concepto de intereses moratorios; razón por la cual procede su corrección de oficio”, se precisa en el nuevo fallo, cuya ponente es la magistrada Clara Cecilia Suárez Vargas.
La decisión, en primera instancia, que condenó a la nación y a Corficolombiana por un error judicial en el que se anularon tres CDT de Alejandro González de manera unilateral, hace parte de un pleito de más de 20 años. En 1989 Alejandro González invirtió 175 millones de pesos en tres CDT de Corfivalle, entidad que en su momento le prometió un interés superior a 31 por ciento y que posteriormente se fusionó con Corficolombiana del Grupo Aval.
Cuando González fue a cobrar los CDT, después de 10 años, el pago fue rechazado porque supuestamente ya habían sido cobrados y la empresa aseguraba que dichos documentos eran falsos. Según González, en el proceso Corficolombiana presentó a tres señoras de apellido Jaramillo como propietarias legítimas de los CDT. En un informe de Noticias Uno, las señoras Jaramillo dijeron no tener conocimiento alguno de dichos CDT. Así que el pleito continuó hasta que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la semana pasada, le dio la razón a González y condenó a la nación y a Corficolombiana a pagarle a González la plata que le debían, con todo e intereses de mora.
Inicialmente, según los cálcuIos del fallo, en los diez años (de 1989 a 1999) el capital y los intereses por los CDT se convirtieron en 2.247 millones de pesos y posteriormente se calculó el interés bancario desde 1999 hasta 2022 y ello sumaba 14,4 billones de pesos.
El viernes 11 de noviembre, CAMBIO consultó al magistrado Rodrigo Mazabel, presidente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, quien no dudó en asegurar que debía de haber un error en dicha cifra y que por ello había solicitado aclaración a la sección tercera, donde se había tomado la decisión. Un día después, el error fue corregido.
No obstante, el magistrado Mazabel también advirtió otra irregularidad, y es que el fallo, que condena a la nación y a Corficolombiana, no aclara qué cantidad le corresponde a cada cual. El artículo 140 de la Ley 1437 establece que cuando se condena al Estado y a un particular, se tiene que decir cuánto paga cada uno y no incluir al particular de carácter solidario como ocurrió en este fallo con Corficolombiana.
A través de un comunicado, Corficolombiana había calificado el fallo como arbitrario por la cuantía de la cifra y por desconocer el principio de cosa juzgada. La empresa también relacionó el caso con presunta corrupción. "El ponente original ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el Magistrado Carlos Alberto Vargas Bautista, vinculó oficiosamente a Corficolombiana a este proceso, fue destituido y condenado por corrupción en diferentes procesos judiciales", dice el comunicado.
