Las decisiones de la Corte Constitucional para comenzar el 2023

El año que terminó pasará a la historia como aquel en el que se despenalizó el aborto. En vez de continuar con las tres causales que daban vía libre a la interrupción voluntaria del embarazo –acceso carnal violento, grave malformación del feto y riesgo para la salud de la madre–, se estipuló un plazo dentro del cual se puede acceder al procedimiento sin ningún tipo de represalia legal. Es decir, pasó de ser una posibilidad para un reducido sector a un derecho en cabeza de todas las mujeres siempre y cuando no hayan sobrepasado las 24 semanas de gestación. Protagonizando este avance en términos sociales están los colectivos que impulsaron las demandas de inconstitucionalidad en contra del artículo del Código Penal que tipificaba el aborto como un delito. Pero justo detrás de estas agrupaciones y sus esfuerzos se encuentran los magistrados de la Corte Constitucional, quienes tuvieron que zanjar la polémica en una apretada decisión que requirió la intervención de un conjuez que destrabara la votación.

Y no fue la primera vez que el alto tribunal tuvo que definir un asunto controversial socialmente. El país ha cambiado en múltiples aspectos desde que se expidió la Carta Política en 1991 y la adaptación de los mandatos legales, en más de una ocasión, le ha correspondido a la Corte. Aquellos que no están de acuerdo con sus decisiones –como la que despenalizó el porte de las dosis mínima o la que abrió la puerta para la eutanasia– la acusan de legislar a través de sus sentencias y, en consecuencia, extralimitarse en sus funciones. Sin embargo, sus defensores la consideran una herramienta para el cambio social que cumple con las problemáticas que los legisladores se niegan a abordar.

Entre las principales tareas de la Corte Constitucional están la revisión de tutelas y el estudio de constitucionalidad de las leyes y decretos que profieren el Congreso y el Gobierno, respectivamente. En otras palabras, es un tribunal que se encarga de verificar que no existen vulneraciones a los derechos fundamentales y que las normas no violenten ningún artículo de la Constitución. Es en este último rubro en el que más dará de qué hablar la Corte en 2023.

Tras analizar el calendario que desde ya tienen los magistrados de cara al año entrante, son cuatro los principales temas sobre los que deberán fallar: (i) la reforma a la justicia que tramitó la administración de Iván Duque; (ii) la reforma a la Procuraduría General de la Nación que impulsó la procuradora Margarita Cabello; (iii) la ley de la Paz Total y (iv) la reforma tributaria.

Mientras la atención de los colombianos se posaba sobre las protestas que tuvieron lugar durante el primer semestre de 2021, en el Capitolio Nacional se concretaba en silencio una iniciativa que, entre otras cosas, modificó los requisitos para aspirar a liderar alguno de los órganos de control. El texto aprobado estableció que los candidatos a estos cargos podrán acreditar experiencia en una multiplicidad de áreas como la ciencia política, administración de empresas, administración pública, finanzas, gobierno y economía. Esto permite que personas sin práctica o conocimientos puedan encabezar las ‘ías’ e incluso saltar de una a otra.

Dado que se trata de una ley estatutaria, solo podrá entrar en vigor cuando la Corte Constitucional le otorgue su visto bueno. Los magistrados evaluarán si el cambio en las reglas de juego implica una vulneración de la Constitución o si tiene validez suficiente para empezar a aplicarse.

La Procuraduría será otro de los temas grandes en materia constitucional. Colombia estaba en deuda con la Corte Interamericana de Derechos Humanos después de que esta última ordenara, en 2020, reformar las leyes nacionales para que ninguna autoridad administrativa pudiera separar a funcionarios elegidos por voto popular. En otras palabras, el Ministerio Público se quedaría sin garras para sancionar a concejales, alcaldes, diputados, gobernadores y congresistas.

El mandato de la Corte Interamericana fue producto del fallo adelantado por Gustavo Petro tras la destitución e inhabilidad que le impuso el entonces procurador Alejandro Ordóñez en 2013, cuando el hoy presidente se desempeñaba como alcalde de Bogotá. Nadie tomó cartas en el asunto hasta que la procuradora Cabello presentó ante el Congreso un proyecto que, según ella, resolvería de fondo el limbo en el que se encontraba la Procuraduría. Contrario a lo que prometió, su iniciativa creó más cargos en la entidad, pero no le retiró su capacidad de destituir e inhabilitar políticos que llegaron a sus cargos a través de elecciones. Cabello ha asegurado que la reforma instauró nuevas garantías y más etapas procesales, lo cual es cierto, pero no atendió las órdenes de la sentencia del caso Petro.

“Es muy probable que se caiga. No tiene pies ni cabeza”, aseguró a CAMBIO un funcionario de la Corte Constitucional. Otros dos que trabajan en diferentes despachos confirmaron sus palabras. Diferentes expertos también han reiterado que los esfuerzos de la procuradora no son compatibles con la reforma estructural que necesita el Ministerio Público.

La tercera cuestión que se tratará en la Sala Plena de la Corte es la ley que sustenta la política de Paz Total, promovida desde su posesión por el presidente Petro. La iniciativa busca sentar las bases para que se adelanten diálogos con grupos al margen de la ley con el objetivo de que abandonen la delincuencia y entreguen las armas. No obstante, pese a su loable intención, no ha estado exenta de polémica. La norma aprobada por el Congreso permite que el primer mandatario nombre como gestores de paz –una especie de facilitadores entre la institucionalidad y las organizaciones criminales– a integrantes de organizaciones sociales y humanitarias que estén privados de su libertad. Para muchos constitucionalistas esto podría suponer una vulneración del principio de separación de poderes del Estado ya que el presidente, como cabeza del poder Ejecutivo, podría incurrir en una invasión de las facultades del poder Legislativo, representado por los jueces, quienes son los que determinan si una persona juzgada puede o no abandonar su centro de reclusión.

Por último está el estandarte del Gobierno, la reforma tributaria. El recaudo de 19,7 billones de pesos estaría destinado a financiar los proyectos sociales que el líder del Pacto Histórico prometió durante su campaña. A pesar de esos, por supuestos vicios de forma y contenido, algunos artículos o la totalidad del texto han sido demandados ante la Corte Constitucional. Todavía es muy pronto para saber si estas acciones tendrán éxito, pero sí podrían mermar la cantidad de recursos con la que planea contar la Casa de Nariño de cara a los años venideros.