Una guerra a muerte: así se disputan los grupos ilegales el territorio
Desde que la paz total empezó a implementarse, las cuatro grandes organizaciones ilegales que delinquen en el país han fortalecido su presencia copando otras zonas y atomizándose en nuevas estructuras. ¿Cómo es el reciente mapa de la violencia en Colombia?
Por: Javier Patiño C
Durante más de tres años, el Gobierno del presidente Gustavo Petro le ha apostado a impulsar el proyecto de la paz total, con el objetivo de frenar la violencia y afectar las rentas criminales que se lucran de estos negocios ilícitos. Días después de su posesión, las disidencias de las Farc, la Segunda Marquetalia, el Clan del Golfo y el ELN aceptaron su invitación y empezaron a buscar acercamientos para formalizar una mesa de negociación.
Desde entonces, la estrategia de abrir al mismo tiempo varias mesas de negociación ha transitado un tortuoso camino que ha desencadenado una atomización de las estructuras criminales y, en consecuencia, la conformación de nuevos grupos armados. Hoy, las disidencias de las Farc tienen dos facciones: una comandada por Iván Mordisco, y otra por alias Calarcá. El ELN también se dividió tras la salida de los Comuneros del Sur, que se escindieron del Comando Central. Para completar, en el mes de enero, los cabecillas de los Comandos de Frontera y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico abandonaron la Segunda Marquetalia y conformaron la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.
Este aumento de grupos armados ha supuesto un recrudecimiento del conflicto. Los nuevas estructuras pelean por el dominio del territorio, el control de los cultivos ilícitos, los laboratorios, las rutas del narcotráfico y el tráfico de armas. En esas disputas, la población civil es la más afectada pues es señalada una y otra vez como sospechosa de pertenecer o auxiliar al bando contrario.
El mapa del conflicto armado en Colombia, entonces, se ha reconfigurado. En al menos siete regiones del país ha crecido. Un documento de inteligencia conocido por CAMBIO contabiliza el número de integrantes de estas estructuras y revela un hecho que es llamativo: muchas de las personas registradas no están armadas, sino que forman parte de redes de apoyo que proporcionan suministros a los combatientes, integran sistemas de comunicación, comparten información de inteligencia y realizan labores logísticas para acciones terroristas.
Las cifras lo demuestran: los cuatro grandes grupos armados ilegales que en algún momento iniciaron negociaciones –y dos que aún mantienen acercamientos– suman más de 17.600 integrantes.
Mapa de violencia
El grupo más numeroso es la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), con 6.158 integrantes, de los cuales 3.305 son combatientes. Los restantes 2.853 forman parte de sus redes de apoyo, según reportes de inteligencia que se actualizan semanalmente.
El informe detalla que el ELN tiene injerencia en el 9 por ciento del territorio nacional, opera en 19 departamentos y 184 municipios. Además, mantiene presencia en 2.872 veredas.
En los últimos seis meses, esta guerrilla ha perpetrado más de 200 ataques armados contra la fuerza pública y la población civil, principalmente en Arauca, Cauca, Antioquia, Santander, Nariño, Norte de Santander y Chocó.
El ELN también ha provocado en más de diez ocasiones confinamientos de comunidades enteras, en medio de sus confrontaciones con el Clan del Golfo y con el Estado Mayor Central (EMC), en departamentos como Chocó, Arauca, Cauca, Nariño, Antioquia y Valle del Cauca.
Las divisiones del EMC
El grupo, que a comienzos del Gobierno de Petro era liderado por alias Iván Mordisco, sufrió una fractura interna que dio origen a otra facción, comandada por alias Calarcá, que aún sostiene acercamientos con el Gobierno nacional.
Hoy cuenta con 3.859 integrantes, de los cuales 2.428 son combatientes y 1.431 colaboradores. Tiene presencia en 11 departamentos, de los cuales Cauca es el más afectado, seguido por Nariño, Valle del Cauca, Caquetá, Antioquia, Norte de Santander, Arauca, Huila, Meta, Putumayo, Casanare y Guaviare.
Según inteligencia, han ejecutado más de 300 ataques a la fuerza pública y realizado 36 asonadas durante 2025. Los frentes más beligerantes en Cauca y Valle del Cauca son Jaime Martínez, Carlos Patiño, Dagoberto Ramos y Adán Izquierdo; en Antioquia, el frente 36; en Arauca, el frente 28, y en Putumayo, el Carolina Ramírez
La puerta giratoria del Clan del Golfo
El Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), está en una mesa de negociación desde hace tres meses. El primer avance se produjo en Catar, donde delegados de la organización buscan acuerdos con el Gobierno nacional. Este grupo busca lograr un estatus político para establecer una mesa de negociación que lo libre del sometimiento a la justicia.
“Sus estructuras están dedicadas al control de las rutas de salida de droga hacia Europa, Estados Unidos y Centroamérica, a través de los principales puertos del país”, explicó un investigador de la Policía. Agregó que la organización también busca expandirse hacia la frontera con Venezuela para controlar rutas del narcotráfico y tráfico de armas.
De acuerdo con inteligencia, el Clan del Golfo ha realizado más de 300 acciones que afectaron el orden público en Antioquia, Bolívar, Córdoba, Sucre, La Guajira y Santander.
El dilema de la Segunda Marquetalia
La Segunda Marquetalia está conformada por disidentes de las antiguas Farc que hicieron parte del proceso de paz adelantado por el gobierno de Juan Manuel Santos. Este grupo, creado por el exnegociador Iván Márquez, sufrió una división con la salida de los llamados Comandos de Frontera y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, que decidieron apartarse y abrir canales de diálogo con el Gobierno de Petro.
La Segunda Marquetalia opera principalmente en territorio venezolano. Desde allí coordina acciones contra otras facciones, con el fin de controlar cultivos y zonas de producción de droga.
El analista Pedro Salamanca advierte que estas cifras demuestran el crecimiento de las estructuras armadas, que no solo consolidan poder militar sino también control sobre corredores estratégicos de droga y armas.
El profesor Víctor Mejía coincide: “El Gobierno confió en que los cabecillas de los grupos ilegales iban a cumplir su palabra de apostarle a la paz total, pero lo que hicieron fue fortalecerse con armas y ampliar sus economías ilícitas”.
Zonas en disputa
En la región del San Juan, en el Chocó, el ELN busca desplazar al Clan del Golfo para controlar la frontera con Panamá, un corredor clave para el tráfico de droga hacia el Pacífico y el Atlántico.
En Antioquia y sur de Bolívar, disidencias de las Farc y el ELN se aliaron para enfrentar al Clan del Golfo, disputándose el control de al menos 30 minas de oro. Los combates han generado el desplazamiento de unas 400 familias.
Este panorama se repite en Cauca, Nariño y Valle. En esas regiones, el EMC de Iván Mordisco y el ELN combaten por el control de 30.000 hectáreas de coca y marihuana y de los corredores hacia el Pacífico.
En el último año, los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc en Arauca y Vichada dejaron 200 combatientes muertos por el control de la frontera con Venezuela.
Los choques entre la Segunda Marquetalia, los Comandos de Frontera y el frente Carolina Ramírez se presentan en el Putumayo por el dominio del río Orinoco.
La región del Catatumbo ha sido testigo de los combates entre el frente 33 de las disidencias de las Farc y el ELN por enclaves cocaleros y minas de oro. Ambos usan drones en sus ataques.
En Nariño, la alianza entre el ELN y la Segunda Marquetalia para expulsar al EMC de Iván Mordisco ha propiciado el desplazamiento de 1.500 indígenas del resguardo awá El Sande.
Así mismo, en la Sierra Nevada de Santa Marta, los Pachenca o Conquistadores enfrentan al Clan del Golfo por rutas de salida hacia la alta Guajira.
Finalmente, en el Caquetá, los pobladores sufren extorsiones y reclutamiento forzado por parte de facciones de Mordisco y Calarcá.
Un panorama incierto
El más reciente informe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA reportó que durante 2024 se registraron desplazamientos forzados y confinamientos en departamentos como Antioquia, Arauca, Córdoba, Chocó, Guaviare, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Tolima y Valle del Cauca.
El organismo internacional también alertó sobre el aumento del reclutamiento de menores y el uso de minas antipersona y municiones sin explotar para cercos defensivos.
“Durante el segundo semestre de 2024, a pesar de los esfuerzos de la Política de Paz Total, se observó un fortalecimiento, crecimiento y ampliación del accionar de los grupos armados, con graves afectaciones a la población civil”, explicó Roberto Menéndez, jefe de la MAPP/OEA.
Para Andrés Villamizar, profesor de la Universidad Central: “Los grupos ilegales se han fortalecido en sus zonas de injerencia con más integrantes, incluidos menores, ampliando las rutas de narcotráfico y aumentando las extorsiones”.
En opinión de Felipe Ortiz, experto en conflicto armado, “La expansión de los grupos se debe en parte a la falta de operatividad de la fuerza pública, con equipos dañados o en reparación, lo que impide respuestas rápidas frente a los ataques”.
Por su parte, Pedro Salamanca, analista político asegura que , “la escalada de violencia en varias regiones exige a la fuerza pública una estrategia más efectiva y coordinada para proteger a la población. Sin una presencia estatal legítima y fuerte, los esfuerzos de paz se ven socavados”.
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