Con carné, habitantes cruzan frontera invisible en el Cauca

La red por la vida y los derechos humanos del Cauca alertó a las autoridades sobre la grave situación de violencia, agresiones, asesinatos de líderes y lideresas, que no han cesado en el departamento. 

“Nos encontramos con escepticismo frente a la propuesta de Paz Total del Gobierno colombiano. Los diálogos y el cese al fuego con grupos armados solo se han visto reflejados en el recrudecimiento de la violencia, los asesinatos, atentados y amenazas en toda la geografía caucana”, dice la denuncia en un comunicado de prensa. 

El caso más reconocido ocurrió el pasado 2 de mayo en el municipio de Balboa, donde fue asesinado el líder social y comunitario Diego Fernando Papamija Chilito, miembro de Asocomunal del municipio de Argelia. El hombre era presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento Puerto Rico y fiscal del comité de carreteras. Allí también se han presentado combates entre la columna Carlos Patiño del Estado Mayor Central, de las disidencias de las Farc, e integrantes de la Segunda Marquetalia, que siguen las órdenes de alias Iván Márquez.

El líder indígena se desplazaba hacia el corregimiento Puerto Rico, Cauca, cuando fue interceptado por hombres armados, en el sector la Playa. Lo subieron a un carro y fue llevado hasta el cruce de San Alfonso-Balboa, donde fue asesinado con arma de fuego.

“En horas de la mañana se inician confrontaciones entre grupos armados del ELN y la columna Carlos Patiño de las disidencias de Farc en la vereda El Palmar, municipio de Puerto Rico. Durante el fuego cruzado, y cuando la Guardia Indígena intervenía en verificación de los hechos, fueron heridos tres jóvenes, uno de ellos falleció horas después”, aseguró un líder indígena de la zona.

Según cifras de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), los enfrentamientos han generado el desplazamiento de 1.700 personas de las veredas Los Pinos, Los Picos y Mundo Nuevo, zona rural de Argelia, Cauca, que han tenido que huir no solo para salvar sus vidas, sino por no ser identificados por los grupos en disputa.

Frontera invisible

La Defensoría del Pueblo evidenció en una alerta temprana de 2017 una inminente crisis humanitaria en el llamado triangulo de El Tambo, Patía y Argelia, en el que se preveían enfrentamientos armados entre grupos ilegales por tener el control del sur del Cauca.

“En situación de riesgo están cerca de 20.600 habitantes de la cabecera municipal de Argelia y los corregimientos El Mango, Sinaí, Puerto Rico, El Plateado, Betania y La Emboscada”, advertía la alerta temprana 019 de 2017.

La importancia para los grupos ilegales es tener control de las cerca de 3.000 hectáreas de cultivos de coca, que son el principal sustento para los habitantes de la zona, y manejar el corredor hacia la costa Pacífica.

“Más de 15.000 familias han sido afectadas y más de 20 líderes sociales asesinados que han quedado impunes, aún sabiendo que todo es por la guerra entre los patiños y marquetalianos, ellos son la autoridad”, denunció un habitante que pidió reserva en su nombre. 

Para Daniela, líder campesina en la zona, los muertos se deben a que la gente no cumple con la orden de no pasar la frontera invisible creada entre las dos organizaciones.

Los grupos ilegales han dividido en dos partes el sur del Cauca. Los habitantes del Mango, Sinaí, Puerto Rico y Argelia en la parte superior hacen parte de la zona dominada por integrantes de la Segunda Marquetalia, que han establecido una alianza criminal con el ELN.

Por su parte, los pobladores en los municipios del Plateado, La Emboscada, San Juan de Micay y Honduras, tienen presencia de integrantes de la columna Carlos Patiño del Estado Mayor Central, de las disidencias de las Farc.

Es tal el control que para transitar deben tener un carné especial que es emitido por las mismas organizaciones ilegales. “Este documento es más importante que la cédula, si lo paran a uno, es indispensable estar carnetizado para poder transitar, de lo contrario puede uno terminar ajusticiado”, aseguró un habitante de la zona.

El límite impuesto por las dos organizaciones está ubicado en el corregimiento la Esperanza, en el que ambas organizaciones tienen unas varas para controlar el paso de los vehículos, así como la entrada y salida de personas.

“Hemos conocido casos en que campesinos han pasado al otro lado y por no estar identificados, han sido asesinados y botados al río, al ser señalados de ser colaboradores del grupo enemigo y como advertencia de respetar las reglas”, expresó Daniela.

La ley impuesta por cada organización permite que las personas carnetizadas puedan trabajar en los municipios bajo su poder, moverse sin ningún problema y no pueden ingresar a la zona dominada por el otro grupo ilegal.

“En caso de querer pasar tienen que contar con un permiso de una junta de acción comunal que certifique que lo conoce y se hace responsable de las actividades que realice en los municipios dominado por el grupo contrario”, afirmó un habitante en la zona.

Llamado al Gobierno

Según los habitantes de la región, las autoridades miran hacía otro lado por cumplir lo ordenado por el Gobierno de no realizar operaciones ofensivas contra los integrantes del Estado Mayor Central y de la Segunda Marquetalia.

“Las violaciones contra los derechos humanos se cometen todos los días por los grupos ilegales y el Gobierno no realiza acciones contundentes e inmediatas.  Aquí las autoridades no hacen nada”, dijo la líder campesina. 

Las comunidades denuncian que el Ministerio de Defensa ha realizado varios consejos de seguridad, en los que se anuncia la presencia de más hombres en el sur del departamento para ejercer control en medio de la disputa de las organizaciones criminales.

“El problema es que esos pelotones se demoran en llegar y en muchas ocasiones les da miedo entrar por temor a ser atacados por algunos de los grupos en disputa”, concluyó uno de los habitantes de la zona.