Falsos positivos: Batallón La Popa, detalles de cómo funcionaba desde adentro

Esta semana, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP imputó como máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad a tres mayores generales retirados, dos brigadieres generales y otros 23 oficiales y suboficiales retirados del Ejército.

Estas personas, señaladas de asesinatos y desapariciones forzadas en la costa Caribe colombiana, pertenecieron a 19 unidades tácticas que formaban parte de la I División del Ejército Nacional y, posteriormente, del Comando Conjunto Caribe. Juntas, conformaron una red criminal cuyo propósito era aumentar "artificialmente" las cifras de resultados operacionales, lo que se traduce a los llamados falsos positivos. 

La Sala encontró que, de las 796 muertes reportadas como resultados operacionales entre enero de 2002 y octubre de 2008 por las 19 unidades militares investigadas, 604 fueron ilegales.

¿Cómo se conformó la estructura criminal?

La historia comienza en el Batallón La Popa en 2002, en Valledupar (Cesar), donde, entre enero de ese año y julio de 2005, de las 199 bajas que reportó, 135 fueron ilegítimas.

Al inicio, la organización criminal dentro del batallón tuvo una alianza con los paramilitares, liderada por el entonces comandante Publio Hernán Mejía (a cargo entre 2002 y 2003), donde este grupo ilegal entregó a miembros de la unidad militar personas señaladas de colaborar o pertenecer a las guerrillas, o miembros de la misma organización paramilitar acusados de irregularidades, que fueron presentadas falsamente como resultados operacionales legítimos.

Según la Sala de Reconocimiento de la Verdad, la organización criminal en el batallón operaba bajo una jerarquía y distribuía roles entre sus integrantes, que en un principio fueron asignados por el comandante del batallón en coordinación con miembros de su plana mayor y los paramilitares, y posteriormente por los comandantes de pelotones.

Algunos miembros de la tropa tenían tareas especializadas: ejecutar a las víctimas, establecer los contactos con los paramilitares, participar en actos de simulación de combate, preparar la documentación falsa, conseguir las armas y uniformes, o buscar a las víctimas en otros lugares para trasladarlas.

De acuerdo con la sala, los jefes de las secciones de inteligencia y operaciones, así como los miembros de la plana mayor involucrados, se dedicaban a la planificación de los crímenes. También contribuyeron a la participación de paramilitares en las operaciones y a las órdenes dirigidas a la obtención de resultados ilegítimos. Además, entregaron documentación operacional que encubría los crímenes.

Por su parte, los comandantes de los pelotones y grupos especiales aprovecharon el mando sobre los hombres a su cargo para ordenar la ejecución de las víctimas y realizar tareas para legalizar y ocultar la legitimidad de las muertes.

Así mismo, manipularon la información suministrada en documentos como informes de patrullaje y actas de gasto de munición, intercambiaron armamento con los paramilitares, consiguieron armas que usaron para matar a las víctimas y organizaron a sus hombres para rendir testimonios falsos sobre los hechos.

"A medida que aumentaba la presión y los incentivos por las bajas en combate, el nodo criminal en el Batallón de Artillería No. 2 La Popa se consolidó, automatizando sus operaciones y perfeccionando sus métodos para cumplir con los resultados esperados y exigidos", dice un comunicado de la JEP.

Al principio se intentó engañar a la propia tropa para hacerle creer que las muertes habían sido legales. Sin embargo, los comandantes de pelotón, los oficiales y los soldados se fueron involucrando gradualmente y aceptaron conscientemente las órdenes ilícitas. En algunos casos, se ofrecieron para asesinar a las víctimas, organizar operaciones ficticias o aportar ideas para lograr su cometido.

En 2004, la estructura criminal comenzó a reemplazar a los paramilitares que les proveían víctimas, por reclutadores internos, es decir, uniformados del mismo batallón, encargados de identificar, convencer y trasladar a las víctimas. Posteriormente, en 2005, los grupos especiales tuvieron un papel menor y fueron incluidos desmovilizados que, al querer ser remitidos al Plan de Atención al Desmovilizado del Ministerio de Defensa Nacional (PAHD), actuaron como guías u orientadores de terreno e identificaron a las víctimas como miembros de la guerrilla.

La estructura criminal fue la razón por la cual la JEP imputó a 15 miembros de la fuerza pública en 2021. De ellos, 12 aceptaron su responsabilidad y esperan la imposición de una sanción, mientras que tres, entre ellos el coronel (r) Publio Hernán Mejía, enfrentan un juicio adversarial, en el cual, de ser hallados culpables, se exponen a una pena de hasta 20 años de cárcel.

Así operaba la macroestructura criminal

La Popa no fue la única unidad que participó en la práctica criminal en el norte del país, pues esta también se extendió a otras unidades militares de la Primera y Séptima División del Ejército Nacional con jurisdicción en la costa Caribe colombiana. Esto se debió al "prestigio" obtenido por el batallón por sus falsos resultados operacionales reportados, al sistema de estímulos a las bajas en combate y la creciente presión por resultados.

Así fue como la red criminal se consolidó entre 2006 y 2007 en varias unidades militares. Las operaciones de la macroestructura criminal consistieron en:

• Presiones para obtener bajas en combate, exigiendo resultados operacionales y sancionando a quienes no los presentaran.
• Incentivos y recompensas, otorgando reconocimientos a quienes reportaran más muertes en combate.
• Encubrimiento, mediante la implementación de prácticas para ocultar la ilegalidad de estas acciones, bloquear la actuación de los mecanismos de control y desacreditar las denuncias bajo la narrativa de "guerra jurídica".

La sala encontró que los militares usaban dos modalidades. La primera consistía en que las víctimas eran señaladas falsamente como integrantes o colaboradores de grupos criminales para justificar su asesinato. Eran personas que se encontraban en situaciones de vulnerabilidad debido a su género, edad, pertenencia a pueblos indígenas o condiciones cognitivas especiales. En muchos de los casos, los documentos de estas personas fueron destruidos para impedir su identificación y la entrega digna de sus restos.

Por otro lado, también se ejecutaron integrantes de grupos guerrilleros o colaboradores de las Farc, o de estructuras paramilitares que se encontraban fuera de combate o se habían rendido.

En la segunda modalidad, civiles reclutados por militares, así como soldados y suboficiales vestidos de civil, a través de engaños y falsas promesas de dinero, convencían a las víctimas de trasladarse a lugares alejados de sus hogares, donde finalmente eran asesinadas.

"La coordinación entre miembros del Ejército Nacional y reclutadores civiles alcanzó tal nivel de sofisticación que, en algunas unidades militares, se asignaba a una persona específica en cada municipio bajo su jurisdicción, con la tarea de seleccionar y captar víctimas", dice el comunicado de la JEP.

Se trataba de personas en situación de calle, a quienes se les ofrecía trabajo falso o se las atraía con alimentos, bebidas o drogas. También fueron víctimas vendedoras ambulantes, mototaxistas, jardineros, lavadores de carros, peluqueros, albañiles, pescadores y emboladores. Igualmente, desmovilizados de grupos paramilitares en busca de trabajo, así como jóvenes desempleados que buscaban sustento para sus hogares.