¿Sirve pagar para que se deje de matar en Buenaventura?

Luego del recrudecimiento de la violencia entre Shottas y Espartanos, que amenazan con llevar a la ruina el Laboratorio de Paz, la comunidad ha pedido al Gobierno soluciones efectivas para frenar la violencia en Buenaventura. 

El presidente Gustavo Petro se desplazó hasta la ciudad y, en compañía de la ministra de Educación, Aurora Vergara, anunció la creación de 1.000 cupos en la Universidad del Pacífico, que serán asignados a jóvenes que deseen desmovilizarse de las bandas. A este anuncio, sumó que se les daría un millón de pesos a cada uno para garantizar la manutención de los desmovilizados. 

“Esperábamos un anuncio mucho más contundente ante la oleada de violencia desmedida que hemos estado enfrentando. Esta medida es, sobre todo, insuficiente”, aseguró el profesor Waldor Arias, sociólogo urbano y profesor de la Universidad del Pacífico. Para él, las medidas tendrían que empezar por cumplir las demandas hechas en el paro cívico de hace seis años, que quedaron en el olvido. 

El paro cívico, ocurrido entre mayo y junio de 2017, logró un acuerdo para la creación de una ciudadela hospitalaria, además de la implementación de programas de educación superior en Buenaventura, y la creación de 5.000 nuevas plazas de empleo. Las 31 promesas que se firmaron en esa ocasión han avanzado en un seis por ciento, según el comité del paro.

“No podemos pedirle paz a jóvenes que no saben hacer la paz”

 “Es una medida corta, que seguramente no tendrá mayor impacto ante la problemática tan fuerte que estamos enfrentando en la ciudad desde hace muchos años”, dice Arias.

Para Juan Manuel Torres, coordinador de la oficina regional Pares-Pacífico, la propuesta no tiene en cuenta las dinámicas del conflicto. De acuerdo con sus cálculos, un joven pandillero puede ganarse un salario mínimo en los escaños más bajos de la estructura de la banda. A eso –dice– hay que sumarle la garantía de otros servicios cubiertos: “La comida, la rumba, la ropa, todo eso es adicional. Un muchacho, por más que esté en los puestos más bajos de la estructura, no va a sentir atracción por irse a estudiar sin mayores beneficios”, agrega. 

Para Torres, habría sido mejor proponer empleo, una salida laboral y económica que les brinde tranquilidad. Torres consideró  que, por ejemplo, se podrían implementar soluciones como las de Yumbo, donde las fábricas de ensamblaje han fomentado la economía de la ciudad. Buenaventura podría tener la infraestructura y las salidas para lograrlo. 

Petro aseguró que los incentivos serán para jóvenes que ya pertenezcan a los grupos y que deseen desmovilizarse. María Isabel Hurtado, directora de la corporación Club de lectura Mariposas de Amor –que trabaja con lectores especialmente vulnerables–, dijo que aunque este podría ser un primer paso, la atención educativa debería centrarse en los niños y adolescentes que aún no han sido captados por los grupos: “Ellos aún se pueden salvar y continúan desatendidos. Acá, muchos padres prefieren no enviar a sus hijos al colegio porque los mismos colegios se han convertido en espacios de violencia. Hemos tenido casos de violaciones sexuales a niñas, de niños que salen apuñalados de sus propios colegios. Sin garantías de seguridad, el sistema educativo no puede funcionar como debiera”, aseguró. 

Hurtado propuso que ese subsidio se les otorgue a los pandilleros solo si además se les ofrece acompañamiento psicosocial: “No podemos pedirles paz a jóvenes que no saben hacer la paz. Se requiere que acojan a la familia, al chico, que les den acompañamiento. No se puede únicamente decirles: tome esta plata y vaya a estudiar”. 

Señaló, por ejemplo, que las entidades como el ICBF, la Procuraduría y las secretarías del gobierno local tendrían que hacer una presencia más contundente, con sedes de atención física para que los ciudadanos sepan, al menos, a dónde pueden acudir para recibir atención: “Yo sé que decirlo es más fácil que hacerlo, pero elegimos al presidente para que haga fácil arreglar estas situaciones”.