De la Espriella objetó ley propuesta por el Centro Democrático que protegía requisitos mínimos para ejercer cargos públicos
En una decisión por lo menos extraña, el presidente objetó por 'inconstitucional e inconveniente' una ley que blindaba los requisitos mínimos para llegar a cargos del Estado y que fue escrita por un congresista de la coalición de Gobierno. La devolvió al Capitolio el mandatario que hizo de frenar contratos y depurar nombramientos.
Abelardo de la Espriella estrenó sus facultades legislativas al no firmar una ley que esperaba su sanción presidencial. El proyecto que devolvió al Congreso fue propuesto por Hernán Cadavid, hoy senador por el Centro Democrático y entonces representante, uno de los partidos que, en la recta final de la campaña, llevó a De la Espriella a la Casa de Nariño.
La Ley 056 de 2024 en Cámara y 245 de 2024 en Senado solo esperaba la sanción presidencial. En lugar de firmar la ley que tenía “por objeto condicionar los paramentos para la actualización de las plantas globales de empleo o la disminución individual de criterios mínimos, para acceder a cargos del nivel directivo en el sector público”, el Gobierno la regresó a la Cámara de origen.
En la práctica, ese proyecto buscaba impedir que un gobierno disminuyera “los requisitos habilitantes y como consecuencia, el ejercicio del cargo o un desempeño discordante con los conocimientos técnicos y profesionales necesarios para la prestación del servicio público de calidad”. Cadavid la impulsó en 2024 mirando dos nombramientos de Gustavo Petro que en su momento fueron polémicos: el de Gustavo Bolívar en Prosperidad Social y el de Alexander López Maya en Planeación Nacional. El argumento del proyecto era la meritocracia, según mencionó el congresista en ese entonces.
¿Por qué el Gobierno la devolvió?
Nació en la Cámara en 2024 y pasó por la Comisión Séptima, la que estudia, entre otras cosas, el empleo. Avanzó y superó los cuatro debates, se aprobó en ambas plenarias y llegó al despacho presidencial convertido en ley a la espera de una firma.
En su lugar, el Gobierno invocó los artículos 165, 166, 167 y 200 de la Constitución y devolvió el proyecto a la Cámara para que surta el trámite de la Ley 5 de 1992. La objeción se sostiene en dos motivos, inconstitucionalidad e inconveniencia, y desglosa tres vulneraciones.
La primera, que la ley abre paso a una coadministración judicial prohibida ya que desnaturaliza las competencias de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. La segunda es que invade competencias del Ejecutivo y la reducción del poder reglamentario del presidente sobre los cargos en el nivel directivo. La tercera, que subjetiviza el empleo público y desconoce el debido proceso, la tipicidad y la dosimetría disciplinaria.
El corazón del reparo es lo que el Gobierno nombró como “petrificación legislativa". Según la objeción, una prohibición rígida de no bajar nunca los requisitos amarra al Estado hacia el futuro y le impide al presidente ajustar criterios a las dinámicas de la administración. Una ley, dice el Ejecutivo, no puede despojarse a sí misma de su facultad de reformarse ni cercenar la potestad reglamentaria del jefe de Estado.
Cadavid respondió corto, por medio de su cuenta de X, y calificó la decisión de "desconcertante".
El presidente que frena contratos objeta la ley que los blindaba
De la Espriella construyó el arranque de su mandato sobre la idea de vigilar de cerca la contratación y los nombramientos del Estado. Antes de posesionarse, su equipo de empalme anticorrupción, liderado por el hoy director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Germán Calderón España, pidió congelar la contratación de última hora del Ministerio de la Igualdad que se encuentra en liquidación, con desembolsos por más de 9.000 millones de pesos.
El mismo equipo denunció presuntas irregularidades por 370.000 millones en varias entidades, entre ellas un contrato de la Unidad Nacional de Protección que seguía en marcha pese a estar suspendido por orden judicial, y una filial de Ecopetrol. En el Sena, el director designado por De la Espriella pidió suspender seis procesos publicados en el Secop.
Ya posesionado y en proceso de nombrar las cabezas de varias entidades, el presidente reversó en público el nombramiento de Carlos Sepúlveda en Planeación Nacional, le pidió a la ministra de las TIC revisar de inmediato las hojas de vida de su equipo y frenó la llegada de varios funcionarios con pasado en la administración Petro. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, firmó una circular que congeló nuevas contrataciones y movimientos de personal en su cartera.
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