Equipo de De la Espriella denunció presuntas irregularidades en contratación de entidades del Estado
Nuevas denuncias por parte del equipo encargado para el Empalme Anticorrupción señalan a otras tres entidades de irregularidades contractuales: la Agencia Nacional de Contratación Pública, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Electrohuila.
El equipo encargado por el presidente electo, Abelardo de la Espriella, para el empalme en materia de anticorrupción, radicó unas denuncias ante la Contraloría y la Procuraduría. Según el equipo, en cabeza de Germán Calderón España, también designado por el presidente electo como director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, las denuncias corresponden a presuntas irregularidades en procesos contractuales y administrativos de tres entidades.
El primer caso y el más urgente, según el comunicado publicado en X, corresponde a Colombia Compra Eficiente, la entidad nacional encargada de la contratación pública. La denuncia es sobre un proceso “para la selección de proveedores de ciberseguridad, valorado en cerca de 300.000 millones de pesos”, afirma el comunicado. La adjudicación de ese contrato estaría prevista para el 28 de julio, pero contaría con presuntos pliegos direccionados y estudios de mercado desactualizados.
El ICBF estaría señalado por dos casos distintos, aunque ambos tienen que ver con el convenio que firmó el instituto con la Nueva ESE Hospital Departamental San Francisco de Asís. La primera tendría que ver con la naturaleza del propio convenio, pues el equipo señala que se suscribió “pese a que dicha entidad ya se encontraba bajo vigilancia especial de la Superintendencia Nacional de Salud y presentaba antecedentes de baja ejecución”. La segunda corresponde al propio desarrollo del convenio, ya que se señala que la IPS hizo uso de alimentos no autorizados al presentar fallas en los protocolos alimenticios. También se registraron ausencias del equipo nutricional y médico.
El tercer caso, a pesar de que el equipo no dio más detalles, tiene que ver con Electrohuila, un caso que la Procuraduría ya conoce. Ya existe una “ indagación previa por presunta reforma estatutaria para favorecer la permanencia de la actual gerente de la empresa”, como señala el comunicado.
Estas denuncias se suman a las que ha hecho De la Espriella cuando solicitó ejercer vigilancia vigilancia preventiva sobre varios procesos de contratación —uno de ellos por más de 78.000 millones de pesos— en la Unidad Nacional de Protección (UNP).
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