Una disputa por las rutas del narcotráfico tiene confinadas a cientos de familias en Putumayo

Durante los últimos 40 días, los pobladores de los corregimientos de Mecaya y las inspecciones de policía de Senceya y Yurilla, en Putumayo, viven bajo el temor de caer en los enfrentamientos entre los integrantes del frente Carolina Ramírez, del Estado Mayor Central, y los llamados Comandos de Frontera, de la Segunda Marquetalia.

Ante esta situación humanitaria, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a las autoridades locales y nacionales para ayudar a los pobladores, que son ajenos a las disputas entre los grupos ilegales. 

• La guerra entre las disidencias por el Putumayo
• Masacre en Putumayo: cinco jóvenes mueren por ataque armado en Orito 
• La guerra oculta en Putumayo y Caquetá podría definir el mercado internacional de la coca 

“Habíamos alertado sobre esta situación desde que comenzó, con la restricción de movilidad sobre el río Caquetá, ordenada por uno de los grupos armados ilegales que opera en el sector, y que está afectando a más de 2.500 personas, entre comunidades indígenas y campesinas asentadas sobre las riberas de los ríos Caquetá, Yurilla y Mecaya. Por esa razón solicitamos con urgencia que se abra un corredor humanitario en la zona”, aseguró el defensor del Pueblo Carlos Camargo Assis.

El llamado de la Defensoría, que advierte a las autoridades de la gravedad de este confinamiento en el sector rural de Puerto Leguízamo, se ha presentado en diferentes espacios institucionales, como Subcomités Departamentales y Municipales de Prevención, Protección y Garantías de No Repetición, así como consejos de seguridad.

“Frente a esta situación no hemos encontrado respuesta diligente y oportuna por parte del Gobierno nacional, en este caso, del Ministerio del Interior y la propia Oficina del Alto Comisionado para la Paz. En días pasados, en el Subcomité Departamental de Prevención, Protección y Garantías de No Repetición, el Ministerio del Interior señaló que la Oficina del Alto Comisionado no ha podido atender la situación en Puerto Leguízamo debido a que no cuentan con personal contratado a la fecha”, dijo Camargo Assis.

Para la Defensoría, esta falta de apoyo y de presencia es contraria a la labor que esa dependencia adelanta en otras regiones del país. Hoy la restricción de movilidad continúa en Puerto Leguízamo, y, desde hace dos semanas, en otras zonas rurales del municipio aledaño de Puerto Caicedo.

Desde que a finales del mes de enero empezó esta crisis, varias entidades han propuesto la apertura de corredores humanitarios, tarea que debe realizar la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que puede ejercer diálogo directo con grupos armados ilegales y fijar compromisos por el respeto de la vida de los pobladores.

“Desde la Defensoría del Pueblo, a través de nuestro equipo de la regional Putumayo, hemos venido corroborando la situación con las autoridades municipales, que reconocen las restricciones a la movilidad de sus poblaciones campesinas y étnicas, y seguiremos insistiendo en la necesidad de lograr la garantía de los derechos de las comunidades en esa región del país“, dijo el defensor del Pueblo.