Uchuva-2: entre la urgencia por gas, retrasos regulatorios y una nueva comunidad indígena
El Ministerio de Interior impugnará la decisión de un tribunal de Santa Marta que ordenó la suspensión de actividades en el pozo gasífero Uchuva-2, que según los gremios pone en riesgo la seguridad energética del país. Este no es el único retraso que sufre.
Por: Angélica Gómez
“Estas decisiones arbitrarias, desconociendo 20 años de trabajo serio, pronunciamientos del Ministerio de Interior y un proceso respetuoso de los estándares sociales y ambientales son los que están apagando al país y van en contra de nuestra seguridad y soberanía energética”, dijo Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), al referirse al fallo de un juez en Santa Marta que ordenó la suspensión inmediata de actividades en el pozo costa afuera Uchuva-2 del bloque Tayrona.
El fallo es la respuesta a una demanda de una comunidad indígena conformada en 2022 en el área de influencia de Santa Marta y que demandó las actividades exploratorias de hidrocarburos en el pozo costa afuera pues, según la comunidad, no se les tuvo en cuenta por lo que no se hizo una consulta previa y estas actividades les afectan.
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