Recortar el Estado en Colombia: la promesa de De la Espriella choca con unas cuentas amarradas
El presidente electo Abelardo de la Espriella promete achicar el Estado con recortes de gasto, eliminación de entidades y reducción de nómina. Pero entre un presupuesto altamente inflexible, un déficit creciente y una deuda en máximos, ejecutar ese ajuste será mucho más complejo de lo que sugiere el discurso. ¿Qué tan fácil es alcanzar ese objetivo a corto plazo?
“Eso con nueve o diez ministerios es suficiente. Hay que pasar de 19 a diez”. Ese cálculo, que ha repetido en varias entrevistas el presidente electo Abelardo de la Espriella, da pistas claras de lo que se espera de la nueva administración que llegará a la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto.
El abogado y próximo primer mandatario colombiano ha insistido en varias ocasiones que, al estilo de la ‘motosierra’ del argentino Javier Milei, la estrategia para disminuir el alto déficit que enfrenta el país en sus cuentas públicas es reducir el tamaño del Estado: eliminar entidades, fusionar ministerios y reducir las nóminas del sector público.
“No solo ministerios. Embajadas y consulados, una cantidad de elefantes blancos que no producen sino gasto y burocracia”, respondió De la Espriella hace unos días en una entrevista con el periodista Luis Carlos Vélez, quien le preguntó al entonces candidato y a su fórmula vicepresidencial qué ministerios iban a recortar: “Los obvios. El Ministerio de Igualdad hay que acabarlo, eso no funcionó para nada”, complementó entonces José Manuel Restrepo.
“Consolidar un ‘programa de ajuste fiscal’ que reduzca el tamaño del Estado hasta en una cuarta parte”. Ese es el plan que, al menos en el papel, tiene el nuevo gobierno. El presidente electo ha sido más ambicioso en declaraciones públicas y ha hablado incluso de achicar en 40 por ciento el Estado colombiano. En su documento de ‘Primeras 13 propuestas para reconstruir la Patria Milagro’ se habla de un ajuste inicial de 70 billones de pesos.
Como un libreto bien aprendido, De la Espriella ha repetido en varias entrevistas que “al estado colombiano le sobran más de 700.000 empleos y contratistas” y que se necesita un Estado más pequeño para que sea más funcional. Al suprimir y fusionar entidades, propone De la Espriella, trasladará funciones a los entes territoriales.
Pero en la práctica, reducir el estado no es tan sencillo. El nuevo presidente encontrará varias barreras, más allá de lo burocrático, ante un presupuesto muy inflexible, altas necesidades de financiación y una economía que en los años recientes se ha movido por el impulso del sector público. El recorte puede llegar, pero no será inmediato.
Un presupuesto inflexible
En el mundo económico colombiano es habitual escuchar a los ministros, congresistas de las comisiones económicas y expertos hablar de que casi que nueve de cada diez pesos del presupuesto general “están amarrados”. Lo que esto quiere decir es que nuestro presupuesto tiene gastos que no se pueden mover fácilmente y son difíciles de recortar.
“Hacer un recorte amplio de gasto en Colombia es difícil porque el presupuesto tiene un nivel muy alto de inflexibilidades. Según el MinHacienda, estas superan el 93 por ciento del presupuesto, lo que significa que la mayoría de los recursos ya están comprometidos en obligaciones legales, constitucionales o contractuales, como pensiones, salud, transferencias territoriales, servicio de la deuda y gastos de funcionamiento”, explica Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana.
Según el último reporte de ejecución presupuestal de este año divulgado por MinHacienda, con corte a mayo se había comprometido — firmado contratos— el 46,7 por ciento del presupuesto de 2026 (555,7 billones), lo que equivale a 259,7 billones. Así mismo, al cierre de mayo las obligaciones— los recursos reservados para la ejecución de los compromisos — ya sumaban 187,2 billones, el 33,7 por ciento del presupuesto.
El espacio para un potencial recorte del presupuesto general de este año dependerá de qué tantos recursos queden sin comprometer al término del gobierno Petro.
Pero para 2027 la nueva administración también estará sujeta a un presupuesto hecho a la medida de los programas de la administración actual, que será la encargada de dejar radicado el proyecto de presupuesto general para el próximo año antes de que finalice julio, y según el anteproyecto que ya presentó el Minhacienda, para 2027 el gobierno Petro proyecta un presupuesto por 597 billones de pesos.
Por eso el ajuste fiscal no puede pensarse únicamente como un recorte inmediato de gasto. Salazar explica que en el corto plazo, “el margen de maniobra es limitado y suele recaer sobre la inversión”, que es justamente el componente más flexible.
Pero en el mediano plazo, el país tendría que evaluar jurídicamente cómo desmontar de manera gradual algunas inflexibilidades, mejorar la focalización del gasto y aumentar su eficiencia. “Sin esos cambios, cualquier ajuste será más difícil y probablemente menos sostenible”, dice Salazar.
El profesor de Economía de la Universidad de Los Andes Germán Machado explica que reducir el gasto en Colombia es muy complejo en el corto plazo “porque el diseño institucional hace que la mayoría del gasto no dependa de las decisiones del Gobierno”.
Según Machado, dependiendo de cómo se hagan las cuentas, entre el 70 y el 90 por ciento del presupuesto es inflexible y esos recursos no podrían tocarse a menos que haya cambios legales o constitucionales.
“Lo más grave es que dos de cada tres pesos de incremento en el gasto de funcionamiento se explican solamente por las transferencias constitucionales al Sistema General de Participaciones para las regiones, el pago de pensiones y el aseguramiento en salud. Modificar estos rubros va a ser inevitable, pero requiere reformas constitucionales duras y de alto costo político”, comenta el experto.
Justamente ese es el gran reto del nuevo gobierno. Lograr los consensos necesarios en el Congreso, una tarea que no tendrá fácil el nuevo presidente. El partido político Salvación Nacional, que avaló la candidatura de De la Espriella, solo tiene cuatro curules, por lo que el nuevo presidente deberá buscar apoyos en el Legislativo para pasar algunas de sus reformas al Estado.
“El gobierno de turno puede implementar algunos esfuerzos pequeños de contención del gasto, pero hay otra parte un poco más sofisticada de reformas estructurales que requieren un acuerdo político amplio”, comenta Camilo Pérez, director de Investigaciones Económicas y Análisis de Mercados de Banco de Bogotá.
El analista explica que un tema clave son las transferencias en las finanzas públicas, pues gran parte de esos recursos “crece de manera automática con los presupuestos, con la inflación y fórmulas que son difícilmente modificables, porque son ley”. Eso hace que de alguna manera el aparato estatal crezca de forma automática, y no sea tan sencillo de controlar, o de recortar.
Recortar, ¿pero de dónde?
El nuevo gobierno tendrá el reto de establecer consensos con los distintos actores económicos y políticos para llevar a cabo los ajustes fiscales necesarios que propendan por unas finanzas públicas más sanas.
El centro de estudios económicos Anif ha señalado que si bien “el 81 por ciento del incremento del gasto de financiamiento del último año corresponde a transferencias corrientes de orden legal y constitucional”, el Gobierno tiene espacio para hacer recortes en otros rubros.
Anif presentó esta semana un documento con una serie de propuestas concretas para que la nueva administración ajuste los gastos y los ingresos y estabilizar las finanzas públicas.
“Estimamos que el ajuste fiscal que se debe llevar a cabo en los próximos años es de 3 puntos del PIB (53 billones) y debe combinar medidas de austeridad, reformas a los ingresos y políticas orientadas a reactivar la inversión privada y la actividad productiva”, sugiere Anif.
La receta que propone el centro de pensamiento económico al gobierno de De la Espriella está, en el frente de funcionamiento, reducir el tamaño de la nómina pública mediante congelamiento y eliminación de cargos, limitar el crecimiento salarial del sector público y revisar bonificaciones y esquemas de contratación.
También se plantea disminuir gastos discrecionales de funcionamiento, recortar contratos de prestación de servicios y avanzar en la eliminación gradual de subsidios a los combustibles a través de ajustes en los precios del Acpm y la gasolina. Otra de las sugerencias es revisar la estructura de subsidios y mejorar la focalización del gasto social mediante cruces de bases de datos.
En relación a los gastos de inversión, la propuesta de Anif pasa por reducir los contratos de prestación de servicios, revisar programas con baja ejecución o efectividad, recortar inversión no comprometida en el presupuesto, y eliminar duplicidades y atomización de proyectos.
Las medidas de ajuste propuestas por el centro de estudios económicos podrían ahorrarle al gobierno, por el lado de los gastos de funcionamiento, 0,7 puntos del PIB (14 billones), y por el lado de la inversión 1,4 puntos del PIB (27 billones). Pero, nuevamente, el reto está en los acuerdos políticos y en la gobernabilidad necesaria para implementarlos.
El economista Germán Machado también considera que hay ajustes importantes que podrían sumar incluso 30 billones (1,5 por ciento del PIB).
Machado comenta que desde 2022, el empleo público en la rama Ejecutiva creció “a un ritmo de 21 nuevos cargos diarios y además aumentaron 37.000 contratistas”. Además, cuenta, hay estudios internacionales que demuestran que Colombia malgasta casi una séptima parte de su presupuesto anual en sobrecostos en compras públicas y en colados en subsidios.
“Por eso, el reto fiscal implica auditar el gasto operativo discrecional y reestructurar los subsidios ineficientes”, concluye el economista.
El costo de reducir el Estado
Una de las mayores preocupaciones de muchos ciudadanos al escuchar que se van a reducir entidades, recortar presupuestos y que “sobran” puestos en el Estado es qué pasará con los empleos de miles de funcionarios públicos y con las actividades que dependen de ellos.
El exdirector del Departamento Nacional de Planeación (DNP) Jorge Iván González es tajante, y asegura que aunque la solución “más fácil” en temporada de campaña ante los problemas de gasto público es proponer recortes, en realidad el gasto público no se puede reducir así se quiera.
“A medida que se hace más compleja la sociedad, la demanda de bienes colectivos se intensifica. Los aumentos en la esperanza de vida llevan a que los costos de la salud sean crecientes, los desarrollos científicos exigen mayores inversiones, los retos climáticos se agudizan y la financiación de las guerras desborda todos los presupuestos”, comenta Gónzalez.
Si se miran los datos del PIB de 2025, el sector público aportó 0,9 puntos porcentuales al crecimiento de 2,2 por ciento que registró la economía. Y si se habla de empleos, la rama de administración pública es la que viene liderando la creación de puestos de trabajo en el país en los últimos meses.
El exdirector de Planeación Nacional explica que ese crecimiento estructural del gasto público no es un problema exclusivo de Colombia, y para responder a estas necesidades los países tienen una solución expedita: elevar exponencialmente los niveles de deuda pública.
Frente a la posibilidad de un recorte estatal en el nuevo gobierno, González advierte que si el menor gasto en personal se redirecciona en inversión a sectores como la infraestructura, el efecto multiplicador en la economía puede ser mayor. “Para la economía es mejor un peso del Estado gastado en carreteras que en funcionarios”, asegura el experto.
Una reducción del gasto público generaría una desaceleración temporal en la economía, y la reducción de contratos de prestación de servicios o el congelamiento de vacantes haría que el número de ocupados directos en el Gobierno disminuyera, lo que afectaría los indicadores de empleo.
Sin embargo, el gasto público viene basándose en una deuda que se está convirtiendo en una bomba de tiempo, al punto que cada cuatro pesos que ingresan en impuestos se van al pago de intereses. Por esta razón, es necesario tomar medidas a mediano y largo plazo.
La tarea del gasto público
El gobierno saliente ya ha reconocido que el país tiene unas finanzas críticas. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, informó hace unos días, cuando presentó el Marco Fiscal de Mediano Plazo, que el país tiene un hueco en sus cuentas de 106 billones, porque los ingresos estimados para este año están en 431,7 billones y los gastos en 352,2 billones. Por eso, Ávila aseguró que el nuevo gobierno necesitará una reforma tributaria de por lo menos 30 billones este año para cuadrar las finanzas de 2027.
Bajo ese escenario, el déficit fiscal proyectado para el país este año sería de 5,3 por ciento y un nivel de deuda de 58,9 por ciento del PIB, según las proyecciones oficiales.
El problema, advierten algunos expertos, es que la situación sería más crítica de lo previsto y le puede salir caro al país y al gobierno entrante si no se toman medidas pronto.
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), organismo independiente adscrito al Ministerio de Hacienda, asegura que el escenario que está proyectando Hacienda “es difícil de alcanzar”. Según el Carf, este año el déficit llegaría a 7,4 por ciento del PIB, una situación “claramente insostenible” y la deuda alcanzaría el 61 por ciento del PIB, la más alta de la historia del país.
El Carf asegura que el país necesita aumentar los ingresos o reducir los gastos en 3,7 por ciento del PIB en 2027. Esto es, poco más de 73 billones. Pero el organismo advierte también que, incluso en un escenario en el que Colombia vuelva a cumplir con la regla fiscal, la situación es tan preocupante que la deuda de Colombia mantendría una tendencia alcista hacia 2030.
“Las medidas de ajuste fiscal estructural no dan espera, so pena de que el país enfrente una situación de estrés financiero, con consecuencias económicas potencialmente devastadoras”, advirtió el Carf, que aseguró en su más reciente pronunciamiento que en este punto, “el ajuste deja de ser preventivo y pasa a ser forzado, procíclico y socialmente más costoso, afectando con mayor intensidad a la población vulnerable”.
Esto quiere decir que De la Espriella, Restrepo y quien sea el próximo ministro o ministra de Hacienda necesitan nivelar las cuentas o con una mega reforma o reduciendo los gastos del presupuesto. El nuevo presidente ha prometido una tributaria, pero que rebaje los impuestos a las empresas para dinamizar la economía, pero con las cuentas sobre la mesa, y más allá del papel, puede que la idea de recortar el Estado se demore más de lo que De la Espriella quisiera.
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