Cotización flexible, bonos e incentivos para mipymes: entre las 30 propuestas de los empresarios para combatir la informalidad
Los gremios empresariales agrupados en Aliadas pusieron sobre la mesa una hoja de ruta para enfrentar uno de los principales problemas del mercado laboral colombiano. El Gobierno deberá ahora evaluar qué medidas pueden implementarse y cuáles requerirían cambios legales. ¿Cuál es la receta que sugieren?
En Colombia seis de cada diez trabajadores son informales. Es uno de los grandes problemas del mercado laboral, la gran barrera que impide a muchos acceder a salud y cotizar a pensión, e incluso recibir un salario mínimo. Reducir la informalidad es también uno de los grandes retos para todos los gobiernos. El de Abelardo de la Espriella no es la excepción.
Este martes los representantes de 30 gremios y asociaciones, agrupados en Aliadas, le entregaron al vicepresidente José Manuel Restrepo y a la ministra de Trabajo Natalia López Fuentes, un documento con 30 propuestas para reducir la informalidad en Colombia.
Ante un salón lleno de empresarios, el vicepresidente Restrepo comentó que, más que el estudio en sí, lo más valioso es que el sector público y el privado se estén sentando juntos de nuevo. “Cuánta falta nos hacía esto en los últimos cuatro años de la historia del país”, dijo Restrepo con un mensaje que se vio opacado por los aplausos en el salón.
El vicepresidente resaltó la importancia de trabajar con el sector privado para impulsar la formalidad en el país, bajo dos bases: confianza y certidumbre, dos pilares que según Restrepo son fundamentales para impulsar el desarrollo económico. Entre tanto, la ministra de Trabajo confirmó que a partir de la próxima semana comenzará una serie de mesas de trabajo con los empresarios para revisar el paquete de propuestas.
El problema de la informalidad en Colombia
Aliadas es una alianza de gremios que nació en 2021 y representa a más de 7.000 empresas de todos los sectores económicos, la cual es liderada por María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia). Esta agremiación trabajó el documento que recibió el gobierno junto a la Universidad del Rosario.
Aunque en los últimos meses en Colombia se ha visto una reducción en el desempleo y hay acciones que vienen mejorando, todavía existe una alta informalidad en el país. Lacouture fue clara: tener un trabajo no siempre es sinónimo de progreso y de bienestar. Por eso se necesita trabajar conjuntamente entre empresarios y gobierno para trazar caminos que ayuden a formalizar a los colombianos.
La informalidad es un fenómeno que involucra distintas dimensiones. Se puede entender desde lo productivo, lo legal, lo fiscal o el bienestar de los trabajadores, pero no hay una definición unificada. Por eso Aliadas propone en principio que se establezca una definición global de este concepto.
La ejecutiva gremial reconoció que el país enfrenta retos importantes, como el hecho de que las pequeñas empresas y las medianas son más propensas a ser informales y estas componen el grueso del tejido empresarial.
“La informalidad no le cuesta a todos lo mismo. Para una microempresa que no puede descontar costos laborales del impuesto, contratar formalmente puede costar 45 por ciento más que contratar informalmente”, dijo Lacouture.
La informalidad también presenta otros retos y ‘mitos’ que debe romper el sistema. Aunque intuitivamente se pueda pensar que los asalariados a quienes no les pagan seguridad social están en la informalidad, según cifras recopiladas por Aliadas, son los trabajadores independientes los más informales, en el 82 por ciento de los casos y los no asalariados del sector rural, con una proporción del 94 por ciento.
Otro problema del sistema es que formalizarse no les conviene a todos los trabajadores. Para el asalariado, formalizarse sí paga, pues resulta en prestaciones, protección y una mejor trayectoria laboral, mientras que para muchos independientes, con las reglas actuales, aunque cotice, muchas veces la promesa de protección futura no compensa claramente el costo presente.
Otro fenómeno tiene que ver con que la informalidad es un fenómeno que atraviesa todas las clases sociales. Esto obliga a combinar no sólo incentivos sino también acciones de trazabilidad y control.
Datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares del Dane muestran que el 33 por ciento de los informales están en condición de pobreza, lo que implica un apoyo más focalizado. El 37 por ciento está en condición vulnerable, lo que requiere una transición viable hacia la formalidad, y el 30 por ciento de los informales pertenece a la clase media o alta, un segmento que necesita de mayor trazabilidad y acciones de control inteligente.
“Creemos que realmente sí hay una solución para reducir la informalidad, pero también que se necesita del trabajo público para lograrlo. No solo estamos entregando propuestas sino formas de medirlas, vehículos para implementarlas y herramientas para acercar seguimiento”, dijo Lacouture durante la presentación del documento.
Siete propuestas para iniciar
Aunque el gobierno tiene en sus manos una hoja de ruta con 30 acciones concretas para combatir la informalidad. Aliadas propuso un foco especial en siete de ellas.
La primera propone establecer una cotización proporcional a la modalidad de trabajo que permita que los trabajadores hagan aportes proporcionales al ingreso real y al tiempo efectivamente trabajado para independientes, trabajadores parciales, estudiantes y cuidadores.
Actualmente en el país hay una alternativa de cotización por semanas y reglas parciales, pero para materializar esta propuesta se necesitaría de una ley que modifique la Ley 100 de 1993 y las reglas del Ingreso Base de Cotización (IBC), lo que podría tomar entre seis meses y un año si se presenta como un proyecto corto, o incluso 18 meses si se radica ante el Congreso una reforma más amplia.
La segunda propuesta es reformar el contrato de aprendizaje con una formación dual. La idea, dice Lacouture, es cerrar la puerta de entrada a la informalidad y que los contratos de aprendizaje sean “con propósito educativo, certificación y transición al empleo formal”.
La reforma laboral de Gustavo Petro modificó las condiciones del contrato de aprendizaje del SENA, elevándolo a la categoría de contrato de trabajo formal. Con este cambio, los aprendices dejan de recibir un simple apoyo de sostenimiento para acceder a todas las prestaciones sociales de ley y a una remuneración superior.
Para los empresarios agrupados en Aliadas, debe evaluarse el impacto de este cambio en las condiciones de los contratos sobre los cupos en las empresas y sobre el empleo juvenil.
El tercer punto de la propuesta es la creación de constancias verificable de trabajo independiente y certificaciones express de competencias que le abran las puertas a los jóvenes para tener un empleo formal y complementar su hoja de vida.
Actualmente el Sena ya certifica competencias, pero según Aliadas falta escalar, digitalizar, reconocer experiencia informal y conectarlo con empleadores, algo que se podría solucionar con una serie de decretos y resoluciones que fortalezcan al sistema, lo que podría tomar entre tres y nueve meses en una fase de pilotos y un año si se implementa a escala nacional.
Otra propuesta de los empresarios es que se creen bonos de formalización, con la creación de créditos fiscales diferidos por empleo formal para microempresas que hoy no pueden descontar costos laborales por no pagar renta. “El beneficio tributario no puede ser solo para las grandes empresas” insistió la presidenta de AmCham Colombia.
En la actualidad la deducción de costos laborales beneficia más a firmas que ya pagan renta, pero la propuesta busca corregir ese sesgo en un plazo de 12 meses, si se tramita por medio de una ley tributaria, sin que el Estado tenga que regalar caja inmediatamente.
Las microempresas son las protagonistas de otra de las propuestas que se podrían implementar a corto plazo. La propuesta de Aliadas es que a través de programas de los ministerios, Bancóldex, el Fondo Nacional de Garantías o vía decreto se generen incentivos para este tipo de compañías como vouchers para tecnología, créditos responsables, garantías condicionadas a formalidad y productividad.
Así mismo, y partiendo el régimen simple actual para el pago de impuestos de las empresas, Aliadas propone que se cree un “régimen fácil” con un componente de seguridad social para microempresas e independientes, con tarifa proporcional y subsidio focalizado.
Esta medida requiere que se modifique el estatuto tributario así como la Ley 100 de 1993, por lo que podría tomar entre 12 y 18 meses. El argumento de los empresarios es que podría complementar el régimen de tributación actual.
Finalmente, los empresarios proponen la creación de una ruta de formalización digital que use la infraestructura que ya existe y que conecte temas como facturación electrónica, pagos digitales, marketplaces y Carpeta Ciudadana Digital con registro, trazabilidad de ingresos y cotización.
Los pilotos de esta propuesta serían de los más rápidos de implementar, en alrededor de 180 días a través de decretos y resoluciones de la Dian, la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), los ministerios de Trabajo y TIC, mientras que la interoperabilidad y reglamentación sí podría tomar alrededor de un año.
Más allá de estas propuestas iniciales, el documento incluye otras ideas, como impulsar la economía digital para que las empresas puedan vender en línea, ordenar sus operaciones, entre otras medidas que ayuden a formalizar.
También incluye un contrato especial para el campo, una mesa más amplia y representativa para fijar el salario mínimo, un seguro de desempleo y el programa 'Talento Senior' para facilitar el retiro gradual, permitir cotizaciones flexibles y evitar la discriminación de trabajadores cercanos a jubilarse.
“Ponemos al servicio del gobierno los conocimientos que ya tiene sus gremios aliados para crear una ruta de formalización empresarial”, concluyó Lacouture.
Se espera que en los próximos días la ministra se siente con los gremios a revisar las propuestas y la hoja de ruta que sugiere el sector privado para el mercado laboral. Algunas propuestas se pueden implementar con directrices, circulares y decretos, otras, si las acepta el gobierno, implicarían reformas de corte tributario o laboral. Queda por ver qué tanto querrá trabajar el nuevo gobierno de la mano con el sector privado.
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