¿Es suficiente una ley para formalizar el servicio doméstico?

Desde 2012, cuando el Congreso de la República aprobó la Ley 1595, el Estado ha buscado formalizar los contratos de servicio doméstico, con el ánimo de que las personas dedicadas a esta profesión, calculada en 634.000 personas (95 por ciento mujeres) pueda disfrutar de seguridad social, cotizar a pensión y recibir prima.

La reforma laboral que cursa actualmente en el Congreso también incluye la obligación de que las familias empleadoras paguen lo correspondiente a seguridad social dependiendo de la cantidad de días trabajados al mes y el registro de esos contratos en una base de datos.

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Sin embargo, el avance de la formalización del servicio doméstico ha sido más bien escaso, por la dificultad para hacer cumplir la ley. De hecho, el abogado laboral Jimmy Jiménez explica que el Código Sustantivo del Trabajo siempre se ha incluido la obligación de firmar contratos formales a tiempo indefinido con este tipo de trabajadores. 

Hoy, dice Jiménez, a una empleada o empleado doméstico –en el que se incluyen enfermeras, niñeras, aseadores, etcétera– se le debe pagar, al menos, el salario mínimo o su equivalente diario más el auxilio de transporte: “El salario diario no podrá ser menor a 38.666 pesos, sin incluir el auxilio de transporte diario, que corresponde a 4.686 pesos, dado que el pago por un día de trabajo se encuentra entre los 50.000 pesos y los 70.000 pesos, de acuerdo a la zona del país”. 

Pese a que la norma ya existe, cerca del 80 por ciento de las y los empleados domésticos en el país siguen siendo informales. Es decir, las familias para las que trabajan prefieren pagarles por día, semana o mes pero sin aportar a seguridad social. 

Mariela, una empleada doméstica entrevistada por CAMBIO, cuenta su caso. Mariela no tiene una pensión y sigue trabajando por días como aseadora en casas de familia porque, cuando empezó en el oficio, la familia para la que trabajaba nunca le pagó seguridad social. Por lo tanto, ella no ahorró para su pensión.

Gracias a su clasificación en el Sisben, tiene acceso al sistema de salud subsidiado y aporta solo el 10 por ciento del valor de los procedimientos a los que deba someterse. Pero si requiere una incapacidad, explica, no recibe dinero durante esos días. Además, como su pago es por días, a veces se atrasa en el pago de los servicios públicos. Mariela dice que conoce a otras trabajadoras que se ven a gatas para cumplir también con los costos del transporte, educación y alimentación de sus hijos además del arriendo de su vivienda. 

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Symplifica, una empresa colombiana que desde hace seis años facilita a las familias la formalización de sus empleados domésticos y sus correspondientes pagos a seguridad social, comenta que el 56 por ciento de estas trabajadoras son madres cabeza de familia y tienen en promedio dos personas a cargo. El 32 por ciento tienen entre 40 y 49 años, y el 28 por ciento, entre 50 y 59 años.

En contraste, Perla –otra empleada doméstica consultada por CAMBIO– siempre ha trabajado con contrato formal: le pagan el salario mínimo y las familias para las que trabaja hacen aportes a seguridad social. Esto le ha permitido contar con incapacidades y vacaciones pagas. Más recientemente, sus cesantías le sirvieron como parte de pago para la compra de su propia vivienda. 

Salua García, fundadora de Symplifica, explica que dado que ya existen unas normas en el país para la formalización de este tipo de trabajadores, la reforma laboral podría concentrarse mejor en incentivar que se aproveche ese marco y aumentar la formalización. 

“Hay un tema en la reforma de registro de contratos, que se tendrá que hacer con tecnología. Hay varias formas de verificarlo. Una de ellas es con las planillas de Seguridad Social –la conocida PILA–; también entiendo que se está empujando un tema de inspección laboral en el hogar, que no está en la reforma pero sí es un proyecto que las organizaciones sociales y sindicales de las trabajadoras vienen pidiendo al gobierno”.

En su opinión, hace falta no solo educación sino incentivos para que las familias y los trabajadores registren los contratos. Por un lado, son importantes las campañas de educación sobre las ventajas de la formalización laboral en este segmento: las incapacidades pagas, la protección ante demandas contra la familia, entre otros beneficios.

Por el otro, agrega García, podrían implementarse incentivos tributarios, como han hecho otros países que ya han comprobado su éxito. “Sería muy bueno que la norma generara incentivos en esta dirección, como lo han hecho países como Uruguay y Argentina, donde la formalización es muchísimo más alta por los incentivos que hay para los hogares, por ejemplo, que descuentos en las prestaciones sociales o deducciones en el impuesto de renta a los empleadores”.

En últimas, como es difícil que el Estado concentre su atención en fiscalizar el cumplimiento de la ley, resulta mucho mejor generarles a los contratantes algunas ventajas que impulsen a formalizar los contratos y ganen todos: los empleados domésticos, para beneficiarse de la seguridad social, y las familias, que también se protegen de posibles demandas y ampararse de los riesgos profesionales.