Las maniobras del Gobierno para bajar las tarifas de energía en la costa

El gobierno de Gustavo Petro tiene la idea de asumir, con recursos de la nación, la deuda billonaria que tienen millones de hogares colombianos con las empresas de energía por la llamada opción tarifaria. 

La opción tarifaria es un mecanismo que permite a las empresas que comercializan el servicio de energía moderar los aumentos abruptos que se puedan presentar en las facturas y así facilitar a los usuarios el pago de sus facturas. Entre abril de 2020 y abril de 2022, durante la pandemia, se aplicó esta figura, de modo que los hogares no sintieran todo el peso de los aumentos de precios que estaba experimentando el mercado. 

Sin embargo, eso no fue gratis. La opción tarifaria contempla también que las empresas recuperen esos saldos que dejaron de cobrar de manera paulatina en tarifas posteriores. Y por eso, al día de hoy, las facturas de millones de hogares colombianos siguen pagando ese diferencial. 

Por ese motivo, el presidente Gustavo Petro anunció recientemente, junto al ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, la intención del Gobierno de asumir esa deuda. El presidente también dijo que impartió la orden para que “bajen las tarifas de energía en Colombia” y que se necesita buscar una nueva fórmula para el cálculo de las tarifas de energía para la población. 

“El presidente nos ha pedido verificar muy bien ese proceso de transformación de las fórmulas, pero también nos ha pedido una segunda medida y es que la opción tarifaria, esa deuda que el Gobierno anterior dejó cargada a los hogares, a la gente, especialmente en el Caribe, se convierta en una titularización de deuda para que el Estado se haga cargo y que no sigamos cargando esa injusticia a los hogares del Caribe colombiano”, aseguró en días pasados el ministro Camacho, en un evento en Barranquilla, donde se hicieron los anuncios. 

Esta semana el ministro Camacho visitó nuevamente la ciudad, participó de un comité de seguimiento energético y se reunió con el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, y con otros representantes del sector.   

Camacho reiteró el compromiso del Gobierno para asumir esa deuda y anunció que se reunirá el viernes 31 de mayo con Afinia y Air-e, las empresas comercializadoras de energía en los siete departamentos del Caribe, para revisar cómo se hará la gestión, definir las fechas y mecanismos con que operará la ayuda del gobierno al Estado. 

“Junto al Ministerio de Hacienda y Findeter tenemos ya el vehículo para garantizar que esta deuda que quedó en las familias y hogares del Caribe sea asumida por el gobierno por el Estado”, indicó Camacho. 

En el plan del gobierno está darle prioridad a los estratos 1, 2 y 3. Se estima que la deuda total por la opción tarifaria en el país asciende a los 4,8 billones de pesos, pero Camacho confirmó que comenzarán por asumir una deuda de 2,8 billones. 

¿Y sí hay plata?

Una de las inquietudes que surgió de la propuesta del gobierno es cómo se financiará este auxilio para los hogares, especialmente en la coyuntura fiscal apretada a la que se está enfrentando el Gobierno. 

Sandra Fonseca, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales Energía (Asoenergía) indicó que se debe entender que la denominada opción tarifaria se caracteriza como una deuda de los usuarios y que en el caso de las empresas es "una expectativa de ingresos tarifarios" que están respaldados en planes de inversión que estaban valorados antes del crecimiento que se vio en los precios del servicio de energía eléctrica.  

"En ese sentido, creemos que el gobierno debería calcular con precisión la realidad sobre esta expectativa y reconocerla sobre inversiones realmente realizadas y servicios prestados, cuya contraprestación cumpla con los indicadores de calidad y pérdidas esperadas. Actualmente no se conoce el destino real y efectivo de estos recursos y cual ha sido el real desempeño de los supuestos tarifarios con los cuales se definido inicialmente la señal económica", indicó la dirigente gremial.

Según Fonseca, más allá de algunos anuncios mediáticos, "no se conoce una propuesta fundamentada de cómo se van a definir y ajustar estas expectativas, ni cómo se va a validar su contraprestación, ya que las propuestas actuales se refieren básicamente a más subsidios y no a mejor gestión".  Para la presidente de Asoenergía, la mejor manera de reducir las tarifas es por medio de la materialización de las inversiones comprometidas en toda la cadena, el ajuste de los indexadores de precios, y reconocer pérdidas solo contra mejoras reales en cada mercado.

Por su parte, Camilo Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), calificó por su parte como “positiva” la propuesta del Gobierno, y aseguró que si se asume la opción tarifaria, podría bajar el costo de las facturas en la región Caribe. 

“Es una buena medida que habíamos pedido hace meses. Hoy tengo que aplaudir que el Gobierno hizo caso a lo que le hemos pedido, que pusiera plata y asumiera la opción tarifaria, es la única forma”, indicó Sánchez.

Sin embargo, el presidente de Andesco mencionó que “habrá que ver cómo se va a poner la plata y quién la va a pagar, si será el Ministerio de Hacienda o el Ministerio de Minas y Energía con traslados del Gobierno nacional”. 

Otras alternativas 

Antes de proponer que el pago se hiciera con dineros públicos, el Gobierno tocó puertas con otros actores del sector en busca de soluciones. Hace unas semanas el ministro de Minas envió una carta a los generadores y los responsables de la transmisión con varias propuestas para tratar de reducir los costos. 

El Gobierno propuso cofinanciar el saldo acumulado de la opción tarifaria, y que los generadores y transmisores “otorguen el financiamiento solidario a favor de los usuarios”.  

La idea del Gobierno era que los generadores financien un porcentaje de los componentes de generación, restricciones y pérdidas, elementos que se tiene en cuenta en las facturaciones, y los transmisores hagan lo propio con el componente de transmisión y de pérdidas. De este modo se esperaba cubrir al menos la mitad de la opción tarifaria. 

En respuesta a la propuesta del ministro, la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) envió un documento de 32 páginas en el que expuso una serie de observaciones de carácter jurídico y de conveniencia del sector.  Expresó su preocupación por el cambio en las reglas de juego definidas por ley y aseguró que este tipo de cambios podrían tener impactos en la eficiencia del sector.