Cuando el país pierde confianza, todos pagan: los problemas que trae la rebaja de calificación crediticia para Colombia, las empresas y su gente

En cuestión de días, dos de las tres agencias de calificación crediticia más importantes del mundo le enviaron a Colombia un mensaje contundente: su situación fiscal es grave, y su capacidad para enfrentarla es cada vez más incierta. Primero fue Moody’s, el pasado 25 de junio, al reducir la nota de Baa2 a Baa3, apenas un peldaño por encima de perder el grado de inversión. Luego, el 26 de junio, fue el turno de Standard and Poor’s (S&P), que ya le había quitado a Colombia el grado de inversión, y ahora bajó su calificación de BB+ a BB y mantuvo la perspectiva negativa, lo que implica que el panorama podría empeorar aún más si no se corrigen los desequilibrios fiscales.

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Ambas coincidieron en los motivos: un déficit fiscal creciente, una deuda pública que sigue subiendo, un gasto estatal difícil de recortar y, sobre todo, la falta de decisiones efectivas para corregir el rumbo. Según Moody’s, "el actual gobierno ha optado por suspender la regla fiscal pese a la ausencia de un choque económico", lo cual afecta negativamente la confianza. Por su parte, S&P advirtió que “la perspectiva negativa indica el riesgo de una nueva rebaja en los próximos 18 meses si no se toman medidas oportunas y efectivas”.

La tercera gran calificadora, Fitch Ratings, todavía no se pronuncia de forma definitiva, pero en marzo de este año ya había encendido las alarmas: mantuvo la nota de BB+ pero cambió su perspectiva de estable a negativa, alertando sobre un déficit mayor al esperado y una deuda pública que subió del 53 al 58 por ciento del PIB en apenas un año.

Para muchos ciudadanos, estas rebajas pueden parecer una discusión lejana entre tecnócratas y agencias extranjeras. Pero en realidad, lo que está en juego son cosas muy concretas: cuánto cuesta endeudarse, si las empresas se arriesgan o no a invertir, si el crédito se encarece, si la economía genera o no empleo. En este análisis para CAMBIO, varios expertos y figuras influyentes ayudan a entender por qué le bajan la calificación a Colombia, qué efectos tiene esto para el país, cómo puede afectar a las empresas y también qué implicaciones tiene para la gente común, para sus hogares y para sus bolsillos.

Cuando se pierde la confianza en el Estado: cómo afecta la rebaja a las finanzas del país

En primer lugar, es necesario entender que las decisiones recientes de Moody’s y Standard and Poor’s no fueron una sorpresa para los economistas más atentos, pero sí marcaron un hito en el deterioro de la confianza sobre la salud fiscal de Colombia. El mensaje es claro, aunque viene camuflado en jerga técnica: el país está gastando más de lo que puede sostener, está perdiendo credibilidad y, si no corrige su rumbo fiscal, el costo será cada vez mayor. No es una advertencia menor. Las decisiones de estas agencias afectan directamente la manera como el mundo —y especialmente los inversionistas internacionales— perciben la solvencia del Estado colombiano. Y cuando esa confianza se resquebraja, se encarece todo el sistema de financiamiento sobre el que operan tanto el gobierno como el sector privado.

Para Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, el punto de partida del deterioro está en una cifra que habla por sí sola: según él, el país enfrenta hoy el segundo mayor déficit fiscal en 121 años, solo superado por el del año de la pandemia. A eso se suma la suspensión de la regla fiscal, el marco que limita el gasto del gobierno en relación con los ingresos. Todo ello le envió una señal negativa al mercado. "Las consecuencias ya se están reflejando en el aumento del costo del endeudamiento para la Nación, que hoy paga la segunda tasa de interés real más alta en el mundo, solo superada por la de Brasil. Esto se traduce en un aumento en las tasas de interés para hogares y empresas, disminuyendo el crecimiento de la demanda y retrasando la recuperación del crecimiento económico".

La clave aquí está en la credibilidad. Colombia, históricamente, había sido vista como un país fiscalmente ordenado, prudente, predecible. Eso le permitió mantener acceso a mercados internacionales de deuda con condiciones favorables. Pero, según José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA, lo que las calificadoras están castigando es la ruptura de ese prestigio: "Siento que la crítica más fuerte que hace Moody’s no está centrada únicamente en el aumento de la deuda y el déficit, sino en la pérdida de credibilidad y en el debilitamiento del manejo responsable de la política fiscal". De hecho, señala que el informe de Moody’s incluye un señalamiento explícito sobre cómo se ha roto el récord de disciplina fiscal que había caracterizado al país. Y eso, enfatiza Restrepo, "es muy costoso para el país".

¿Por qué le resulta costoso a Colombia perder su calificación crediticia?

¿Por qué exactamente es costoso para la nación? Esta pérdida de credibilidad tiene efectos estructurales. El primero es el encarecimiento del financiamiento público. Colombia ahora debe pagar más por cada peso o dólar que tome prestado en el futuro. Y esto es relevante porque el Estado necesita, de manera rutinaria, financiar parte de su presupuesto con deuda. "Moody’s señala que, mientras en un país con calificación BB la mediana del gasto en intereses es del 9 por ciento de los ingresos fiscales, en el caso colombiano ese porcentaje fue del 16 por ciento en 2024 y se proyecta que será del 17 por ciento en 2025", advierte Restrepo. Es decir, el Estado está dedicando una parte cada vez más grande del presupuesto solo a pagar intereses.

Para Juan Camilo Restrepo, economista, exministro y columnista de CAMBIO, el riesgo no es solo fiscal: es reputacional. "Estas malas calificaciones le harán perder a los bonos colombianos su condición de activos de inversión y pasan a ser activos especulativos, cuya colocación exigirá que Colombia pague intereses mucho más altos". Esa degradación en la jerarquía de los activos tiene efectos profundos: algunos fondos de inversión, especialmente los institucionales, tienen prohibido por política interna invertir en títulos sin grado de inversión. Así que, si Colombia termina perdiéndolo por completo, esos capitales se verán obligados a salir del país. Y cuando eso ocurre, el dólar sube, la inflación se recalienta y el crédito se endurece.

En esa misma línea, el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo advierte que las consecuencias de la rebaja van más allá del gobierno central, ya que afectan directamente el acceso del país a ciertos inversionistas estratégicos. "Los inversionistas que manejan fondos como pensiones y otros, que tienen que invertir en activos seguros, no podrán comprar bonos colombianos", explica. Esto implica una pérdida de demanda clave para la deuda pública, lo que golpea sectores que dependen del financiamiento externo.

Si no se corrige la tendencia fiscal, la deuda se vuelve insostenible

Pero tal vez el problema más de fondo es que la deuda se vuelve insostenible si no se corrige la tendencia fiscal. Andrés Langebaek, director ejecutivo de estudios económicos del Grupo Bolívar, recuerda que el déficit proyectado para este año ya no es del 5 por ciento, como se había planeado, sino del 7,1 por ciento del PIB. Y la deuda pública como proporción del PIB, que era del 42 por ciento antes de la pandemia, se disparó hasta el 63 por ciento actual. "Esto le resta flexibilidad al gasto público. Es como una persona muy endeudada: una proporción cada vez mayor de sus ingresos se va al pago de intereses, y queda menos dinero para todo lo demás", dice.

Por su parte Felipe Campos, gerente de inversión y estrategia de Alianza Valores, plantea una visión complementaria. Sostiene que el deterioro ya venía descontado por los mercados desde hace al menos dos años. Según Campos, las tasas que paga Colombia por su deuda ya reflejaban esa pérdida de confianza, incluso antes del pronunciamiento de Moody’s o S&P. "El anuncio de las calificadoras solo es una confirmación de lo que los inversionistas concluyeron hace dos años", dice. Pero  una nueva calificación que le quite el grado de inversión al país tendrá consecuencias adicionales, especialmente si lleva a que fondos extranjeros comiencen a vender masivamente papeles colombianos.

"La regla fiscal era insostenible": un diagnóstico desde adentro

Su visión es compartida en cierta medida por Jorge Iván González, ex director del Departamento Nacional de Planeación. quien afirma que la rebaja por parte de Moody’s y S&P era algo previsible: "Las calificadoras de riesgo ya habían expresado su inconformidad con el manejo fiscal. La gota que llenó el vaso fue la suspensión de la regla fiscal".

Sin embargo, a diferencia de otros expertos, González considera que esa regla, tal como estaba diseñada, no podía sostenerse en el contexto actual. "Para mí la regla fiscal era insostenible. Las calificadoras estaban pidiendo medidas imposibles para el gobierno en esta coyuntura”, advirtió. Pese a reconocer la complejidad de la situación, advierte que el efecto inmediato será un aumento del costo de la deuda pública, y que eso traerá consigo una cadena de consecuencias. “Estas mayores obligaciones llevan a reducciones de la inversión y ello afecta el crecimiento”. A mediano plazo, sostiene, el Estado podría verse obligado a buscar nuevos ingresos para cubrir el desequilibrio.

Pero hay un mayor riesgo que preocupa a José Ignacio López, director de ANIF: que el país quede atrapado en un nuevo escalón de calificación por muchos años. "Recuperar el grado de inversión se vuelve más difícil. Probablemente ya estaríamos hablando de al menos diez años para volver a alcanzarlo, y es una tarea que requerirá mucho esfuerzo".

"El precio que estamos pagando los colombianos por el populismo fiscal del Gobierno Petro"

Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda, quien el viernes se retiró de su cátedra en Columbia University para dedicarse de lleno a su candidatura presidencial, es más directo y recuerda que la rebaja de la calificación no es una sorpresa ni una consecuencia externa, sino el resultado directo de una política fiscal irresponsable del Gobierno. "Es una pésima noticia. Esto no está ocurriendo por coincidencia o casualidad. Ocurre porque hay unas causas y las causas tienen que ver con el aumento del gasto público en niveles muy superiores a los ingresos que tiene el Gobierno", afirmó.

Cárdenas denuncia que el Ejecutivo ha priorizado el gasto con fines electorales: "El gobierno ha querido gastar y gastar para tener impacto e influir sobre las elecciones del 2026". Y advierte que esto tiene un alto costo para toda la población: "Es decir, el precio que estamos pagando los colombianos por el populismo fiscal del Gobierno Petro es un precio alto, se nos encarece el financiamiento a todos".

Empresas con menos oxígeno: por qué la rebaja también impacta a los negocios

En eso el exministro tiene razón. Aunque la atención suele centrarse en cómo las rebajas de calificación afectan al Estado y a su deuda, el sector empresarial también sufre impactos concretos, especialmente cuando el país se acerca —como ahora— al umbral de perder por completo el grado de inversión. Las consecuencias van mucho más allá del discurso técnico. Se traducen en créditos más caros, proyectos postergados, menor acceso a capital internacional y una creciente desconfianza externa que puede afectar tanto a grandes conglomerados como a pequeñas y medianas empresas.

El financiamiento podría encarecerse y sería más difícil de conseguir para empresas colombianas

El primero y más directo de esos impactos tiene que ver con el financiamiento. José Antonio Ocampo lo plantea con claridad: "A los empresarios que quieran emitir bonos en el mercado internacional también les afecta porque esos bonos se respaldan en la calificación crediticia del país. Eso impacta directamente su posibilidad de financiamiento". Las empresas que antes podían endeudarse a tasas razonables ahora enfrentan tasas más altas y condiciones más restrictivas.

Esto se agrava porque, como explica el prestigioso filósofo y economista Mauricio Cabrera, columnista de CAMBIO, ninguna empresa puede tener una calificación mejor que la del país donde está domiciliada. Es una regla no escrita pero firmemente establecida en los mercados internacionales: "No solo se encarecerá la deuda del gobierno, sino también la de todas las empresas que emiten deuda en el exterior". De hecho, muchas compañías colombianas que han recurrido a emisiones internacionales de bonos para financiar sus planes de expansión o refinanciar pasivos, ahora tendrán que replantear sus estrategias, o asumir sobrecostos significativos.

Pero los efectos van más allá del mercado de la deuda. El cambio de percepción afecta la manera como se relacionan las empresas colombianas con proveedores y socios internacionales. Carlos Lemoine, fundador del Centro Nacional de Consultoría, advierte que eso también repercute, por ejemplo, en los negocios con el extranjero. "Se vuelven más difíciles de hacer", dice. En otras palabras, la desconfianza se filtra en las relaciones comerciales, lo que puede traducirse en exigencias de garantías adicionales, menores plazos de pago o incluso pérdida de clientes globales.

La devaluación como efecto de la pérdida de credibilidad: un miedo latente

Otra fuente de presión para las empresas tiene que ver con la devaluación. Como señala Cabrera, una eventual salida de capital extranjero —que se materializaría cuando se pierda el grado de inversión— podría generar una subida del dólar, lo que afecta especialmente a empresas que dependen de insumos importados, como muchas del sector agroindustrial, farmacéutico o manufacturero.

En ese contexto, no es solo el gran empresario el que sufre. También las medianas y pequeñas empresas, muchas de las cuales ya enfrentan tasas de interés históricamente altas. Felipe Campos lo explica de forma indirecta: "Los inversionistas ya le han cobrado a Colombia una serie de incertidumbres que se han ido materializando. Y las calificadoras simplemente responden cuando esas incertidumbres ya se volvieron certezas". En otras palabras, los sobrecostos ya están aquí, y lo que falta es ver cuánto duran y a quiénes golpean más fuerte.

Además, el clima general de incertidumbre económica lleva a que muchas empresas frenen sus decisiones de inversión. Andrés Pardo, exviceministro de Hacienda y Head of Latin America Macro Strategy en XP Investments, lo describe así: "La economía se está recuperando, sí, pero podría estarlo haciendo más rápido si no tuviéramos este contexto". Las tasas elevadas, sumadas a un entorno fiscal frágil, desincentivan el crecimiento empresarial, especialmente en sectores intensivos en capital como infraestructura, energía, manufactura o innovación tecnológica.

En ese marco, el impacto de la rebaja no es solo financiero, sino psicológico y estratégico. Las empresas operan en un entorno más incierto, más costoso y con menos incentivos para arriesgar. Algunas aplazarán inversiones. Otras optarán por conservar caja y reducir su exposición. Las más afectadas podrían incluso cerrar operaciones, reducir personal o salir del país.

A largo plazo, como advierte el economista jefe de la región andina del banco de inversión más grande de América Latina, BTG Pactual, Munir Jalil, se corre el riesgo de que el país entre en una espiral difícil de revertir. "Se está mostrando la necesidad de un ajuste que permita enderezar el rumbo, o estas bajadas de nota podrían continuar en un efecto de bola de nieve del cual nadie sale ganando". Y ese riesgo no lo asume solo el Estado: también lo sufren las empresas, especialmente aquellas que no tienen espalda financiera para resistir largos periodos de crédito costoso, insumos más caros y clientes más temerosos.

¿Cómo impacta la calificación del país al ciudadano de a pie?

Finalmente, para muchos colombianos, las noticias sobre rebajas en la calificación crediticia del país pueden parecer un asunto lejano. 'Otra más de esas cosas de la economía que no se entienden', dirán algunos. Pero el impacto no tarda en sentirse en donde más duele: en el bolsillo. Tasas de interés más altas, productos más caros, menos empleo, menos inversión social, más impuestos. Lo que las calificadoras dijeron sobre las cuentas del Estado se traduce, en última instancia, en una economía más costosa y restrictiva para millones de personas.

¿Eso quiere decir que todos los colombianos tenemos que pagar más intereses? El empresario Carlos Lemoine lo responde con un ejemplo claro: "La economía es como el agua: si pone un terrón de azúcar, se endulza toda el agua. Si pone un terrón de desconfianza, se esparce por toda el agua de la economía". En efecto, el encarecimiento del crédito que sufren el Estado y las empresas también lo viven los hogares.

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"La economía es como el agua: si pone un terrón de azúcar, se endulza toda el agua. Si pone un terrón de desconfianza, se esparce por toda el agua de la economía": Carlos Lemoine.

Los créditos de toda la economía se encarecerían

Andrés Pardo lo explica en términos concretos: "Como los títulos del gobierno tienen tasas más altas, eso también afecta el resto de los créditos en la economía. Los préstamos para libre inversión, tarjetas de crédito, compra de electrodomésticos, carros o vivienda, todos tienden a ser más costosos". Esto impacta directamente el consumo de los hogares. Y si el consumo se desacelera, la economía también lo hace.

Aunque el Banco de la República ha empezado a bajar su tasa de interés, los expertos coinciden en que, si no fuera por la incertidumbre fiscal, la rebaja podría haber sido más rápida. El ex ministro José Manuel Restrepo advierte que la situación actual "limita el margen del Banco de la República para reducir las tasas de interés". Eso significa que, aunque la inflación esté cediendo, los alivios tardan más en llegar al ciudadano. Como dice Pardo: "Esta situación mantiene la inflación alta por más tiempo y también ralentiza la recuperación económica".

La devaluación del peso, un problema que también podría impactar a los hogares

Otro frente que golpea directamente a los hogares —al igual que a las empresas— es el de la devaluación del peso, especialmente si se concreta una salida masiva de capitales, como podría ocurrir si Colombia pierde por completo el grado de inversión, lo que todavía no ha ocurrido. Como explicó Mauricio Cabrera, eso haría que muchos fondos de inversión que hoy poseen bonos colombianos tengan que vender y sacar su dinero del país, lo que aumentaría el precio del dólar. Como ya se mencionó, el encarecimiento de la divisa tendría un efecto inmediato sobre el costo de los productos importados por las empresas, que —ante mayores costos— terminarían trasladando parte de esa carga al consumidor final, es decir, a los ciudadanos de a pie.

Ese impacto es particularmente fuerte en productos de consumo masivo y tecnología, pero también en alimentos e insumos agrícolas que dependen de importaciones. "Obviamente eso impactará el costo de los insumos del campo", señaló Lemoine. Y cuando eso ocurre, el efecto rebota en el precio de los alimentos, golpeando especialmente a los hogares más vulnerables.

Además, cuando el gobierno debe pagar más intereses por la deuda pública, eso significa menos plata para inversión social. Como lo advirtió José Manuel Restrepo, "se reduce el espacio fiscal disponible para inversión social, lo que afecta directamente al ciudadano, porque implica menos recursos para salud, educación, infraestructura, cultura o vivienda social". Las prioridades del presupuesto se desvían hacia el servicio de la deuda. Y en un país con desigualdades tan profundas como Colombia, se traduce en más carencias para quienes más necesitan del Estado.

Incluso el empleo puede verse afectado, aunque de forma indirecta. Si las empresas se ven obligadas a frenar inversiones, si el consumo se debilita, si el crédito se vuelve inaccesible para emprendedores y pequeños negocios, la generación de empleo se frena. Lo advertía Juan Camilo Restrepo: "Mayores intereses son factor que atiza la inflación y la generación de empleo".

Por último, varios expertos coinciden en que, si no se hacen ajustes estructurales, el costo político y social podría trasladarse a la gente vía impuestos. "¿Cómo se pagará esta ‘fiesta fiscal’? Con más impuestos o con una reducción del tamaño del Estado. No hay muchas más alternativas", concluye José Manuel Restrepo. Es decir, el deterioro fiscal que hoy castigan las calificadoras terminará, tarde o temprano, recayendo sobre los hombros de los ciudadanos.

No todos los expertos coinciden 

Ahora bien, no todos los expertos coinciden en que el impacto sobre los hogares será inmediato y severo. Para José Antonio Ocampo, por ejemplo, la transmisión de la rebaja al ciudadano común es indirecta y moderada. "No creo que haya un efecto sobre la inflación. Es decir, si eventualmente afectara la tasa de cambio, podría haber algún impacto, pero no se ha visto un efecto significativo en ese frente. Tampoco creo que afecte el empleo de manera directa. El efecto sería muy pequeño", sostiene.

Una mirada similar tiene Mauricio Cabrera, quien insiste en que el efecto más notorio para el ciudadano vendría por el lado del precio del dólar, sobre todo si el país termina perdiendo el grado de inversión por completo. Cabrera insiste en que el efecto no es inmediato. "Hoy en día el precio del dólar está más determinado por factores internacionales que internos", explica. Y aunque reconoce que una eventual devaluación podría afectar la inflación, considera que "ese efecto no sería inmediato ni significativo" y que incluso si la tasa de interés subiera un punto, "eso no debería producir un gran aumento en los precios".

Por ahora, no hay un consenso absoluto entre los expertos sobre la magnitud y la velocidad con la que esta rebaja afectará a cada sector de la sociedad. Lo que sí hay coincidencias importantes: los efectos son latentes, graduales y acumulativos. No llegan como un golpe seco, sino como una presión constante que se cuela por distintas grietas: créditos que no bajan, alimentos que no ceden, empleo que no repunta, inversión que se aplaza. Puede que el impacto no se sienta de inmediato en todos los hogares, pero lo que sí tienen claro todos los economistas es que, si el país no toma decisiones fiscales serias y coherentes, lo que hoy es una advertencia técnica puede convertirse en una realidad que golpeará a millones de colombianos.

CAMBIO intentó contactar a los exministros de Hacienda Ricardo Bonilla y Diego Guevara, así como al actual titular de la cartera, Germán Ávila, para conocer la postura del Gobierno, y los que lo manejaron, frente a este panorama. Sin embargo, no obtuvimos respuesta.