'El Gobierno debería recortar otros 40 billones de pesos del presupuesto 2025': presidente del Comité de la Regla Fiscal

Desde el año pasado suenan varias alertas por la situación financiera del país. Diversos expertos y tanques de pensamiento económico han sugerido que el Gobierno debe apretarse el cinturón y gastar menos, y que las finanzas públicas se están convirtiendo en una bomba de tiempo. 

Una de esas voces es la del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), un organismo técnico e independiente, adscrito al Ministerio de Hacienda, dedicado a analizar el cumplimiento de la regla fiscal, un mecanismo que le indica al Gobierno cuál es su límite de gasto en relación con su nivel de ingresos.

CAMBIO conversó con Astrid Martínez, presidente del Carf, quien habló sobre los riesgos que tiene el Gobierno este año, la importancia de seguir ajustando los gastos y los problemas por el bajo recaudo de impuestos. 

CAMBIO: El Carf emitió un comunicado recientemente en el que alertaba que el déficit fiscal de 2024 superará la meta que tenía el Gobierno en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. ¿Cuáles son los riesgos de un déficit fiscal más alto? 

Astrid Martínez: Estamos pendientes de hacer un pronunciamiento oficial, que haremos cuando conozcamos las cifras del Plan Financiero que está por presentar el Ministerio de Hacienda. Lo que publicamos fue un comunicado y nos basamos en varias fuentes, unas públicas y otras proyecciones que hacemos con base a los datos que observamos en noviembre de 2024. 

Lo que vemos frente al déficit fiscal es que los ingresos, a noviembre de 2024, estaban por debajo de lo que se había proyectado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo que presentó el Gobierno en junio pasado. Eran del orden de 248,8 billones de pesos, 10,8 billones por debajo de esa proyección. Eso es una primera señal de alerta. El gasto primario del Gobierno nacional central, que hace parte de la medición de la regla fiscal, está también más alto. Es decir, tenemos ingresos por debajo de los proyectados, y gastos más altos de los proyectados. Por eso veríamos un déficit fiscal más alto que el proyectado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. 

CAMBIO: ¿Qué problemas representa ese descuadre fiscal? ¿Cómo afectan esos resultados del año pasado las finanzas públicas de este año que está comenzando? 

A.M.: El recaudo no se comportó como estaba previsto el año pasado, y justamente el recaudo de impuestos de 2024 es una de las bases para la proyección del presupuesto de 2025. La meta de recaudo no se cumplió, y como el proyecto del presupuesto se presentó el año pasado, hay que corregir esa base de recaudo con la que se calculó el presupuesto de este año, y consideramos que esa corrección es por lo menos de 17 billones de pesos.

Eso explica por qué pensamos que tiene que haber un recorte mayor a los 12 billones que fueron anunciados por el Gobierno, y sumar 40 billones adicionales al recorte del presupuesto, porque hay otro elemento que explica esa diferencia de la que estamos hablando, que son las proyecciones de gestión de la Dian. 

CAMBIO: ¿Considera que el Gobierno fue muy optimista con sus proyecciones de ingresos? 

A.M.: Nosotros no usamos adjetivos. No podemos decir si es optimista o pesimista. En las reuniones entre el Ministerio de Hacienda y la Dian, esta hace sus afirmaciones de cuánto es capaz de recaudar en vista de que se le han asignado recursos adicionales para tener una mayor planta de personal y mejorar sus esfuerzos en contra de la evasión y la elusión de impuestos, que, si se llega a concretar, sería una fuente muy importante de recaudo. Nosotros hicimos unos comentarios que califican de ‘inciertos’ los pronósticos que se estaban incluyendo en el plan financiero a principios de 2024. 

CAMBIO: El Gobierno había radicado inicialmente un presupuesto por 523 billones para 2025, pero tuvo que hacer un recorte por 12 billones porque no logró pasar la tributaria a finales del año pasado. El Carf habla de la necesidad de recortar otros 40 billones. ¿Cómo se puede financiar ese plan para este año? 

A.M.: Con el proyecto de presupuesto que se presentó el año pasado ya se hizo lo que estaba previsto en los procedimientos legales. Había un desfinanciamiento o una diferencia de 12 billones de pesos, y por eso el Gobierno presentó una ley de financiamiento en 2024 y no la llamó ‘reforma tributaria’. Como no se aprobó ese proyecto de ley, el Gobierno tuvo que publicar un presupuesto desbalanceado, y a principios de este año emitió un decreto de aplazamiento de gastos por 12 billones. Todavía no se ha oficializado ese monto como recorte y lo deseable es que se haga. 

El Gobierno dice, con algo de razón, que hay supuestos y en la medida en que le vaya bien al recaudo y se cumplan o no esos supuestos, puede que sí proceda con el recorte. Esa es la mecánica y por eso tampoco podemos asegurar si se va a cumplir o no la regla fiscal, sino que podemos alertar que no se cumpliría si no se hacen ciertos ajustes. 

Si el Gobierno necesita elevar los ingresos, puede llevar una propuesta al Congreso y compartir con el público esa necesidad de reducir el desbalance fiscal que se tiene. La otra manera de financiar eso, alternativamente, es con más deuda, pero ya tenemos un nivel de deuda alto. Ese es un recurso adicional que siempre se tiene disponible y al que se puede recurrir, pero en la medida en que nos vayamos menos por el lado de la deuda y hagamos un esfuerzo fiscal propio, las necesidades de financiamiento se reducen y hay menos presiones. 

CAMBIO: Con las proyecciones actuales que ustedes tienen, ¿estamos incumpliendo la regla fiscal? 

A.M.: Para 2024 hay una discusión técnica con relación a una figura que se llama transacciones de una única vez, que tiene unos requisitos y se relaciona con situaciones que ocurren por una única vez tanto por los ingresos como por el lado de los gastos, y no los afecta estructuralmente. 

Hay un tema algo técnico, pero esencial, y es que la regla fiscal parte de una lógica en que los gastos estructurales estén financiados con ingresos estructurales, que sean continuos y garanticen la sostenibilidad de las finanzas públicas. El concepto del Carf es que hay muchas cosas que no pertenecen a esa categoría y no todo el valor de esas transacciones de única vez que presentó el Ministerio de Hacienda son transacciones de única vez y, por tanto, no se pueden restar al balance primario neto estructural, que es nuestro parámetro.

Nosotros dimos un concepto negativo no vinculante que se llevó al Confis, que es el Consejo Superior de Política Fiscal. El Confis no tomó en cuenta lo que dijo el Carf sino lo que dijo Minhacienda, y consideró que sí son transacciones de una única vez. Hacia mitad de año, el Gobierno presenta un informe al Congreso de la República en el que dice, respecto al año anterior, si se cumplió o no la regla fiscal y en ese momento el Carf se pronunciará públicamente sobre si se cumplió o no la regla fiscal y las razones puntuales por las que, para nosotros, no se estaría cumpliendo la regla, aunque en las cuentas públicas sí se estaría cumpliendo. Deben surtirse todos estos pasos porque es una discusión técnica.  

Y para 2025 decimos lo siguiente: para cumplir la regla fiscal hay que incrementar los ingresos o reducir el gasto. Sencillo. 

CAMBIO: ¿Considera que el Gobierno está haciendo un buen manejo de ese balance entre ingresos y gastos? 

A.M.: No nos corresponde calificar la gestión del Gobierno. No tenemos ni la competencia ni toda la información para revisar renglón por renglón como están gestionando. Nos consta el esfuerzo del Ministerio de Hacienda con el cumplimiento de la regla fiscal y su compromiso con el de las finanzas públicas. Es algo que ha reconocido también el mercado. 

Más que el detalle de cada rubro, lo que miramos es una serie de acciones agregadas que se traducen en un resultado. Sabemos que somos escuchados por el Ministerio y nos comparten información de cómo van las cosas, aunque sí nos gustaría tener más discriminados los gastos de funcionamiento y de inversión para ver impactos en el crecimiento, que es la variable central que garantiza la sostenibilidad de las finanzas públicas. Somos una entidad técnica y no nos corresponde decir si lo están haciendo bien o mal.