Crece el riesgo de un apagón financiero: las cuentas sin saldar golpean a las empresas de energía

“Estamos cerca de un apagón financiero”: la frase se ha vuelto cada vez más recurrente en los últimos meses en el sector energético colombiano. Generadores, distribuidores y comercializadores de energía están preocupados por la situación financiera del sector, que se ha convertido en una especie de bomba de tiempo y que, si no se controla, podría terminar en un apagón de verdad. 

En los primeros días de enero de este año, mientras muchos colombianos disfrutaban con su familia tras las fiestas de fin de año, más de 40.000 ciudadanos de Puerto Carreño, la capital de Vichada, se quedaron sin luz por más de 24 horas. 

Electrovichada, encargada de prestar el servicio en el departamento, tuvo que dejar de suministrar electricidad por más de un día porque, según la empresa, presenta problemas financieros desde el año pasado causados por la demora en los giros que debe hacer el Gobierno para pagar los subsidios que reciben los usuarios de estratos 1, 2 y 3, y que los comercializadores de energía asumen mientras la administración nacional les gira. 

Lo de Puerto Carreño es la materialización de una crisis que no solo afecta a esa empresa sino a todo el sector, al que se le juntaron, como una serie de eventos desafortunados, varios problemas que hoy le dejan un déficit de alrededor de 7,4 billones de pesos para las empresas que comercializan la energía que reciben los usuarios. 

Las deudas con las empresas de la energía 

El sector de energía funciona como una cadena: los distribuidores compran energía a los generadores y los comercializadores les entregan esa energía a los usuarios. Dentro de esa estructura, los comercializadores suelen estar integrados con los distribuidores.

Cifras recopiladas por la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis) dan cuenta de cuatro grandes saldos que están golpeando el funcionamiento del sector. A febrero, había un saldo por recuperar cercano a 7,4 billones e pesos, de los cuales 3,1 billones son deuda de la opción tarifaria, 2,7 billones por subsidios, 1,2 billones por la deuda de los usuarios oficiales y 400.000 millones de otros conceptos. 

La opción tarifaria 

El primer 'hueco' en las finanzas de los comercializadores, y el más grande en la actualidad, es la opción tarifaria, que asciende a 3,1 billones de pesos. Este es un mecanismo que se inventó por medio de la ley 142 de 1994, como una herramienta para que, ante una eventual coyuntura compleja, los usuarios no asumieran los incrementos de sus facturas, sino que los pagaran después. 

La pandemia fue el escenario propicio para hacer uso de esta figura. En 2020 se activó el mecanismo. Sin embargo, esa deuda creció tanto, que en algún momento llegó a acumular 5 billones de pesos, lo que hizo muy complejo transferirla de nuevo a los usuarios. En mayo del año pasado, el presidente Petro anunció que el Gobierno asumiría el costo de la opción tarifaria a través del presupuesto nacional. En un escenario de finanzas públicas estrechas, el Gobierno intentó conseguir los recursos de la opción tarifaria por medio de la reforma tributaria que se cayó a finales del año pasado, de modo que tampoco pudo cumplir con esa promesa. 

Ahora, el Gobierno tiene otra idea. "Los que más tienen, más deberían pagar. Son ideas en borrador: la he dejado ahí para que podamos conversar sobre el tema, pero pudiese ser los estratos 4, 5 y 6, el industrial y el comercial. (...) En un largo plazo de 10 años u ocho años: habrá que revisar los números y cifras para que se pueda asumir lo de los estratos 1, 2 y 3", propuso el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, hace unos días. 

El lío de los subsidios

Otro gran problema del sector es una deuda por 2,7 billones de pesos por cuenta de los subsidios que el Gobierno no ha girado a las empresas. En el país hay cerca de 40 millones de colombianos que viven en estratos 1,2 y 3, lo que representa 13,2 millones de hogares que reciben subsidios en sus facturas de la energía. 

El estrato 1 recibe un subsidio de hasta 60 por ciento del consumo, el estrato 2 el 50 por ciento y, el estrato 3, el 15 por ciento. Aunque los estratos 5 y 6 hacen un aporte en sus facturas, esto no alcanza a cubrir del todo el subsidio, por lo que el Gobierno asume la diferencia, que es aproximadamente 300.000 millones de pesos al mes. Históricamente, las empresas comercializadoras han financiado este subsidio, y luego el Gobierno les gira este monto. 

El problema es que el año pasado comenzaron a atrasarse los pagos, al punto de que, según el sector, se represaron nueve meses de subsidios. “Hoy, el corazón y el foco de la crisis son los subsidios. Las empresas hemos entregado, a corte de febrero de este año, recursos por el orden de 2,7 billones de pesos para subsidiar el servicio de energía a las personas que viven en estratos 1, 2 y 3”, le dijo a CAMBIO José Camilo Manzur, presidente de Asocodis. 

El pasado 12 de marzo, el ministro Palma aseguró en declaraciones públicas que el exministro de Hacienda, Diego Guevara, se había reunido con todas las comercializadoras y se comprometió con un plan de pago para que el Gobierno se ponga al día con los subsidios de energía que les adeuda a estas empresas, y se comprometió a comenzar a avanzar con esos pagos. 

Los usuarios oficiales y otras deudas 

Para sumarle más presión al sector, hay otra cartera morosa que está golpeando a las empresas que prestan el servicio eléctrico: los usuarios oficiales, que son entidades como los acueductos, alumbrados públicos, establecimientos de salud, centros educativos, penitenciarios, comandos de policía, aeropuertos, entre otros. Estas instituciones y servicios estatales en muchos casos le deben ya a las empresas 1,2 billones de pesos. 

A inicios de año, la Procuraduría General de la Nación emitió una circular, la 005 de 2025, con la que hizo un llamado a los usuarios oficiales para que paguen lo que deben y les recordó que hacerlo es una obligación legal y que incumplir puede acarrearles sanciones de ley. El problema es que detrás de esta deuda hay muchas entidades, de diferentes municipios y ciudades, que le deben al menos a 23 empresas del sector, lo que hace difícil manejar esta deuda. 

El último saldo es de 400.000 millones de pesos. Estos corresponden a la diferencia entre los precios de bolsa a los que compran los generadores y el valor que terminan pagando los usuarios, pues las fluctuaciones en el precio no se trasladan de manera inmediata. Aunque esta es una dinámica natural del mercado eléctrico, si se suma a las otras tres grandes deudas, es como una cereza del pastel. 

El problema de saldar una deuda billonaria

“El riesgo que existe hoy se puede comparar con el que existía en 2016, cuando el país casi entra en un racionamiento por el Fenómeno de El Niño. Lo curioso de este caso es que no nos vamos a quedar sin energía por falta de energía sino por las deudas. Es un riesgo real que está sobre la mesa, no es pánico”, aseguró a este medio Daniela Mercado, abogada y experta en el sector energético. 

Para Mercado, en el tema de los subsidios quien debe responsabilizarse es el Estado, porque en el último año y medio quienes han estado asumiendo esto han sido las empresas comercializadoras, que no pueden seguir haciéndolo, porque no es su responsabilidad. 

Pero con la opción tarifaria pasa algo distinto, según la experta: “En ese escenario quienes son los responsables sí son los usuarios, no el Estado, pero no es tan sencillo porque la deuda creció mucho, también lo hizo la inflación y sería poco conveniente para cualquier gobierno subir el precio de la energía para los estratos 1, 2, 3 y 4. No es una buena estrategia políticamente”. 

La abogada señala, además, que la idea del ministro de que sean solo los estratos altos los que paguen esto podría ser difícil de aplicar por temas jurídicos. “En teoría, es algo justo si se toma en cuenta que las personas de estos estratos suelen ser de mayores ingresos, pero varios abogados han señalado que tomar esa decisión sería como crear un impuesto adicional solo para un grupo, y eso debe hacerse por ley, porque si se toma esa decisión, la Corte lo puede tumbar, de modo que hay que repartir la deuda entre todos los usuarios”, dijo. 

Pero para el sector, el foco del Gobierno debería ser en principio los subsidios. “Hoy es mucho más urgente el tema de subsidios, y es más importante que la opción tarifaria. Por eso le hemos pedido que al Gobierno que le dé prioridad a esto”, dijo el presidente de Asocodis, quien argumentó que en el caso de la opción tarifaria hay un esquema de recuperación, pero en subsidios no.

Según Manzur, mientras cada mes la deuda aumenta en montos de 300.000 millones, los abonos del Gobierno no están bajando esa deuda al mismo ritmo. Todo esto lleva a una disyuntiva entre cumplir con el pago a los generadores o financiar los subsidios.

“Es una situación crítica que nos puede llevar a algunas empresas a no poder seguir prestando los servicios y que terminen siendo intervenidas por el Estado. Por eso, esta es la prioridad ahora”, dijo. 

La promesa incumplida: ¿en qué van las deudas? 

Hace dos semanas, dos días después de las declaraciones del ministro Palma sobre los compromisos de pago del Gobierno, los seis gremios que conforman el comité intergremial de energía y gas enviaron una carta al Ministerio de Hacienda y al de Minas y Energía. En ella le pidieron al Gobierno cumplir el compromiso de pagos y atender la situación financiera del sector.  

En la misiva, con fecha del 14 de marzo, los gremios mencionan una reunión organizada el 6 de febrero entre el contralor general de la República y el procurador general de la Nación con el entonces ministro de Hacienda y Crédito Público, Diego Guevara, en la que el titular de la cartera de Hacienda hizo un compromiso de pago. 

Carta de los gremios de energía a Minhacienda y Minenergía by CAMBIO

Según los gremios, el ministro indicó en su momento que en enero se habían girado 200.000 millones y se comprometió con que, al cierre de febrero, se iban a girar 350.000 millones por concepto de pago de subsidios. Es decir, al 28 de febrero se esperaban recibir por lo menos 550.000 millones, pero el Gobierno no especificó si se incluían ambos servicios, pues con las empresas de gas también hay una deuda por subsidios.

Según los gremios, tras reunir información de 23 empresas de energía eléctrica y 17 de gas natural, con corte al 28 de febrero de 2025, este compromiso no se cumplió. 

“Durante lo corrido del año se ha girado a las empresas de energía eléctrica y gas natural un total de 457.020 millones de pesos por concepto adeudado de subsidios, que no corresponde aún a los 550.000 millones prometidos, lo que se constituye en un incumplimiento del compromiso asumido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público durante la reunión mencionada”, indica el documento. 

Según las asociaciones, los saldos pendientes “de más de un año están generando un círculo vicioso que afecta el flujo de caja, la viabilidad financiera y la continuidad en la prestación del servicio”. Los gremios le pidieron al Gobierno desembolsar los saldos adeudados, liquidar los montos faltantes a los subsidios correspondientes a 2024 y emitir a las empresas los certificados de deuda de subsidios para facilitarles la gestión de financiamiento, una medida que les permitiría temporalmente conseguir inyecciones de capital. 

En su primera aparición ante los medios de comunicación esta semana, el nuevo ministro de Hacienda, Germán Ávila, se refirió al tema y aseguró que es algo que el Gobierno y el presidente están revisando con cuidado. "Estamos explorando cómo hacer una transición de ese gasto recurrente que tiene el Estado, que por lo general son 5 billones de pesos dentro del presupuesto para atender esos subsidios, hacia un gasto más productivo, como el programa Colombia Solar", dijo.

El ministro indicó también que estos recursos sostienen tarifas que "no siempre están bien reguladas", pues "están basadas en los operadores menos productivos, que son los que establecen el tope de esas tarifas (...) Estamos generando de alguna forma rentas improductivas resultado de una interpretación de las normas". 

El pago de subsidios es un tema crítico porque los comercializadores actúan como un intermediario entre el Estado y los usuarios finales. Para Lucas Arboleda, socio de energía de la firma Martínez Quintero Mendoza González Laguado & De La Rosa, “la forma más eficiente que ha encontrado la legislación es utilizar a estos actores para entregar los subsidios”. 

El experto menciona que siempre ha habido un rezago en esos pagos, que depende de la situación de caja del Ministerio de Hacienda, pero nueve meses “ya no es algo normal”. 

Para Arboleda, hay varias alternativas que podría revisar el sector como el reconocimiento de los intereses por las demoras en estos pagos, o analizar la posibilidad de ceder los subsidios. “Si los comercializadores y distribuidores tienen problemas de caja, podrían entregar ese derecho de esos subsidios a un banco para que le preste la plata, y el banco se queda con el derecho a recibir esos subsidios más los intereses”, propuso el experto.

Sin embargo, este tipo de trámites pueden resultar complejos en temas administrativos y jurídicos. Otra propuesta es que los subsidios se entreguen directamente a los usuarios finales. El problema de todo esto, admite el abogado, es que reformar los subsidios en la mayoría de propuestas requiere una reforma de la ley.

Colombia ya vivió la experiencia de un apagón en los años noventa, y el año pasado su vecino Ecuador pasó por lo mismo, de modo que el país ya conoce las implicaciones de llegar a ese punto. Mientras la situación siga avanzando y la deuda del sector siga creciendo, el riesgo será cada vez más alto.