Reforma al Sistema General de Participaciones: el dinero no cierra las brechas

Esta semana el Congreso inicia con la plenaria de la Cámara de Representantes en la que se votará por última vez el proyecto de reforma constitucional para modificar el Sistema General de Participaciones (SGP), con la idea de girar más recursos del Gobierno nacional a los territoriales. Todas las apuestas están del lado de la aprobación del proyecto.

La propuesta, que fue de iniciativa legislativa y luego recibió el apoyo del Ministerio de Interior, pasó inadvertida sus primeros cinco debates en el Congreso y a partir del sexto, empezaron las advertencias de toda clase de centros de pensamiento, académicos, expertos e incluso exministros de Hacienda por el riesgo fiscal que podría representar esa iniciativa.

Incluso las calificadoras crediticias e inversionistas internacionales le han advertido al Gobierno de la necesidad de incluir en el proyecto de ley algunas garantías para evitar que aumenten la deuda y el déficit fiscal cuando la reforma al SGP empiece a aplicarse. Como respuesta, el Gobierno apoya la inclusión de dos artículos al proyecto de ley para su último debate: uno que amarre el cumplimiento de la ley a la regla fiscal y otro que ponga entre las condiciones de la ley de traslado de competencias que los entes territoriales deban gastar el mismo dinero que les llegará.

La idea del gasto en la ley de competencias, que deberá plantear y aprobar el Congreso durante el año siguiente a la firma presidencial de la reforma al SGP, es asegurar que el cambio sea de suma cero. Es decir, el Gobierno entrega un peso adicional, pero también deja de gastar un peso, que pasaría a ser responsabilidad de la entidad territorial correspondiente.

Sin embargo, y pese a que las regiones apoyan el proyecto de ley, advierten que solo el traslado de dinero y funciones no es suficiente. Expertos como el rector de la Universidad del Norte en Barranquilla, Adolfo Meisel, destacó recientemente en un foro de Valor Público en Medellín que también será necesario invertir en la construcción de competencias y capacidades de los empleados públicos en las regiones.

Hasta el momento, la mayoría de los empleados públicos trabajan y viven en la capital del país, pero con la transferencia de competencias, tendrán que ser las gobernaciones y alcaldías las que se dediquen a una serie de actividades que hoy asumen esos empleados. Eso significa que tendrá que darse también un cambio en la estructura del empleo público, que disminuirá a nivel nacional y aumentará a nivel regional.

Ese cambio también implica retos en calidad de la educación y formación de competencias, según Meisel y otros expertos como la economista Carolina Soto y el profesor antioqueño Jesús Botero de Eafit. Soto destaca, además, que hoy ya se pueden anticipar soluciones a este reto pues un ejemplo de lo que podría pasar está en el Sistema de Regalías, en el que las regiones tienen acceso a recursos que permitan inversiones en infraestructura y otros proyectos, pero pocos presentan propuestas o saben cómo presentar exitosamente sus planes para obtener la aprobación y el giro del dinero.

También están las advertencias sobre las brechas en la cantidad de ingresos que recibirá cada región. Por ejemplo, si se decide que las ciudades y departamentos reciban un porcentaje del recaudo del impuesto sobre la renta que esté acorde con la cantidad de dinero que aportan sus habitantes a ese impuesto, se mantendrán las brechas pues Bogotá y Medellín recibirán varias veces más recursos que Riohacha, Quibdó y otros municipios.

En resumen, aunque la aprobación de la ley que traslade competencias del Gobierno nacional a los regionales sea un requisito obligatorio para que la reforma al SGP empiece a regir, para las regiones el trabajo será largo y requerirá mucho más esfuerzo que el giro de más recursos para el desarrollo de un país descentralizado y más equitativo.