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Un nuevo apagón haría que el país pierda un año en la lucha contra la pobreza, dice estudio
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Fedesarrollo presentó un estudio sobre el impacto económico que tendría para el país un nuevo racionamiento de energía y los retrocesos que dejaría en empleo y reducción de la pobreza.
Por: Angélica M. Gómez

El centro de pensamiento Fedesarrollo utilizó los datos económicos del racionamiento de energía de 1992-1993 para calcular los efectos económicos para Colombia de una medida de este tipo ante la falta de energía disponible para cubrir toda la demanda.
En primer lugar, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, explicó que el apagón en ese entonces le costó a la economía colombiana 1,5 puntos porcentuales de crecimiento. Es decir, en 1992 la economía habría podido crecer 5,5 por ciento, en lugar del cuatro por ciento que efectivamente se registró.
Con ese menor crecimiento, Fedesarrollo estima que en la actualidad el país podría perder 230.000 empleos, es decir, un aumento de casi un punto porcentual en la tasa de desempleo. Si se toma como base el dato acumulado de 2024 a julio de 2024, que fue de 10,5 por ciento, el país estaría hablando de un desempleo de 11,4 por ciento. Además, Colombia sumaría 203.000 pobres moderados y 102.000 pobres extremos, es decir que se revierten las ganancias de un año en lucha contra la pobreza.

“Esto produce efectos permanentes. Lo que no se produjo en un año de racionamiento, no se volverá a producir y eso podría llevar a crecimientos económicos inferiores al potencial”, advirtió el director Mejía.
En ese sentido, el economista afirmó que si se tienen en cuenta las proyecciones de crecimiento de la economía nacional de un mayor crecimiento en los próximos meses y años, para julio de 2026 habría una brecha de cinco por ciento entre la energía que demanda el país y la disponible en el sistema, lo que le pone retos adicionales al sector.
“Colombia consume promedio per cápita 12 Gigawatts/hora, la mitad del promedio de un país de ingreso medio-alto (30 Gigawatts/hora) que es el tamaño comparable del país en el grupo de ingresos medio-altos”, explicó Mejía.
Finalmente, el director del centro de pensamiento destacó que “pese a las brechas regionales, en los departamentos donde vive el 90 por ciento de la población ya tenemos cobertura universal. En los otros, como Vaupés o Vichada, podemos aumentar las soluciones alternativas para acercarnos allá también a la cobertura universal".
