
La propuesta del Gobierno Petro para reforma la Ley de Educación a pocos días de la llegada de la administración De la Espriella
Dos años después de que se hundiera la ley estatutaria, el Gobierno vuelve por la educación superior. El proyecto que radicó la representante Isabel Vera busca reconocerla como un derecho y un bien común, con más plata para bienestar e investigación y nuevos consejos que integren a regiones, estudiantes y profesores.
El ministro de Educación, Daniel Rojas, entregó este martes a la bancada del Pacto Histórico el nuevo documento de Reforma de la Ley 30, la norma que regula y organiza el servicio público de la Educación Superior en Colombia. “Demos continuidad a la senda de transformación nacional”, afirmó el ministro, y agregó que este es un “un proyecto de ley que no es nuestro, que le pertenece al pueblo, que le pertenece a esa juventud que ha dejado su sangre y sus ojos en las calles”.
Isabel Vera, representante del Pacto por el Valle, radicó el proyecto en el Congreso. “Manifestamos nuestro apoyo irrestricto a una agenda que prioriza la vida”, puntualizó en su cuenta de X.
Con una nueva legislatura instalada, y luego de haber defendido las cifras en educación en el último discurso ante el Congreso, el gobierno de Gustavo Petro sigue insistiendo en una reforma integral a la educación. Ya había logrado, por medio de la Ley 2568 de 2026, la modificación de los artículos 86 y 87 de la Ley 30. Esos cambios implicaron transformar la fórmula con la que se calculaba del presupuesto para la educación superior. Ahora el monto varía con el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES) del DANE, y no sólo con el IPC. Además, el incremento de los aportes que hace el Gobierno Nacional aumentan cada año en un porcentaje que no puede ser inferior al 70 por ciento del crecimiento real del PIB.
¿Qué cambios se proponen?
El centro de la reforma consiste en considerar la educación superior como un derecho y un bien común. La idea es cambiar el foco con el que se piensa la educación: si bien el acceso es importante, es igual de importante brindar condiciones para que las personas culminen sus estudios sin depender del endeudamiento. Para lograr eso, se propone, además de las medidas económicas anteriores, incrementar progresivamente el presupuesto para bienestar universitario hasta el cinco por ciento. Se considera robustecer las plantas docentes y administrativas de las instituciones y aumentar el monto mínimo para investigación, innovación y producción de conocimiento a un 10 por ciento.
Las transformaciones más profundas tienen que ver con nuevos consejos, planes y acuerdos. La reforma propone la creación y reglamentación de los Consejos Territoriales de Educación Superior (CTES) y el Consejo de Instituciones de Educación Superior Estatales (CIESE). Los primeros tendrían el objetivo de enlazar las alcaldías y gobernaciones con las instituciones de educación superior para mejorar las cifras de acceso, permanencia y graduación. El segundo reemplazaría el Sistema Universitario Estatal (SUE) e integraría, en las decisiones estratégicas, una delegación de estudiantes y profesores.
Este es el segundo intento de reforma
Hace casi tres años, el 12 de septiembre de 2023, el gobierno radicó una ley estatutaria que pretendía promover la educación como un derecho en todos sus niveles: desde la primera infancia hasta la universidad.

Al comienzo avanzó rápido. Pasó el primer debate en diciembre de 2023; se movió al segundo en abril de 2024 y terminó en el tercero el 5 de junio de 2024. Para ese tercer debate, gobierno y oposición habían acordado un texto conjunto. Después el acuerdo se rompió. Fecode, el sindicato de maestros, entró en paro por las enmiendas a la reforma y pidió cambiar el proyecto. Sus reparos eran la evaluación de los docentes y el papel del sector privado en un posible modelo mixto. El gobierno modificó el texto para el último debate, buscando cumplirle a los sindicatos. Entonces se radicaron tres ponencias distintas en contra, demorando el proceso. El 20 de junio se acabó la legislatura sin ese cuarto debate y el proyecto quedó archivado. Frente a su derrota, el gobierno prometió presentar de nuevo la reforma, cosa que solo haría hasta ahora, y se concentró en pasar, por lo menos, esas modificaciones en el modelo de financiación.
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