Las universidades que queremos reformar

Es lugar común observar que la Ley 30 de 1992, que regula la educación superior actualmente, fue diseñada para una universidad y unas condiciones que han sufrido profundas mutaciones. Las propuestas que ha hecho y ha recibido el Gobierno son diversas. Todas ellas se apoyan en experiencias vividas por distintos estamentos de las universidades y apuntan al cambio de ciertas reglas que han incomodado su funcionamiento en las últimas décadas. Muchos estaríamos de acuerdo en precisar el reconocimiento de la educación superior como derecho; en una integración real entre los niveles del sistema educativo, desde 0 a 5 años hasta el doctorado; en corregirle a la ley la perversa indexación del presupuesto de las universidades públicas, que no tiene en cuenta su crecimiento en cobertura ni su contribución a investigar la realidad del país; en abrir vasos comunicantes entre educación universitaria y técnica, distinguiendo a la vez entre distintas opciones de universidad; en la flexibilización de sus procesos y la concesión de una mayor autonomía a las universidades de alta acreditación; en la participación, no gremialista sino académica, de los estamentos en las decisiones sobre su orientación; en mejorar el bienestar de quienes con grandes dificultades optan por la educación superior. ¿Es eso suficiente?

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El cambiante panorama de la educación superior