"Hablar de democracias directas en una institución de educación superior es inviable e inconstitucional": rectora de Eafit por proyecto de ley estatutaria

Un grupo de personas del sector educativo le envió una carta al Congreso de la República y al Gobierno nacional expresando preocupaciones sobre el texto de la ley estatutaria a la educación. Resaltan tres aspectos clave: el no reconocimiento de la educación terciaria, del sistema mixto y de la autonomía. Además, expone dudas sobre la viabilidad fiscal.

CAMBIO conversó con Claudia Restrepo, rectora de Eafit, para conocer más a fondo las preocupaciones de los firmantes y los cuestionamientos que quienes firman el documento le hacen a la ponencia del Gobierno. Sus preocupaciones son distintas a las de Fecode, sindicato de maestros que está en paro indefinido por cuenta de su desacuerdo con modificaciones que se le hicieron al proyecto.

CAMBIO: 200 personas le enviaron una carta al Gobierno nacional y al Congreso por preocupaciones en la ley estatutaria de educación. ¿Qué sectores están representados en el documento?

CLAUDIA RESTREPO: Es una comunicación a la que adherimos un buen número de rectores de universidades y de instituciones de educación para el trabajo, algunos líderes del sector de la educación nacional, exministros de Educación, exviceministros, asociaciones de representantes estudiantiles y más. Son voces de expertos en temas de educación, ya sea porque han ejercido roles de liderazgo en esas áreas o porque están hoy ejerciendo. También hay una mirada desde organizaciones empresariales que tienen una preocupación, porque un proyecto educativo les sirve al florecimiento humano y al progreso del país.

CAMBIO: Ustedes se refieren a la viabilidad fiscal de la reforma ¿Cuál es la crítica que hacen y qué alternativas hay?

C.R.: Enviamos esta carta después de que se rompiera el acuerdo al que se había llegado en la Comisión Primera del Senado. La cuestión de la viabilidad fiscal es una pregunta, más que un desacuerdo con el texto, y es si el país ha analizado el impacto fiscal de esta ley estatutaria como está.

En principio, uno podría decir que este tipo de ley no necesita marco fiscal, porque es una ley de ideas, es una ley filosófica. Pero uno de sus problemas es que incurre en elementos que tienen carácter de ley ordinaria, como todo el tema de la evaluación docente, que es un asunto de ley ordinaria.

¿Cuál es el estudio de recursos para avanzar en lo que esta ley está estableciendo? Sobre todo, porque habla de unos puntos muy explícitos alrededor de poner algunos alcances en la educación puramente pública y eso recae sobre el Estado.

CAMBIO: ¿Cuáles son los puntos en los que sí tienen desacuerdos puntuales y que refieren en la carta?

C.R.: Son tres puntos que nosotros hemos advertido que, nos parece, atentan contra elementos del sistema educativo y elementos constitucionales. El primero, la autonomía universitaria, porque está declarada en la Constitución con el ejercicio de deliberación y de foro abierto. Por esa razón, se le da la posibilidad a la educación superior para que se autodetermine en sus gobiernos, siguiendo unas reglas de juego. Hablar de democracias directas en una institución de educación superior es inviable e inconstitucional.

El segundo punto es el que se declare la educación en el país como pura y únicamente pública, y se desconozca que hay un sistema mixto. Hoy más de la mitad de la cobertura de este país en educación superior está ofrecida por universidades no oficiales. Lo importante para el país es mantener el espectro mixto que ha tenido, porque si no es como devolvernos en el tiempo y la prioridad debe ser la calidad. 

CAMBIO: La ponencia del Gobierno habla de priorizar la educación pública, ¿piensa necesariamente que eso implica desconocer la privada?

C.R.: En ninguna parte la ley se explica que el sistema educativo colombiano es un sistema mixto. Todo el tiempo se habla de educación pública como si no hubiese nada más y eso es desafortunado. La ley de educación debe ser una ley que le dé marco filosófico a la educación del país. Si en una ley ordinaria se define que la financiación es prioritariamente de lo público, esa es una decisión financiera del Estado, pero nuestra discusión no es de carácter de financiación, sino de carácter filosófico, porque esta es una ley estatutaria y este es un sistema que regula a las instituciones oficiales y no oficiales. De hecho, recordemos que las universidades privadas son sin ánimo de lucro. Por eso también hablamos de reconocimiento.

CAMBIO: ¿Por qué cree que el proyecto falla en reconocer el sistema mixto?

C.R.: Yo parto de que hay un principio de bondad en eso y es el reconocimiento de la posibilidad de que nuestro país tenga un sistema oficial mucho más fuerte, no creo que haya nada distinto a una actuación de buena voluntad sobre lo que uno esperaría que un sistema como el nuestro le pudiera garantizar a los jóvenes. Mayor acceso, mayor calidad y posibilidades. Lo que encuentro es que le falta conocimiento experto al respecto, porque podría ser regresivo y el país se va a demorar muchísimo si elige la ruta pública como la única forma de consolidación de la educación superior.

El Gobierno anunció hace dos años 500.000 cupos gratuitos en las instituciones de educación superior y no ha podido dar cuenta de eso, por la viabilidad fiscal. Como exsecretaria de Educación de Antioquia y de Medellín te lo digo: por más que uno quiera, no todas las universidades públicas tienen todo lo que los jóvenes quieren estudiar, además, a veces no hay cupos suficientes. Nuestra gran preocupación es que la ley estatutaria no puede ser una excusa para tratar de generar una división entre lo oficial y lo no oficial. Nosotros nunca hemos tenido una dificultad con decir que la educación en Colombia es un derecho, ni nunca hemos tenido problema con decir que es un servicio público.

CAMBIO: Ustedes también hablan de la educación terciaria en la carta.

C.R.: Sí, no se observa, pasan de la educación básica y media a la superior, pero en el medio hay una educación terciaria, que incluye la educación para el trabajo, entre otras. Muchos de nuestros jóvenes no llegan a la educación superior sin antes la educación terciaria.

Un joven puede elegir múltiples trayectorias, en Eafit no tenemos educación para el trabajo, sino profesional, pero hay muchos jóvenes que recibimos acá después de haber pasado por ese tipo de educación. Por ejemplo, que hicieron una tecnología en costos y luego terminan contaduría en Eafit, que trabajamos en homologaciones. Cuando eso no aparece, se dificulta que haya trayectorias, homologaciones, que eso que estudió el joven en su técnico también vale para la educación superior.

Yo no puedo esperar que todos los estudiantes que se gradúan del colegio inmediatamente van a saltar a ser profesionales. El problema de que no se incluya en el texto de la ley estatutaria es que esas instituciones quedan fuera del radar. De hecho, las principales instituciones de garaje en Colombia son de educación para el trabajo. 

CAMBIO: ¿Se fomenta que no haya regulación?

C.R.: Las dejas por fuera del radar y se rompe con el principio de la trayectoria. Cuando vayas a hacer una ley ordinaria sobre la educación para el trabajo y el desarrollo humano, vas a encontrar que no tiene amparo filosófico en el país, parece que no existiera. Hay una ley ordinaria hoy en la cual se habla de la importancia de la educación terciaria. No entiendo por qué se desaparece un pedazo de la educación como si no existiera, aunque existe el Sena, una regulación de competencias y otras cosas. El sistema debería mostrarnos una sombrilla filosófica y creemos que se debería mantener el sistema de trayectorias del país.

CAMBIO: ¿Qué debe tener el proyecto de ley que no tiene hoy?

C.R.: Todos los firmantes aquí estamos de acuerdo con el proyecto que fue concertado en la Comisión Primera del Senado. Estábamos tranquilos. Filosóficamente hablando, esta es una ley que no genera grandes transformaciones al país. Ordena el corpus de educación, pero es muy pobre en dar una mirada de lo que significa la calidad educativa.