El discurso del fraude es lo que más erosiona la confianza en las elecciones 2026: MOE

Colombia se acerca a las elecciones de 2026 con un ambiente político complejo. La tensión es evidente: el país aún recuerda las irregularidades denunciadas en las regionales de 2023, en las que múltiples campañas señalaron problemas logísticos y la reciente muerte del exsenador Miguel Uribe Turbay añade otro problema más al clima de alta tensión política.

A este escenario complicado para las próximas elecciones se suma otro hecho: el propio presidente, Gustavo Petro, ha puesto en duda la transparencia del proceso, cuestionando la adjudicación de un contrato millonario a la firma Thomas Greg & Sons y advirtiendo de un posible “fraude físico” ligado al software electoral. Sus pasadas declaraciones han despertado críticas de la oposición y preocupación entre distintos sectores, que ven en ese discurso un factor que puede anticipar la desconfianza ciudadana.

Con todo lo anterior surge la pregunta de cómo las instituciones electorales podrán garantizar la confianza ciudadana en la transparencia del proceso. Para comprender estos retos y las acciones necesarias, desde el congreso anual de Colfecar CAMBIO conversó con Diego Alejandro Rubiano, coordinador del Observatorio Político Electoral de la Democracia en la Misión de Observación Electoral (MOE).

El fantasma del fraude: un virus global que llegó a Colombia

Rubiano explicó que el señalamiento de fraude, incluso antes de que se abran las urnas, se ha convertido en un virus global que amenaza las democracias. En Bolivia, en 2019, las acusaciones de manipulación electoral derivaron en una crisis política y la salida del presidente Evo Morales. Estados Unidos lo vivió en 2020, cuando Donald Trump se negó a reconocer su derrota frente a Joe Biden. En Brasil, Jair Bolsonaro sembró dudas sobre el sistema electrónico de votación, lo que terminó alimentando los disturbios en Brasilia en 2023.

El analista subraya que Colombia no es inmune a estas dinámicas. “Eso mina la confianza de la ciudadanía en las instituciones electorales, en el proceso y obviamente en los resultados”, dijo. Para la MOE, la única respuesta posible para conseguir confianza electoral es la transparencia radical: abrir las puertas de cada fase del proceso, desde la inscripción de cédulas hasta el escrutinio, a auditorías, veedurías y observación nacional e internacional.

“Lo que hace la Registraduría en este caso es fundamental respecto a transparentar el proceso lo más posible, garantizar los espacios de auditoría, de veeduría, de control”, insistió Rubiano. El Consejo Nacional Electoral (CNE), por su parte, tiene la tarea de vigilar y sancionar, pero también de dar garantías.

Instituciones bajo la lupa

La Registraduría es la responsable directa de los comicios. Su papel logístico y técnico es crucial: manejo de jurados, transmisión de datos, software electoral. Pero la confianza en esa entidad ha sido cuestionada en distintos momentos, en especial por su falta de modernización tecnológica y por la opacidad en algunos contratos.

Rubiano propone un giro: que la Registraduría deje de ser vista como un actor cerrado y se convierta en una entidad abierta a la inspección. “Es importante también reconocer las posibilidades de inspección, vigilancia y control que tiene el CNE (…) y que, por medio de procesos de veeduría y auditoría contratados por la organización electoral, se detecten con la mayor antelación posible cualquier tipo de suspicacia”, subrayó. 

Desinformación y violencia: el coctel peligroso

El otro gran frente de batalla es la desinformación, un fenómeno que en Colombia se disparó, según Rubiano, desde el plebiscito por la paz en 2016 y que hoy se ha convertido en combustible de la polarización. “Esta polarización y, en algunos casos, radicalización del lenguaje en torno a las campañas y los discursos políticos es una preocupación latente (…) casi como un efecto bola de nieve desde 2016”, señaló.

Las consecuencias pueden ser graves. Las campañas de desinformación alrededor de candidatos o resultados pueden desembocar en disturbios o asonadas, un fenómeno que Colombia ha vivido a nivel local –en municipios y departamentos–, pero que podría escalar a lo nacional. “La desinformación y los procesos de denuncias de presuntos fraudes pueden desencadenar en hechos violentos y alteraciones al orden público que esperamos no pasen”, advirtió el analista.

El llamado de la MOE es a que el CNE construya protocolos para contener el lenguaje agresivo y que las comisiones de seguimiento electoral sean espacios donde los partidos puedan tramitar sus inconformidades de forma institucional.

El pacto por la confianza

La confianza no depende solo de las instituciones, sino también de los actores políticos. Rubiano plantea la necesidad de un acuerdo de voluntades entre partidos, candidatos, Gobierno y organizaciones sociales.

“Es fundamental crear un acuerdo de voluntades entre los distintos actores del proceso (…) La idea es hacer un ejercicio completo de transparencia de la información y de pedagogía ante la ciudadanía que muestre que nuestro proceso es lo suficientemente robusto”, señaló.

Ese pacto debe tener dos anclas:

• Pedagogía: explicar de forma clara a la ciudadanía cómo funciona el sistema electoral, cuáles son sus contrapesos y por qué los errores pueden corregirse en las etapas de escrutinio.
• Institucionalidad: garantizar que las comisiones de seguimiento funcionen de manera periódica, abierta y transparente, de modo que ningún partido se sienta excluido.

Más allá del calendario electoral

Colombia no solo se prepara para elegir a un presidente y un Congreso en 2026. Se prepara para una prueba mayor: demostrar que su democracia puede resistir la desinformación, la polarización y la violencia sin quebrarse.

Como lo resume Rubiano, “es fundamental que todos los actores transmitan la robustez del proceso a la ciudadanía”. Pero no se trata solo de transmitir confianza, sino de construirla con hechos.