El enredo jurídico que amenaza la participación de Sergio Fajardo en la consulta del centro

Mientras se siguen sumando nombres a la consulta de centro, el mecanismo aún no cuenta con la confirmación de quien sería uno de sus principales protagonistas: Sergio Fajardo. A las decisiones estratégicas de su campaña, ahora se suma un posible lío jurídico que deberá ser revisado a detalle para evitar cualquier obstáculo que ponga en riesgo su participación en el proceso electoral.

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El pasado primero de febrero, el exalcalde de Cali Maurice Armitage se sumó a la consulta de centro para definir a un candidato único que represente a ese sector político en la primera vuelta presidencial. Por ahora, en el tarjetón de ese mecanismo en los comicios del próximo 8 de marzo también estaría la exalcaldesa Claudia López y el exregistrador delegado para el Derecho a la Salud Leonardo Huerta.

En la última semana, Fajardo ha tenido acercamientos y reuniones privadas con varios miembros de la eventual consulta para superar diferencias personales, afinar acuerdos y definir las reglas del mecanismo. Sin embargo, a menos de una semana para conocer el futuro de la posible coalición, el exgobernador de Antioquia aún no aparece en la fotografía final.

En diciembre pasado, el candidato presidencial descartó la posibilidad de participar en consultas interpartidistas y anunció que participaría directamente en la primera vuelta presidencial. “Las consultas no son el camino: terminan por beneficiar a los extremos, dividen al país entre unos contra otros y el centro queda estrangulado. Pierde. El reto real es quién puede sumar y unir una nueva mayoría para el futuro”, dijo en ese momento.

Ante los continuos llamados de candidatos de centro para consolidar una tercera consulta, Fajardo ha ido modulando su postura frente a su participación en ese mecanismo. No obstante, su decisión inicial de rechazar de plano la inscripción en la consulta podría generar complicaciones legales que su equipo continúa evaluando antes de dar el paso definitivo.

Los obstáculos legales que podrían complicar la participación de Fajardo en la consulta del centro

En el anuncio de su participación en la consulta de centro, Armitage invitó a Fajardo a que se sume al tarjetón y sostuvo que cambiar de opinión a tiempo podría facilitar la consolidación de una opción unificada. Pero más allá de los dilemas estratégicos de su campaña, la decisión del exgobernador también se habría retrasado por el análisis de posibles conflictos con las normas electorales.

El pasado 8 de diciembre venció el plazo para que partidos y movimientos políticos informaran por escrito al Consejo Nacional Electoral (CNE) su intención de participar en consultas interpartidistas. Dignidad y Compromiso, el partido que avaló la candidatura de Sergio Fajardo, no presentó la carta de intención exigida por ese órgano para habilitar a sus candidatos a participar en la consulta de manera oficial.

La exalcaldesa Claudia López fue una de las candidatas que, pese a haber rechazado la posibilidad de participar en consultas, inscribió su movimiento para anticiparse a los líos jurídicos que hoy analiza la campaña de Fajardo. Ante ese panorama, el exgobernador de Antioquia tendría que solicitar el aval de otra colectividad que haya notificado a tiempo al CNE para respaldar su participación en el mecanismo.

Pedro Felipe Gutiérrez, exmagistrado del CNE, explicó a CAMBIO que Fajardo podría incurrir en doble militancia si intenta inscribirse bajo el aval de otro partido distinto al que lo respaldó inicialmente, lo que está prohibido por la legislación electoral. Esta situación, advierte, obligaría a evaluar con detalle la legalidad de su inscripción, ya que podría enfrentar impugnaciones que pongan en riesgo no solo su participación en la consulta, sino en las próximas etapas del proceso electoral.

“El principal riesgo para Fajardo radica en la figura de la doble militancia, que la ley electoral prohíbe expresamente. Un candidato no puede estar respaldado simultáneamente por más de un partido en un mismo proceso electoral. En este caso, al no haber presentado Dignidad y Compromiso la solicitud ante el CNE, cualquier inscripción bajo el aval de otra colectividad podría generar cuestionamientos sobre su elegibilidad”, explicó el exmagistrado.

Los riesgos de doble militancia que podría enfrentar Sergio Fajardo

El futuro de la eventual participación del exgobernador de Antioquia en una consulta de centro depende de la interpretación de la Ley 1475 de 2011. En su análisis de esa normativa, el especialista en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario David Salazar Ochoa explica que la condición de dirigente del Partido Dignidad y Compromiso enredaría aún más su inscripción en el mecanismo interpartidista.

En el artículo en el que se establece la prohibición de doble militancia se establece que, en ningún caso, los candidatos de consultas pueden pertenecer a más de un movimiento político. Además, se plantea una medida aún más estricta para quienes ocupen cargos de dirección, gobierno, administración o control en una colectividad: deben renunciar a su cargo 12 meses antes de inscribirse por otra colectividad.

“En caso de aspirar por otra colectividad, sin renunciar en los plazos establecidos, el candidato podría ser sancionado por incumplir la norma. En ese escenario, los estatutos establecen que la doble militancia incluso puede derivar en la revocatoria de su inscripción”, explicó Ochoa a CAMBIO.

Una fuente cercana al proceso de construcción de la consulta de centro sostuvo, por su parte, que Fajardo sí podría participar en ese mecanismo con el aval de Dignidad y Compromiso, pese a no haber presentado su solicitud previa ante el CNE. En ese caso, las voces que respaldan la validez de la inscripción sostienen que la razón es que la carta administrativa solicitada por ese órgano electoral es de categoría inferior a la Constitución y no podría vulnerar los derechos de participación establecidos en la norma.

Las estrategias y vías legales que Fajardo podría explorar para sumarse a la consulta

Una de las vías que analiza la campaña de Fajardo para asegurar su participación en la consulta es la figura del coaval. Esto implicaría que un partido distinto a Dignidad y Compromiso, que sí haya enviado la carta de intención al CNE, lo respalde formalmente para que su nombre aparezca en el tarjetón. La estrategia permitiría sortear la imposibilidad de inscribirse con su propio partido, que no notificó su participación a tiempo, pero no elimina del todo los riesgos legales relacionados con la doble militancia.

El subdirector de la Misión de Observación Electoral (MOE), Frey Muñoz, detalla que el uso de un coaval requiere de un acuerdo explícito entre Fajardo y la colectividad que lo respalde. El partido que actúe como coaval debe no tener candidato propio en otra consulta y estar dispuesto a asumir la responsabilidad de incluir al exgobernador en el proceso.

“Un candidato que forma parte de la dirección de su partido solo puede presentarse por otra colectividad si renuncia 12 meses antes. Sin embargo, si su organización política no tiene candidato propio en la consulta, podría autorizarlo a participar con otro partido mediante un coaval, siempre bajo la evaluación de la autoridad electoral”, explicó Muñoz.

Orlando Caballero, abogado experto en derecho electoral de la Universidad Libre, explicó que una posible salida para que Fajardo participe en la consulta sería mediante un acuerdo de “coalición” entre partidos para que él se inscriba con otro partido habilitado sin apartarse de su colectividad. “Pero si él se va sin Dignidad y Compromiso directamente arrastrado por uno de los partidos que apartaron el cupo incurriría en doble militancia”, sostuvo.

Los líos jurídicos que se presentarían ante su eventual inscripción en la consulta de centro serían una de las razones por las que Fajardo ha planteado la posibilidad de realizar una encuesta para definir al candidato presidencial de ese sector político. CAMBIO conoció que la campaña del exgobernador espera confirmar su decisión antes del próximo jueves 5 de febrero, un día antes del cierre del plazo definido por la Registraduría.