La extraña solicitud para salvar a la empresa Air-e: ¿qué pasó con la intervención del Gobierno?

En septiembre del año pasado, la Superintendencia de Servicios Públicos anunció la toma de posesión con fines liquidatarios de la empresa Air-e que presta el servicio de energía eléctrica en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira. En ese momento se advirtió que la compañía debía ser intervenida debido al alto nivel de deudas que tenía, especialmente con las generadoras que le venden la energía.

Ante la difícil situación económica por la que Air-e atravesaba, los mismos dueños de la empresa, incluyendo a Alberto Ríos, le pidieron al Gobierno una mano para salvarla y, sobre todo, para garantizar la continuidad en la prestación del servicio a los millones de usuarios en el Caribe colombiano. A eso se le sumaron las graves denuncias por los altísimos valores en los recibos de luz que enviaba la compañía y que estaban asfixiando a los consumidores.

Aunque el Gobierno atendió el llamado y decretó la intervención, hoy, seis meses después, es poco o nada lo que ha mejorado la situación de esa empresa de servicios públicos que atiende a cinco millones de hogares e industrias y que no ha podido subsanar sus finanzas ni cumplir con los compromisos que tiene con sus diferentes acreedores.