La “masculinidad guerrera”: el orden social del patriarcado

Los crímenes originados en creencias religiosas (“¡pecado!”), prácticas y hábitos culturales son difíciles de identificar y de erradicar porque se camuflan en lo que las sociedades adoptan como “natural” o “normal”. El silencio y el miedo, que se traducen en el subregistro de casos, son el escudo de las violencias basadas en género (VBG), los pilares del orden social que impone el patriarcado. Esa suerte de “ley tácita” evidente en los madrazos ―“le doy en la cara marica”, “pa’ no pegarle hijueputa”― y enfrentamientos entre políticos, es la misma que ha nutrido la sexagenaria guerra en Colombia. 

Lo que la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV) y el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) han denominado “masculinidad guerrera” es el cénit de esa ley jamás escrita.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) abrió el macrocaso 11 de “Violencia basada en género, violencia sexual, violencia reproductiva, y otros crímenes cometidos por prejuicio basados en la orientación sexual, la expresión y/o identidad de género diversa en el marco del conflicto armado colombiano”; dividido en tres subcasos: (01) VBG contra civiles por parte de miembros de las Farc-EP, (02) VBG por parte de miembros de la Fuerza Pública, y (03) VBG intrafilas por prejuicio al interior de la Fuerza Pública y de las Farc-EP.

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María de los Ángeles Ríos, coordinadora de Incidencia de la Red Nacional de Mujeres (organización parte de la Alianza Cinco Claves), recuerda que desde la negociación en La Habana solicitaron que la violencia sexual no fuera objeto de amnistía ni indulto. La líder feminista considera que esta es una victoria: “La oportunidad para garantizar los derechos de las víctimas y para que se reconozcan en el país los hechos de violencia que afectaron de manera desproporcionada a las mujeres y personas LGTBIQ+”. Sin embargo, lamenta: “Hubiésemos preferido que la apertura del macrocaso se diera tan pronto inició el mandato de la JEP”. 

Sin la solemnidad de la toga, la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, a cargo del subcaso 01, habló con CAMBIO del macrocaso 11 desde las perspectivas cultural y de género, antes que jurídica.

Diversas organizaciones han criticado el tiempo que se tomó la apertura de este macrocaso. ¿Qué pasó?

Los casos se abren a partir de los casos recibidos, el cierre de la recepción de informes fue en marzo de 2022: gran cantidad de informes llegaron en los últimos seis meses. Se recibieron 947. Hubo un periodo de revisión y de agrupación, es decir, de identificación de los relatos para agruparlos por patrón, y mirar si ya estaban en algunos de los casos abiertos o si correspondían a un patrón distinto. Una vez identificados, viene una etapa de concentración: quiénes serían los presuntos perpetradores, que no es una persona pero sí una estructura militar ―sea de la Fuerza Pública o de las fuerzas armadas que estén involucradas en los hechos― o que sea en el territorio donde dominaba ese actor. Por el relato se indica si el actor era Farc o Fuerza Pública. Considerando lo dispendioso y la cantidad de informes recibidos (el grueso no identifica hechos sino que hace desarrollos teóricos o los hechos no están presentados de una manera fácil para el análisis), creo que la demora no existe. Si uno mira lo que nos demoramos en abrir otros casos, es comparable. El caso 08 [crímenes cometidos por la Fuerza Pública, agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares, o terceros civiles en el conflicto armado], por ejemplo, creo que se demoró más de dos años en etapa de agrupación. Podría decir que los primeros casos se abrieron rápido pero eso tampoco es tan así: secuestros y falsos positivos se abrieron a partir de la investigación que ya había hecho la Fiscalía General de la Nación (FGN), que llevaba dos años con un equipo muy grande.

Dan cuenta de 35.178 víctimas entre 1957 y 2016, pero el subregistro es inmenso. ¿Cómo validaron los informes suministrados por 136 organizaciones oficiales y civiles?

El macrocaso identificó un grupo específico de ochenta informes, dos de la FGN y el resto de la sociedad civil, hay un par del CNMH, que tienen relatos que cumplen con las características de un informe del Acuerdo Final de Paz: indican quién es la víctima, quién es el presunto autor, cuáles son las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedieron los hechos; y qué relatos fueron cometidos por actores de competencia de la JEP. Más que validar, lo que hacemos es contrastar con las versiones voluntarias de los comparecientes para ver si hay coincidencia. Si hay coincidencia, la JEP entiende que hay un reconocimiento y que el hecho sucedió. Si no hay coincidencia, busca otros medios de prueba.

¿Cómo definir la “masculinidad guerrera”? ¿Las VBG son exclusivamente de origen cultural?

El concepto de la masculinidad guerrera lo traen los informes de la CEV así como del CNMH, que señalan ideas culturales sobre cómo debe ser el comportamiento de los hombres, también fortalecían la violencia contra las mujeres y las personas con orientaciones sexuales diversas. Si es cultural o biológico es una discusión que se escapa a la capacidad que tenemos nosotros de determinar los hechos, lo que sí podemos señalar es cómo la violencia que estamos instruyendo está entretejida con las ideas sobre qué hacen los hombres en la vida militar, qué es ser un hombre, cómo son las relaciones entre hombres y mujeres. Como también señalamos ahí: ese concepto puede tener un lado virtuoso; por ejemplo, están las ideas sobre el heroísmo como una virtud masculina; o sobre el altruismo, en el sentido del sacrificio por el grupo, pero en lo que concierne al trabajo nuestro, son los crímenes que se cometen en esta matriz cultural. Ahí señalamos el uso del uniforme, de las armas, de las prerrogativas de los guerreros sobre la población civil… y también sobre sus subalternos, sobre el cuerpo de los subalternos y de la población civil.

Entre las formas de VBG presentadas, ¿cuál ha sido la de mayor impunidad y revictimización? 

En realidad no lo miramos desde ese punto de vista comparativo, pero yo pensaría que en los tres subcasos hay evidencia tanto de impunidad como de revictimización institucional, quizás más detallada en los temas que conciernen a la Fuerza Pública. Para la FGN era más fácil a veces investigar ese tipo de crímenes cuando eran cometidos por la Fuerza Pública porque sus miembros, por lo general, estaban dentro de la legalidad; mientras que con la guerrilla estamos trabajando con alias y personas no identificadas. Pero estoy especulando, no lo hemos hecho de manera comparativa y no tenemos ninguna forma de saber qué cantidad de hechos no llegó a la justicia ordinaria. Lo que sí vemos consistente en los tres subcasos es la falta de investigaciones que lleven a condenas.

¿Qué sugiere este macrocaso de la acción judicial en Colombia frente a las VBG?

Se vuelve casi una verdad de Perogrullo que la investigación de la justicia ordinaria fue insuficiente. Pero más allá de eso, quisiera señalar la dedicación y el heroísmo con que los policías y los fiscales intentaron dar cuenta de lo que sucedía en el conflicto armado, porque realmente una institución netamente civil como es el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la FGN y la misma FGN, no están diseñadas en ninguna parte del mundo para investigar delitos que se desprenden del conflicto armado. No tienen la capacidad de llegar a los lugares donde sucede el conflicto armado. Como no tiene hoy la capacidad tampoco, ni es parte del diseño, uno podría decir que es una institución que está diseñada para investigar crímenes que suceden en tiempos de paz: en esa medida, se entiende el esfuerzo que han hecho por investigar crímenes sucedidos en medio de la guerra, pero siempre en el marco de las limitaciones. Otro tema que termina falseando las investigaciones de justicia ordinaria tiene que ver con la manera como tradicionalmente hemos contado los crímenes, eso requiere un cambio en la manera en cómo se debe investigar. Es muy difícil hablar de porcentaje de impunidad. Lo que sí tenemos es que en la mayoría de los relatos no existe una persecución del crimen, no hay investigación. Creo que en ninguno tenemos una condena. 

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Usted ha trabajado en macrocasos de secuestro, desaparición forzada y ahora este subcaso de victimización de las Farc, ¿cuál sería la forma más irreparable de violencia que puede padecer una persona en Colombia?

Esa es una pregunta muy difícil. Yo no sé si lo llamaría forma irreparable de violencia porque ninguno de estos dolores se puede reparar en realidad. O si lo miras como una cuestión monetaria pues entras en una discusión de ‘cuánto cuesta’ que es otro tipo de debate. Sí diré que a partir de la instrucción de los macrocasos que tengo, lo que me sigue impactando más es el de las familias que buscan a sus seres queridos, en su mayoría mujeres, pero también hay muchos hombres que son buscadores. Es muy acertada la definición del derecho penal de la desaparición forzada como un delito continuado: todo el tiempo que no sabes dónde está su ser querido, continua el crimen. Las víctimas vienen a la JEP no por hechos del pasado, sino por algo que está sucediendo todo el tiempo en la medida en que no saben qué pasó con su hijo o hija. 

Hablemos del acto “de mano propia” y de las maneras para identificar las órdenes o estrategias para ejercer VBG contra mujeres y personas LGTBI.

Un principio básico del derecho penal y del derecho a la defensa, es que las personas somos responsables por lo que hayamos efectivamente hecho. Es decir, en un sistema penal moderno, uno es solo responsable de lo que hizo. La distinción de “de mano propia” se aplica para decir: hay cosas que usted hace directamente con su mano, pero también hay responsabilidad por cosas que usted no hizo directamente. Un tipo de responsabilidad es la coautoría: usted no cometió directamente el crimen pero participó de manera directa; por ejemplo un ‘campanero’, alguien que advierte si viene o no otra persona para que los que efectivamente están cometiendo la violación sexual la puedan hacer. Hay otra dimensión que es la responsabilidad del superior, que tiene que ver con una omisión de control que se considera tan evidente, que se equipara a hacer la cosa directamente. La otra forma de responsabilidad del superior es a través de las órdenes, implícitas o explícitas: se considera que se está cometiendo el crimen a través de otra persona. 

¿Estos delitos necesariamente implican discursos de odio?

Eso de los crímenes de odio es una categoría que no contempla el Estatuto de Roma. No sé si eso va a ser un marco de comprensión. Lo que sí es claro es que hay prejuicio, discriminación, estas ideas culturales de cuál es el orden natural entre los sexos o cuál es la jerarquía necesaria entre hombres y mujeres o qué tipo de deseo sexual es ‘natural’. Estas ideas, que son parte de la cultura que compartimos, toman una dimensión propia cuando estamos hablando del conflicto armado y las relaciones entre los actores armados y la población civil; o de las relaciones intrafilas, entre superiores y subordinados.

Usted nos llamó la atención a los medios de comunicación sobre el cubrimiento de VBG: ¿Qué reflexión le deja la relación entre cultura patriarcal y la “masculinidad guerrera” que hemos naturalizado y que ha nutrido la guerra?

El mandato que tiene la jurisdicción, por lo menos el que se refiere a la instrucción, es de desvelar las lógicas de la guerra y cómo se han cometido grandes crímenes dentro de la guerra. Yo pensaría que esa también es de alguna manera la tarea de los medios que nos cubren: develar la lógica de la guerra con el fin que compartimos de que esto no vuelva a ocurrir. Eso requiere entenderlo como las lógicas de la guerra, no como ‘individuos malos que hacen cosas malas’ sino son unas circunstancias extremas en las cuales se genera un enorme sufrimiento. Pero también es como un vértice o una vorágine que nos atrapa y, cuando estamos metidos en ella, y que justifica lo que se hace y que nos hace ciegos al dolor del otro, y en el cual es muy difícil pensar que si uno no está metido en esa lógica, no es parte de un ejército. Si uno tiene las armas, uno sigue siendo un individuo separado del resto. Y que si comete un crimen es por cuenta de uno como individuo que cometió el crimen, sino que tiene que ver es con la estructura militar, lo que se ordena, cómo se ordena, cómo se obedece, qué pasa si uno no obedece. Los medios deberían ayudar al país a entender que la lógica de la guerra debe detenerse también y eso tiene que ver con el odio al enemigo, señalar al enemigo, querer castigar al enemigo, animalizar al otro, pensar que quien no piensa como uno es un animal que merece la muerte… o también otorgarle a un grupo prerrogativas y decir que porque alguien es ideológicamente es afín a uno entonces no debe tener ningún cuestionamiento. Todo es parte de la lógica de la guerra.

La magistrada Lemaitre aborda el avión que la llevará a las audiencias del macrocaso 01, en Valledupar. Más allá de las condenas, el triunfo del macrocaso 11 radicará en la posibilidad de desvelar la lógica de la guerra, conocer la verdad y exponer el vicio cultural que corroe la sociedad colombiana desde sus bases: el machismo. La derrota del silencio y del miedo a la denuncia de las VBG podría convertir este nuevo macrocaso en un hito en la administración de justicia en Colombia.