JEP abre macrocaso por violencia sexual durante el conflicto armado

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) atendió la orden de su Subsección Quinta de la Sección de Revisión, y abrirá el macrocaso 11, que concentra la investigación de los casos de violencia basada en género, violencia sexual, violencia reproductiva, y otros crímenes cometidos por prejuicios basados en la orientación sexual, la expresión o identidad de género diversa en el conflicto armado colombiano. Este hecho significa una victoria de la lucha que las organizaciones de víctimas de este tipo de violencias venían enviando información a la JEP desde hacía al menos tres años.

Los subcasos en los que se dividirá la investigación serán tres. El primero será sobre violencia basada en género contra personas civiles, cometidas por las ex Farc; el segundo, sobre hechos cometidos contra civiles por parte de la fuerza pública; el tercero, de violencia de género, tanto dentro de las extintas Farc como dentro de las fuerzas militares.

"Es una investigación centrada en los motivos y en las lógicas de las organizaciones armadas, los cuales se sustentan en relaciones dominantes de género, que se reproducen en el conflicto armado, a través de las armas y el ejercicio del poder", señaló la magistrada Lily Andrea Rueda, presidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad. 

Aunque hay un evidente subregistro por la naturaleza de este tipo de violencia, la JEP estableció, a través de la información recibida hasta el momento, que las víctimas suman 35.178 personas de todos los actores del conflicto, entre 1957 y 2016. El 89,2 por ciento de las víctimas son mujeres y el 35 por ciento sufrieron estas violencias cuando eran niños, niñas y adolescentes.

La JEP determinó que la mayoría de los casos ocurrieron a manos de grupos paramilitares, en un 33 por ciento, seguidos por las extintas Farc, en un 5,82 por ciento, y de agentes del estado, en un 3,14 por ciento. No obstante, en el 30 por ciento de los registros la jurisdicción no ha podido identificar a los responsables.

Ahora, en la fase preliminar, la JEP identificó presuntos autores de los crímenes, que en su mayoría solo aparecen con su "nombre de guerra", y está en busca de sus nombres legales y las unidades de la guerrilla a las que pertenecían.

Discriminación, prejuicio, odio y desprecio

El subcaso 1 va a estar enfocado en aquellos casos que no están ya comprendidos en otros de los macrocasos que investiga la JEP; es decir, esos en los que la principal motivación para la violencia sucedió por discriminación, prejuicio, odio y desprecio con base en el sexo, género, orientación, expresión o identidad de género de la víctima.

Hay dos patrones identificados en los que se enfoca el caso. Por una parte, están los crímenes motivados por la orientación sexual, identidad u orientación de género diversa de las personas. Por otra parte, la JEP identificó los crímenes motivados contra niñas, adolescentes y mujeres adultas por el hecho de ser mujeres, por su sexo.

Los delitos contra las personas de la comunidad LGBTIQ+ son abrumadores. De acuerdo con lo que ha podido identificar la JEP, el 33 por ciento de los crímenes enmarcados dentro de este subcaso estuvieron dirigidos contra personas de esta comunidad. Hubo desplazamiento forzado, violencia sexual, asesinatos, desapariciones y trabajos forzados. 

En algunos casos, la intención de dichas acciones era castigar o "corregir" a las personas LGBTIQ+ o eliminarlos o sacarlos del territorio. 

En el segundo patrón, es clara la base patriarcal como trasfondo de la violencia sexual y de género, que ve al cuerpo de las mujeres como uno al servicio de los hombres. La JEP identificó que el 67 por ciento de los relatos recibidos corresponden a crímenes contra niñas, adolescentes y mujeres adultas civiles, que fueron victimizadas solo por su sexo, por ser mujeres. 

Las mujeres que se rebelaron contra las órdenes de las extintas Farc también fueron castigadas, así como aquellas mujeres que buscaban a los desaparecidos.

La JEP identificó que podría haber crímenes relacionados con el Caso 10 –enfocado en crímenes no amnistiables cometidos por las extintas Farc en el conflicto. Por ello, podrían darse instrucciones e imputaciones conjuntas entre los macrocasos 10 y 11. Incluso, cuando las víctimas fueren de algún pueblo étnico, también había decisiones conjuntas con el macrocaso 9 –sobre los crímenes cometidos contra pueblos y territorios étnicos.

En lo que tiene que ver con el subcaso 2 –sobre violencia basada en género contra persona civiles a manos de la fuerza pública–, la JEP encontró que el 44 por ciento de los relatos de violencia basada en género sucedió a manos de agentes estatales en todo Colombia.

En este subcaso también hubo dos patrones claros: crímenes motivados por la orientación, identidad o expresión de género diversa de los civiles y crímenes motivados contra las víctimas por el simple hecho de ser mujeres de la población civil.

Un 17 por ciento de los crímenes fueron motivados por el primer patrón. El objetivo fue perseguir, estigmatizar y eliminar a las víctimas por cuenta de su orientación sexual y de género. El 82 por ciento de los hechos restantes corresponden al segundo patrón, el de los crímenes a los que fueron sometidas las víctimas por ser mujeres. En ambos patrones se identificaron bases ideológicas similares: que las mujeres deben estar al servicio de los hombres, no solo sexualmente, sino también trabajar para ellos. Hubo retenciones, violaciones y agresiones, así como amenazas de muerte en caso de que denunciaran.

Aparte, las mujeres también eran sometidas por la fuerza pública cuando esta las identificaba como "propiedad del enemigo". De esta forma justificaban ataques, persecuciones y estigmatización, y luego, allanamientos y tortura sexual.

Con lo que la JEP ha podido encontrar hasta el momento, hay un grupo de comparecientes que serán llamados a rendir versión. La mayoría de ellos estuvieron concentrados en las divisiones Primera, Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima del Ejército.

Ahora bien, en el subcaso 3, el foco se posará sobre las violencias cometidas por integrantes de las antiguas Farc y del Ejército contra sus propios compañeros y compañeras. Aunque pertenecían a bandos contrarios, la violencia sexual dentro de ambos grupos tuvo cosas en común, según la JEP: "las formas de disciplinamiento militar" y las jerarquía natural de las organizaciones de esta naturaleza fueron el ambiente propicio para que sucedieran crímenes de género y violencia sexual.

Uno de los aspectos llamativos de lo que encontró la JEP es que los hombres fueron los más victimizados en la violencia sexual que ocurrió en la fuerza pública. La mayoría eran hombres entre los 18 y los 23 años y fueron víctimas, en gran medida, de policías y militares. No hubo suficientes acciones correctivas para los responsables, ni, al parecer, investigaciones internas al respecto. De hecho, la mayoría de las investigaciones en la Fiscalía fueron archivadas, precluidas o tienen resolución inhibitoria.

En cuanto a la violencia de género dentro de las extintas Farc, los casos en estudio se limitarán a aquellos de personas que ingresaron siendo mayores de edad; a los de quienes no hay información específica sobre su edad de incorporación, pero que en principio no puede verse como reclutamiento ilícito, y a los de las personas que, aunque hayan ingresado siendo menores, fueron víctimas de violencia sexual en su edad adulta.

Le puede interesar: La cruel indiferencia del Estado frente a la violencia sexual contra las niñas y niños del país

La información preliminar muestra que la mayoría de las víctimas fueron mujeres jóvenes, entre los 18 y los 29 años. Las estructuras de las antiguas Farc que habrían sido las mayores perpetradoras de violencia sexual entre sus miembros fueron el Bloque Oriental y el Comando Conjunto Central.

Las mujeres tuvieron que abortar y las forzaron a tomar anticoncepción, las violaron y castigaron, según la información preliminar que tiene la JEP.

Con todo, la apertura de este nuevo caso de la JEP responde a la insistencia de grupos de víctimas que por años enviaron informes relatando los horrores que vivieron. Aún así, esa Jurisdicción solicitó a la sociedad civil que continúe enviando información para profundizar en la investigación.