La denuncia de 131 mujeres por acoso sexual en la Universidad Distrital que tardó 15 años

Son cada vez más numerosas las expresiones de inconformidad y las dolorosas denuncias de estudiantes de todo el mundo que han develado el abuso y el acoso sexual como  prácticas antiguas y muy arraigadas en las universidades. De hecho, la sistematicidad de estas formas de violencia nos dio un capítulo más para lamentar en Colombia. Tal vez lo sabrán, tal vez no, pero 131 estudiantes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, una institución pública de Bogotá, denunciaron públicamente a uno de sus profesores por cometer actos de acoso estudiantil y sexual en contra de ellas. 

El caso no es nuevo, pues hay registro de denuncias contra el docente desde 2006. ¿Hubo investigaciones o sanciones? ¿Las estudiantes afectadas tuvieron acompañamiento? ¿Los medios de comunicación reaccionaron? Parece mentira, pero tuvieron que transcurrir más de 15 años para que las viejas estructuras que naturalizan el acoso y el abuso se movieran.

La respuesta del Estado y de las instituciones educativas puede ser tan parsimoniosa, que un grupo de 131 estudiantes que decidieron movilizarse en 2019 para denunciar estos hechos, tuvieron que luchar prácticamente solas. La institución se demoró en darles respuesta y, en cambio, había cometido graves omisiones en el proceso. Lo mismo ocurrió con la Fiscalía, la Personería, la Procuraduría y el Ministerio de Educación, que recibieron copia de las denuncias y pecaron por omisión. 

De estas estudiantes frustradas por la inacción de las autoridades académicas y públicas, 11 optaron por interponer una acción de tutela en junio de 2020 en la que exigían que se protegieran sus derechos a la integridad física, psíquica y moral, a la igualdad y la no discriminación, al libre desarrollo de la personalidad, al debido proceso y a la educación.

El caso, que por fin despertó a los medios y a las autoridades de su letargo, y provocó incluso un pronunciamiento de la Alcaldesa de Bogotá, llegó a la Corte Constitucional con amplio apoyo de la sociedad civil. Dejusticia, por ejemplo, acompañó con intervenciones en las que argumentamos que todas las entidades demandadas por las estudiantes habían omitido sus responsabilidades para prevenir y sancionar la violencia de género en esta universidad. Primero, por haber dilatado injustificadamente la recepción de denuncias, y luego por no avanzar en el trámite de la investigación contra el profesor, no ofrecer medidas de protección para salvaguardar a las denunciantes y no tener un protocolo que cumpliera garantías mínimas de debido proceso, prevención y no repetición.

Tres años tuvieron que esperar las estudiantes para que su acción de tutela fuera revisada y concluyera con un importante fallo de la Corte Constitucional. Allí, el Alto Tribunal revisó todos las fallas que hubo en el proceso de denuncias contra el docente y le respondió a la Universidad con rotundas recomendaciones sobre cómo debió actuar en cada caso. 

La sentencia no retrocede en la protección de las estudiantes que sufren de acoso en entornos universitarios. Es positivo que la Corte le exigiera a la Procuraduría que adelante con carácter de urgencia el  proceso disciplinario que cursa en contra del docente y que lleva mucho tiempo en pausa. De igual forma, le dice a la Distrital que haga las investigaciones administrativas y disciplinarias para identificar qué fallas hubo en el proceso de denuncia y quiénes fueron responsables. Por último, le ordena a la Universidad que construya un protocolo de prevención y atención en casos de violencia sexual y basada en género, pues el que tiene en la actualidad es una pobre actualización de otro más antiguo. 

Es de resaltar que la Corte le llamó la atención a la Distrital sobre el hecho de que debió investigar oportunamente y recolectar pruebas con enfoque de género en este caso, pues, no hacerlo, convertía su espacio en un entorno propicio para la discriminación y hostil para realizar denuncias como las de este grupo de estudiantes.

Este pronunciamiento de la Corte Constitucional, el primero sobre acoso en universidades que promueven estudiantes, es contundente en responsabilizar a las instituciones en las omisiones y demoras en casos de violencia sexual y de género, al tiempo que hace recomendaciones muy relevantes, que van más allá de las fallas que existen en los procesos que se llevan ante las instancias universitarias, y que pueden nutrir la construcción y actualización de protocolos contra el acoso en instituciones educativas.

Las investigadoras de Dejusticia Maria Ximena Dávila y Nina Chaparro no se equivocan en su investigación ‘Acoso sexual, universidades y futuros posibles’. El acoso en estas instituciones es un problema público y una conducta que permite vislumbrar las estructuras que sostienen las violencias de género, por lo que la construcción de espacios seguros, la formación de ciudadanos y ciudadanas que sean agentes de su vida sexual y la promoción de relaciones e interacciones menos violentas y más centradas en el cuidado es una deuda impostergable para las universidades.