Ni extraditado ni procesado: el estadounidense acusado de pederastia quedó libre en Colombia

En las fiestas que organizaba, casi todas en fincas lujosas alrededor de Medellín, el estadounidense Heinz Pool Bujele se aseguraba de tener dos cosas: drogas ilimitadas y mucho sexo. El agravante es que era con menores de edad.

Entre 2010 y 2017 ingresó varias veces al país. En la última de ellas, en diciembre de 2017, Pool fue capturado durante una redada, en una finca en Copacabana, a las afueras de Medellín. Tenía en su poder 5.000 dólares en efectivo, 7,4 gramos de cocaína, 44,7 gramos de cannabis, tusi, varios tarros de popper, una maleta llena de ropa interior femenina y 15 niñas entre 14 y 17 años de edad. 

No era la primera vez que organizaba planes como ese. Según el expediente del caso, decenas de niñas fueron sometidas por el estadounidense. En una ocasión, llevó a una finca de Cartagena un grupo de 14 niñas desde Medellín. 

Las niñas eran contactadas por el mismo Pool a través de redes sociales. Si no conseguía convencerlas él mismo, utilizaba a Juan Guillermo Orozco, o Guillo, su socio en Colombia, un antioqueño a quien Pool le enviaba dinero antes de venir para que se encargara de coordinar las citas. 

Si los dos fallaban, Pool le pedía a las mismas niñas –a las que sí había convencido–, que se encargaran de llevar a sus amigas, a quienes atraía prometiéndoles regalos y dinero. 

Entre los registros de viajes de Pool, las autoridades encontraron múltiples entradas a diferentes países de Centroamérica y Sudamérica. Entre ellos, el principal país fue Colombia. Aunque hasta el momento sólo se sabe cómo actuaba acá, la justicia estadounidense lo solicitó en extradición, porque allá también tenía una amplia lista de cargos por hechos similares que podrían significarle cadena perpetua. 

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia colombiana negó la solicitud de extradición. En la decisión, que fue pública a principios de este mes, la Corte argumentó que Pool debía pagar primero por sus delitos en Colombia, lo cual marcaría un precedente para la reparación de las víctimas de este delito en el país. 

Sin embargo, el 30 de junio de 2023, la Fiscalía ordenó la libertad de Pool. CAMBIO consultó el sistema carcelario del Inpec y no existen registros de que el estadounidense haya pasado por cárcel alguna. 

De acuerdo con representantes de la sociedad civil, al estadounidense nunca se le dictaron cargos porque Pool argumentó que no sabía hablar español y así retrasó las audiencias. Sin embargo, la Fiscalía no se ha pronunciado públicamente sobre las razones para haberlo dejado libre.

Una señal más de impunidad alrededor de la explotación sexual

“Pool es uno de los tipos más violentos que he podido llegar a conocer desde que trabajo con víctimas de explotación. Los testimonios que he podido recibir de las víctimas lo presentan como un hombre inestable, que las sometía y las maltrataba. Su uso de drogas era absurdo y obligaba a las niñas a que también consumieran y a que tuvieran prácticas que ellas no querían hacer”, asegura Tyler Schwab, especialista de cuidados posteriores en Operation Underground Railroad (OUR), una ONG que se encarga de rescatar y cuidar a mujeres víctimas de explotación alrededor del mundo.    

Schwab señala que, hoy en día, varias de las niñas continúan luchando en contra de la adicción y todos los traumas que les causó Pool: “Han pasado ya seis años desde que fue capturado. Ellas quieren continuar con sus vidas. Pero la incertidumbre sobre la condena lleva a que ellas no logren continuar con tranquilidad. Siguen temiendo que él les pueda hacer daño”. 

Sobre la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia, Schwab señala que es una señal más de la impunidad alrededor de la explotación sexual en Colombia. 

El informe más reciente de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), publicado en febrero de este año, dice que más del 40 por ciento de las víctimas de trata, a nivel global, dependen del autorrescate para conseguir salir de las redes. Usualmente, sólo un 28 por ciento de las víctimas son detectadas por las autoridades, y el 11 por ciento restante terminan siendo rescatadas por las organizaciones de sociedad civil, o por ciudadanos. 

De acuerdo con un informe de la UNODC de 2020, Colombia es uno de los países más afectados por el tráfico de personas, principalmente mujeres, niñas, niños, adolescentes y población LGTBIQ+. En el informe de 2023, UNODC señala que es posible que, durante la pandemia, las cifras se hayan incrementado más, pero que las autoridades no tuvieron la capacidad de hacer un conteo exacto sobre el tema. 

Schwab asegura que, de acuerdo con los rastreos de OUR, los extranjeros encuentran en Colombia muchas facilidades para la explotación de niñas y mujeres: “Es un país con una moneda devaluada, con autoridades permisivas, que no consigue hacer un buen rastreo de los casos y cuyas medidas de prevención son mínimas. Lo mismo pasa con la reparación a ellas, y es que es inexistente. En caso de que Pool hubiera sido extraditado, se habría contado con que el gobierno de Estados Unidos sí tiene una política de reparación a las víctimas. Acá eso no es claro”. 

La soledad de las víctimas    

Cuando una víctima es rescatada de una red de trata, por lo general recibe como primera atención un kit de aseo. De ahí en adelante, todo es incierto. 

Pese a que las organizaciones de la sociedad civil, como OUR, le han solicitado al Gobierno una adecuada atención de víctimas, el sistema continúa teniendo faltas graves: “Lo que dice la ley es que durante seis meses el Gobierno tendrá que sostener el apoyo a las víctimas. Sin embargo, eso no es algo que ocurra por lo general”, señala Jazmín Santa, miembro del secretariado técnico de la Mesa en contra de la Explotación sexual contra niños, niñas y adolescentes (ESCNNA) de Medellín. 

Santa asegura que, en lo que han podido conocer desde la Mesa, garantizar ese acompañamiento no es fácil. Los apoyos suelen ser mínimos y, por lo general, las víctimas terminan desamparadas, teniendo que enfrentar a sus agresores solas, o sobreviviendo por su propia cuenta: “Si una víctima no se reintegra en seis meses como lo dicta la ley, ¿qué más se hace? Esta labor suele recaer en las organizaciones de la sociedad civil, que por supuesto no tienen el músculo financiero para atender a todas las personas que resultan siendo víctimas de este delito”, señala. 

Desde que la explotación sexual se estableció como delito en el país, en 2005, la ley indicó que se crearía un fondo especial que estaría destinado para la reparación a las víctimas. Ese fondo sería alimentado por presupuesto nacional, además de dineros donados por cooperación internacional y sería administrado por el Ministerio de Interior. 

De acuerdo con un derecho de petición entregado a CAMBIO por parte de MinInterior, este fondo recibió en 2006 un poco más de 898 millones de pesos; en 2007 recibió 559 millones; en 2008, 903 millones; y de allí en adelante ha venido subiendo gradualmente su rubro, hasta alcanzar los 3.000 millones de pesos en 2022. 

Sin embargo, Santa asegura que ese dinero no lo están viendo las víctimas, sino que es el dinero que, seguramente, se utiliza en convenios y cubriendo nóminas de empleados: “Si ese dinero estuviera siendo utilizado para repararlas, la realidad sería muy diferente. Lo cierto es que, lo que vemos hoy en día, es una profunda desatención que lleva a que, en muchas ocasiones, las mismas víctimas terminen absolutamente abandonadas por un sistema que, desde un principio, no las supo defender”.