El camino de conquista de los tres años de la sentencia que despenalizó el aborto en Colombia

En un contexto actual en donde los derechos reproductivos de las mujeres enfrentan amenazas crecientes por decisiones políticas, la conmemoración del tercer aniversario de la sentencia C-055 de 2022 adquiere una relevancia renovada.

El 21 de febrero de 2022, la Corte Constitucional despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación, un fallo que transformó el panorama legal colombiano y encendió un debate nacional sobre la autonomía de las mujeres y la protección de la vida desde la concepción. Esta victoria no habría sido posible sin el impulso del movimiento Causa Justa, una coalición de más de 100 organizaciones feministas, jurídicas y de derechos humanos, unidas por un propósito claro: eliminar el aborto del Código Penal colombiano.

Esta conquista no surgió de la nada; fue el resultado de años de trabajo, investigación y denuncias que evidenciaron cómo la penalización del aborto afectaba, de manera desproporcionada, a las mujeres más vulnerables. La decisión de la Corte no solo modificó el Código Penal, sino que también sentó un precedente clave para los derechos reproductivos en América Latina. Además, desafió creencias profundamente arraigadas y sacó a la luz una realidad largamente ignorada: según datos de la organización, las mujeres en situación de pobreza, rurales y pertenecientes a poblaciones vulnerables eran las más perjudicadas por la penalización, enfrentando riesgos graves para su salud e incluso la muerte a causa de abortos clandestinos e inseguros.

La médica y pionera de Causa Justa, Ana Cristina González, lo expresa con claridad: "Esta sentencia es un reconocimiento a las mujeres como sujetas de derechos, capaces de tomar decisiones sobre su propio cuerpo sin ser criminalizadas". 

Además, González enfatiza que la despenalización representa un avance significativo hacia la igualdad, ya que "las mujeres que históricamente han sido marginadas ahora tienen una herramienta legal que les permite proteger su salud y su vida".

Más acceso, menos miedo a informarse

Desde la aprobación de la sentencia C-055 de 2022, se ha evidenciado un aumento significativo en el interés de las mujeres en Colombia por informarse y acceder a servicios legales de interrupción voluntaria del embarazo (IVE). De acuerdo con datos de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, organización vinculada al movimiento Causa Justa, la despenalización ha contribuido a reducir el temor a buscar información y ha disminuido el estigma asociado al aborto.

Entre 2020 y julio de 2024, La Mesa atendió 1.423 casos de mujeres que solicitaron orientación o apoyo legal relacionado con la IVE. El incremento ha sido constante: en 2020 se reportaron 118 casos (ocho por ciento), cifra que subió a 231 en 2021 (16 por ciento), 256 en 2022 (18 por ciento), 378 en 2023 (26 por ciento) y 440 hasta julio de 2024 (31 por ciento). De hecho, el 73 por ciento de los casos se registraron después del fallo, lo que refleja el impacto positivo de la despenalización en la reducción del estigma social.

El acceso al servicio también se ha vuelto más sencillo. Antes de la sentencia, más de la mitad de los casos (52 por ciento) requerían acciones legales o administrativas para superar barreras. Posteriormente, el 72 por ciento de las mujeres atendidas logró acceder al procedimiento con solo recibir información por parte de La Mesa, sin necesidad de iniciar procesos adicionales.

Así mismo, el sistema de salud ha mostrado avances en la atención a estos casos. El acceso a través de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) pasó del 8,4 por ciento antes de la despenalización al 23,6 por ciento después de su aprobación. En el caso de las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), el acceso aumentó del 11 por ciento al 13 por ciento, especialmente en situaciones que involucran a mujeres migrantes, quienes continúan enfrentando obstáculos significativos. Las comunidades rurales también siguen presentando desafíos importantes para el ejercicio pleno de este derecho.

"Una de las barreras más importantes es propia del sistema de salud, como la falta de disponibilidad de profesionales capacitados en ciudades pequeñas o zonas alejadas, o que las EPS no cuenten con redes adecuadas de prestadores del servicio. También existen obstáculos relacionados con los mismos profesionales de la salud, que van desde el maltrato y la violencia hasta la desinformación", señala Ana Cristina González.

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"Bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres sean cuestionados": Simone de Beauvoir

Para Ana Cristina González, estos avances normativos representan un paso esencial, pero no el destino final. La conmemoración del tercer aniversario de la sentencia C-055 sigue siendo un motivo de celebración por su impacto significativo en los derechos de las mujeres. No obstante, también es un recordatorio de la fragilidad de estas conquistas, constantemente amenazadas. Citando a la feminista Simone de Beauvoir, González advierte: "No olviden jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados". Un llamado de atención en un contexto global con algunas muestras de retrocesos en los derechos que parecían ya conquistados.

La médica señala que la historia reciente demuestra la fragilidad de estos derechos. Un ejemplo claro es la derogación de Roe versus Wade en Estados Unidos, que, tras 50 años de vigencia, fue desmantelada por sectores antiderechos. Este retroceso evidencia que las conquistas de las mujeres nunca están completamente aseguradas y pueden ser objeto de cuestionamientos en cualquier momento.

González subraya que los movimientos feministas han transformado el mundo en las últimas décadas, desafiando las estructuras de poder y enfrentando la discriminación. No obstante, estas luchas han generado reacciones adversas de sectores conservadores, como se vio en las políticas impulsadas por Donald Trump en Estados Unidos.

A tres años del histórico fallo en Colombia, el verdadero desafío no radica únicamente en mantener la legalidad del derecho al aborto, sino en garantizar su aplicación efectiva en todos los rincones del país. Para González, esta es una lucha colectiva por la libertad, indispensable para la democracia y la protección de los derechos humanos.

¿Qué avances jurídicos ha habido desde 2022 con respecto a la sentencia?

La despenalización del aborto ha impulsado una serie de actualizaciones normativas que buscan garantizar un acceso seguro, oportuno y libre de criminalización:

1. Resolución 051 de 2023 del Ministerio de Salud y Protección Social: Define lineamientos claros para asegurar que los servicios de salud ofrezcan una atención integral, oportuna y segura en casos de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

2. Directiva 009 de 2023 de la Fiscalía General de la Nación: establece que los abortos realizados hasta la semana 24 no deben ser judicializados. Después de ese periodo, solo se revisan bajo las tres causales permitidas por la ley. Además, ordena cerrar casos abiertos y proteger la confidencialidad de las mujeres.

3. Circular Externa de la Superintendencia de Salud: reafirma la obligación del sistema de salud de garantizar que el servicio de Interrupción Voluntaria del Embarazo se preste en condiciones óptimas, con respeto por la dignidad de las mujeres.