La caída del Mayo Zambada, un capo que sabe demasiado de la narcopolítica mexicana

Hasta la mañana del 25 de julio pasado, no existía en el mundo un capo de las drogas más poderoso que Ismael 'Mayo' Zambada. No solo por su enorme fortuna proveniente del tráfico de cocaína y por su ejército de sicarios, sino también por la amplia red de complicidades que había construido durante cuatro décadas con políticos, empresarios y agentes gubernamentales de muy alto nivel.

Desde que fundó el cartel de Sinaloa junto con su compadre Joaquín 'Chapo' Guzmán, en los años ochenta, fue uno de los narcotraficantes más buscados del mundo. Estados Unidos ofrecía 15 millones de dólares por su captura, la más alta cifra del programa de recompensas del Departamento de Justicia junto con la que se ofrece por otro conocido personaje latinoamericano acusado de narcotráfico: el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Y es que Mayo Zambada, conocido en el ámbito criminal por su astucia, frugalidad e intuición de hombre de campo, se había convertido en un narcotraficante legendario porque logró burlar durante 40 años, en los escarpados recovecos de las montañas del noroccidente mexicano, a las más sofisticadas agencias de inteligencia del mundo.

“Lo buscan por todos lados y el hombre ni está escondido”, dice la letra de El MZ, uno de los 56 narcocorridos de la lista de Spotify dedicada al septuagenario fundador del cartel de Sinaloa. Esas canciones lo refieren como un sencillo campesino de la sierra sinaloense que conserva su alma bucólica, a pesar de su enorme poderío. Las letras lo llaman El jefe, El Padrino, El Señor, y destacan que es “por todos respetado”, incluso “por el gobierno”.   

Es un hecho que, a sus 76 años de edad, Mayo Zambada es una enciclopedia viviente del crimen organizado en México. Si alguien sabe cómo opera y a quiénes involucra el turbio entramado de la gobernanza criminal que sustituyó al Estado en amplias regiones de México, es él.

Por eso, para sus cómplices de los ámbitos público y privado, fue una pésima noticia lo que ocurrió el pasado 25 de julio en las inmediaciones de Culiacán, la capital del estado mexicano de Sinaloa.

Ese día, antes del mediodía, según contó el mismo capo en una carta que divulgó el 10 de agosto su abogado, el Mayo acudió a una cita en la hacienda Huertos del Pedregal, en las afueras de Culiacán, en la que estarían el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el político y exrector de la Universidad de Sinaloa (UAS), Melesio Cuén, y los hijos del Chapo Guzmán Joaquín Guzmán López e Iván Archivaldo Guzmán Salazar.

Los Chapitos, como se conoce a los hijos del Chapo desde que estos asumieron los negocios de su padre en el cartel de Sinaloa, tienen vida propia dentro de esa trasnacional del narcotráfico. Su relación con el Mayo, quien los conoce desde niños, era de respeto, pero tensa.

Es por ello que no dejó de sorprender que, según lo dicho por el Mayo en su misiva, fue Joaquín Guzmán López quien lo convocó a la cita en Huertos del Pedregal con el objetivo de “ayudar a resolver las diferencias entre los líderes políticos de nuestro estado (Sinaloa)”.

De acuerdo con Zambada, él “estaba enterado de una disputa en curso” entre el gobernador Rubén Rocha Moya –militante de Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador– y el exrector de la UAS y exalcalde de Culiacán, Melesio Cuén, enfrentados por la elección de un nuevo rector en esa universidad estatal.

Es decir, según lo que afirma el Mayo, su poder fáctico llegó a tal dimensión, que le pareció normal que lo convocaran a resolver un pleito político que involucraba al gobernador del estado. Él mismo se retrata como un capo del narcotráfico actuando como factor de gobernabilidad en un estado agrícola, ganadero y minero, cuya economía es del tamaño de la de Bolivia y que tiene un ingreso per cápita de 14.900 dólares anuales.

Según la carta de Zambada –que fue interpretada por la comentocracia mexicana como el primer bombazo del capo al establecimiento político–, la reunión fue una trampa.

Un vuelo con dos pasajeros

El capo narró en la misiva que al llegar a Huertos del Pedregal observó a un gran número de hombres armados con uniformes militares. Supuso que eran pistoleros de Joaquín Guzmán López y de sus hermanos, Los Chapitos.

Él dejó a parte de su equipo de seguridad “fuera del perímetro” e ingresó a la hacienda y centro de eventos acompañado únicamente por dos escoltas, Rodolfo Chaidez y José Rosario Heras López, quien además de trabajar para el Mayo era comandante de la Policía Judicial del Sinaloa.

Mientras caminaba hacia la zona de reuniones, vio a Melesio Cuén, su amigo desde hace muchos años, quien esa noche apareció muerto, y a alguien que lo acompañaba (su asistente Fausto Ernesto Corrales). Los saludó “antes de entrar a una sala en la que había una mesa llena de frutas”. Allí vio a Joaquín Guzmán López, quien le hizo un gesto para que lo siguiera.

“Confiando en la naturaleza de la reunión y en las personas involucradas –señaló–, lo seguí sin dudarlo. Me llevaron a otra habitación que estaba a oscuras”.

Al ingresar a esa habitación, “fui emboscado”, escribió en la misiva, y sostuvo que un grupo de hombres lo agredió, lo tiró al suelo y le puso una capucha de color oscuro en la cabeza.

“Me ataron y esposaron y luego me obligaron a subir a la cajuela de una camioneta. Durante toda esta terrible experiencia, fui sometido a abuso físico, lo que me provocó lesiones importantes en la espalda, las rodillas y las muñecas. Luego me llevaron a una pista de aterrizaje a unos 20 o 25 minutos de distancia, donde me obligaron a subir a un avión privado”, relató en su carta.

En la aeronave, de acuerdo con su narración, Guzmán López le quitó la capucha y lo ató con una soga a un asiento. “No había nadie más a bordo del avión excepto Joaquín, el piloto y yo”, sostuvo el Mayo Zambada.

Luego de un vuelo de entre dos horas y media y tres horas, la aeronave Beechcraft King Air 200 –con matrícula falsa y la cual fue registrada también en Colombia hace dos años– aterrizó en una pista de Santa Teresa, Nuevo México, contigua a El Paso, Texas, ya en territorio estadounidense.

En la pista, agentes federales estadounidenses arrestaron a Zambada. La noticia, llena de lagunas y datos parciales, sacudió a México. Primero se especuló que el narcotraficante había llegado a un acuerdo con las autoridades estadounidenses y que había viajado voluntariamente a Santa Teresa.

Pero él rechazó esa versión. “La idea de que me entregué o cooperé voluntariamente es total e inequívocamente falsa. Me trajeron a este país (Estados Unidos) por la fuerza y bajo coacción, sin mi consentimiento y en contra de mi voluntad”, escribió el jefe del cartel de Sinaloa en la carta que fue divulgada a los medios por su abogado, Frank Pérez.

Una negociación en lo oscurito

De todo esto, el gobierno de López Obrador nunca se enteró. Incluso el presidente mexicano hizo eco en un principio de una versión filtrada a la prensa que señalaba que el avión con el Mayo y Joaquín Guzmán López había despegado de Hermosillo, Sonora, una ciudad ubicada 590 kilómetros al noroeste de Culiacán.    

La Fiscalía General de la República (FGR) de México inició una investigación que hasta ahora ha confirmado la versión de el Mayo.  Incluso, el organismo judicial giró una orden de aprehensión contra Guzmán López por secuestro y “por la privación ilegal de la libertad de una persona en territorio nacional para entregarla a las autoridades de otro país”, lo que supone “traición a la patria”.

Aunque todavía hay muchos puntos por esclarecer, hay indicios de que Joaquín Guzmán López fue el que negoció su entrega y el secuestro del Mayo con las autoridades estadounidenses, a cambio de un trato judicial preferente para él y para su hermano Ovidio, otro de los chapitos extraditado a Estados Unidos el 15 de septiembre de 2023 para responder por delitos de narcotráfico y lavado de dinero.

El pasado 23 de julio, dos días antes del presunto secuestro del Mayo, Ovidio Guzmán López abandonó el penal de Chicago donde se encontraba recluido desde su llegada a Estados Unidos. Sigue bajo custodia de la justicia de ese país, pero al parecer está en prisión domiciliaria y entrará al programa de testigos protegidos junto con su hermano Joaquín.

Lo que es evidente, es que el gobierno de Estados Unidos cuenta con fuentes de información muy valiosas sobre la narcopolítica mexicana y sobre el modus operandi del cartel de Sinaloa, la mayor organización global del narcotráfico junto con el cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), liderado por Nemesio Oseguera, el Mencho.

En el último año, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) ha filtrado a periodistas de ese país que tuvo indicios sobre el presunto ingreso de dinero del narcotráfico a la campaña electoral de López Obrador en 2006, pero que la investigación no arrojó datos concluyentes.

López Obrador doblegó a la DEA en 2020, cuando logró que el gobierno del entonces presidente Donald Trump anulara un juicio por narcotráfico contra el general mexicano Salvador Cienfuegos, quien había sido secretario de Defensa entre 2012 y 2018. El militar, que fue arrestado durante un viaje a Los Ángeles con su familia, fue devuelto a México.

México limitó después la actuación de los agentes de la DEA en su territorio y, desde entonces, la relación con esa agencia ha sido pésima. López Obrador se refirió al arresto del general como un acto de hostilidad porque su gobierno nunca fue informado de la investigación contra el exsecretario y porque esa agencia “fabricó” la acusación contra el militar.

“Es un hecho que la DEA tiene ofensas acumuladas con el gobierno de México, pero por encima de todo están los intereses de Estados Unidos en su relación con México”, dijo a CAMBIO la experta en seguridad y política de drogas Lisa Sánchez.

La importancia del timing

A López Obrador le queda un mes de gobierno –el próximo primero de octubre entregará el cargo a su heredera política Claudia Sheinbaum--, pero antes de irse quiere hacer aprobar en el Congreso una reforma judicial cuyo punto central es la elección popular de jueces y magistrados.

Estados Unidos considera que esa reforma, que es inminente porque Morena, el partido del presidente, tiene mayoría calificada en el Congreso, abriría las puertas para que el narcotráfico incremente su influencia en el Poder Judicial financiando las campañas de los aspirantes a jueces.

También considera que puede violar normas del acuerdo comercial México-Estados Unidos- Canadá.

López Obrador ha acusado de intervencionismo al embajador estadounidense en México, Ken Salazar, por formular esas críticas, y el Departamento de Estado ha reiterado las preocupaciones del diplomático.

El presunto secuestro del Mayo cobra más relevancia por los tiempos en que se produce –en vísperas de un cambio de gobierno en México– y por el contexto: la creciente rispidez en las relaciones bilaterales, la inminente reforma judicial y la muy probable desaparición de los organismos autónomos y reguladores que no le gustan al presidente, pero que Washington considera importantes en el ámbito económico.  

Para Lisa Sánchez, maestra en gestión pública de la London School of Economics y en ciencia política de La Sorbona de París, en este tipo de asuntos “las coincidencias no existen, y no existen en el sentido de que es poco creíble que un criminal del tamaño de Zambada esté precisamente en estos momentos en manos de la justicia estadounidense, ya sea porque se entregó o porque fue engañado”.

La directora de la organización civil México Unido Contra la Delincuencia insiste, sin embargo, en que todo lo que haga Estados Unidos con el Mayo y con la información que el capo proporcione sobre la narcopolítica mexicana y las particularidades operativas del cartel de Sinaloa, dependerá de lo que sea útil a sus intereses.

También, de lo que ese gobierno pueda controlar, porque el primer aviso del capo –la carta que divulgó su abogado– pareció abrir una caja de pandora que deja mal parados a políticos del partido oficial, no solo al gobernador de Sinaloa, sino a quien fue hasta el pasado lunes 26 de agosto secretario de gobierno de ese estado, Enrique Inzunza, quien ahora es senador de Morena.     

De acuerdo con la misiva del Mayo, el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y diputado federal electo, Melesio Cuén, fue asesinado en la hacienda Huertos del Pedregal en la reunión del 25 de julio en la que el capo fue secuestrado. Y los dos escoltas con los que Zambada ingresó a ese lugar se encuentran desaparecidos.

El gobernador Rocha Moya ha negado su asistencia a esa reunión y sostiene que ese día viajó con su familia a Estados Unidos en un vuelo privado. El acompañante de Cuén, Fausto Corrales, se encuentra escondido porque teme por su vida, pero ha dicho a sus familiares que el gobernador y el hoy senador Inzunza sí estaban allí.

Según el gobierno del estado, Cuén fue asesinado la noche del 25 de julio en Culiacán por un sicario que se bajó de una motocicleta. La Fiscalía estatal incluso presentó un video en una gasolinera, grabado a las 21:57 horas de ese día, en el que se ve que una moto se aproxima a la supuesta camioneta del exrector, el parrillero se baja y hace un disparo a la cabina. 

Pero la Fiscalía federal determinó que ese video es un montaje y que Cuén fue asesinado en el lugar donde indicó el Mayo. El cuerpo, que según un testigo presentaba cuatro disparos y huellas de tortura, fue incinerado por orden de los asesinos. 

A pesar de los testimonios en su contra, el gobernador Rocha Moya sigue en el cargo. De manera sorpresiva, López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum le expresaron su respaldo y hasta se reunieron con él en una visita que realizaron los dos a Sinaloa el pasado domingo 25 de agosto.  

Otro 'culiacanazo'

Para Lisa Sánchez, el saliente gobierno mexicano está quedando “muy mal parado” en esta saga político-criminal de lealtades, traiciones e intereses geopolíticos. No solo porque no supo del operativo para “extraer” a Zambada a otro territorio, con la presunta participación logística de agentes extranjeros, sino porque los señalamientos del capo lo salpican.

Lo peor, sin embargo, es que este episodio exhibe “el fracaso de la política de seguridad del gobierno”, que decidió entregar a los militares la lucha contra el crimen y, desde el año pasado, el control del espacio aéreo. 

“Subieron a un avión al narcotraficante más buscado del país y el Ejército no sabe o no rinde cuentas sobre lo que sabe, pese a que controla el espacio aéreo desde 2023”, asegura la especialista en política de drogas.

El Mayo dejó un enorme vacío en el mundo del crimen organizado mexicano. Su hijo Ismael Zambada Sicairos, conocido como el Mayito Flaco, es señalado como su sucesor y el nuevo líder de la facción del cartel de Sinaloa que él encabezaba.

El pasado viernes 30 de agosto Culiacán vivió un episodio de violencia en el que se enfrentaron efectivos del Ejército y pistoleros de Los Chapitos”, de los que quedan dos en territorio mexicano: Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar. Algunas vías de la ciudad fueron cerradas con carros incendiados, en varios puntos hubo balaceras y la gente, atemorizada, se refugió en sus casas.

La gente lo llama “el culiacanazo 3.0” porque ya se habían presentado dos episodios de ese tipo en la capital de Sinaloa en 2019, cuando Ovidio Guzmán fue capturado y liberado por la reacción armada de Los Chapitos, y en 2023, cuando Ovidio fue recapturado.

Una versión de lo que ocurrió el pasado viernes es que un destacamento de fuerzas especiales del Ejército recibió información de gente del Mayito Flaco sobre la ubicación de Iván Archivaldo y que desplegó un operativo para capturarlo en el poblado de Jesús María, al norte de la ciudad.

Cientos de pistoleros de Los Chapitos respondieron entonces con un despliegue de fuerza y un ataque con gran poder de fuego que obligó a los militares a replegarse. Varios medios dieron por hecho que Iván Archivaldo había sido capturado, lo que no ocurrió.

Otra versión es que un convoy militar fue atacado y se registró un enfrentamiento.

El caso es que Culiacán, cuna del cartel de Sinaloa, está que arde.

En su carta del 10 de agosto, el Mayo” llamó a los gobiernos de México y de Estados Unidos “a ser transparentes y brindar la verdad sobre mi secuestro en Estados Unidos y sobre las muertes” de Melesio Cuén, de sus dos escoltas y de “cualquier otra persona que haya perdido la vida ese día”.

También llamó “al pueblo de Sinaloa a tener moderación y mantener la paz en nuestro estado. Nada se puede solucionar con la violencia. Ya hemos pasado por ese camino antes y todos pierden”.

El gobernador dice que todo está tranquilo.

Para Lisa Sánchez, la carta del capo es “una demostración de poder en todos los sentidos” porque les habla a otros poderes: a los gobiernos de México, de Estados Unidos, al gobierno de Sinaloa, a la opinión pública y a otros criminales.

En ese sentido, el Mayo ya mostró los dientes.