
Un mes antes de tomar posesión como nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump indicó que durante su administración podría intentar retomar el control del Canal de Panamá.
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Trump y su amenaza de adueñarse del Canal de Panamá: ¿hacia un nuevo colonialismo?
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En texto exclusivo para Cambio, el excanciller Julio Londoño Paredes, quizás el colombiano que mejor conoce la política continental, analiza las implicaciones de la amenaza de Trump de apoderarse de nuevo del Canal de Panamá y cuenta la historia de cómo Panamá recuperó su canal en la presidencia del General Torrijos.

La comunidad internacional ha quedado sorprendida por las pretensiones de Trump de regresar el canal de Panamá a la soberanía y jurisdicción de los Estados Unidos.
Su declaración es un exabrupto jurídico y político que hace temer que regrese la imposición del colonialismo en el continente e, incluso, la política del “Gran Garrote” que implementó el presidente Theodore Roosevelt, gestor de la separación de Panamá, a principios del siglo 20.

El próximo mandatario norteamericano ha llegado afirmar en su campaña que bombardearía a México para acabar con los carteles de la droga. Ojalá que no reviva la propuesta que hizo el alcalde de New York en 1988 de bombardear Medellín, por el problema del narcotráfico.
Desde principios de los años sesenta el propósito nacional de Panamá fue el de lograr de los Estados Unidos la reintegración de la zona del canal y de la vía interoceánica. Este sentimiento se hizo más fuerte cuando el general Omar Torrijos asumió el control del país y adoptó la decisión de eliminar a toda costa el enclave colonial del territorio panameño.
Al mismo tiempo, la presencia norteamericana en Panamá comenzó a generar un completo rechazo por la mayor parte de la comunidad internacional. Jimmy Carter, un demócrata integral, al llegar a la presidencia de los Estados Unidos, decidió que se debían iniciar negociaciones para la devolución del canal y de la zona.

Sin embargo, con diferentes pretextos, funcionarios norteamericanos demoraban las negociaciones. El alto mando militar estadounidense había señalado que la presencia y control de los Estados Unidos en Panamá era indispensable no solo para evitar cualquier acto de terrorismo contra la vía interoceánica, sino también por consideraciones estratégicas.
Incluso algunos aducían que al estar vigente con Colombia el Tratado Urrutia-Thomson de 1914, mediante el cual nuestro país tenía algunos privilegios para el paso de sus buques por el canal, no podría concertarse con Panamá un acuerdo sobre la devolución del canal, ya que implicaría la violación del referido tratado y que los Estados Unidos eran un fiel cumplidor de los tratados internacionales. Eso se derivaba de que de tiempo atrás diferentes gobiernos de Colombia habían expresado a los Estados Unidos que en el caso de la concertación de un tratado con Panamá, se debían respetar los derechos de Colombia.

Fue entonces cuando, sorpresivamente, se celebró el 24 de marzo de 1975 en la isla panameña de Contadora una reunión a la que asistieron, el general Omar Torrijos, jefe de gobierno de Panamá, y los presidentes Daniel Oduber, de Costa Rica; Carlos Andrés Pérez, de Venezuela, y Alfonso López Michelsen, de Colombia, en la que el mandatario colombiano dio un paso audaz. En un acta suscrita por los cuatro jefes de Estado, López Michelsen manifestó solemnemente que, una vez concertados un nuevo tratado entre Panamá y los Estados Unidos sobre el canal y un acuerdo entre Colombia y Panamá en el que se le reconocieran a nuestro país los mismos derechos que le habían sido concedidos por los Estados Unidos en el tratado Urrutia-Thomson de 1914, Colombia renunciaría a “todo derecho otorgado por tratado con respecto a materias de la exclusiva jurisdicción soberana de la República de Panamá”.
El general Torrijos, a su vez, se comprometió a que, después de obtener de los Estados Unidos la devolución del canal, llegaría a un acuerdo con Colombia para otorgarle los beneficios derivados del Tratado de 1914.
El acta de Contadora dio paso a la firma de los tratados entre Estados Unidos y Panamá el 7 de septiembre de 1977, que entraron en vigencia el 16 de junio de 1978.

Al mismo tiempo fue firmado el Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente y al Funcionamiento del Canal de Panamá, en el que se establece, como su nombre lo dice, la neutralidad de la vía interoceánica. Mediante una serie de entendidos incorporados por el senado norteamericano, se estableció la posibilidad de que los Estados Unidos pudieran intervenir en caso de cualquier agresión o amenaza contra el canal o contra el tránsito pacífico por la vía interoceánica. Esa cláusula fue severamente criticada en Panamá.
Posteriormente mediante el tratado de Montería, firmado en agosto de 1979, Panamá, en desarrollo del acta de Contadora, le reconoció a Colombia los mismos derechos sobre el canal que los Estados Unidos le habían otorgado en 1914. Estos al menos formalmente, están todavía vigentes.

¿Con que autoridad moral llega a Trump a la presidencia si para él los tratados internacionales son sólo “pedazos de papel” y con cualquier pretexto los incumple? Inexorablemente los estados que tienen esa práctica alegan razones para hacerlo. Ahora Trump dice que el canal está siendo controlado por China, lo que ha sido perentoriamente rechazado por el presidente de Panamá.
El propósito de Trump, de llevarse a cabo, tendría el efecto negativo de enfrentar a buena parte del mundo en contra de los Estados Unidos, en un momento crucial en el ámbito político en el mundo.
