España pone fin a los permisos humanitarios para venezolanos y modifica su política migratoria
Más de 240.000 venezolanos que regularizaron su situación migratoria en España mediante permisos humanitarios enfrentarán un nuevo escenario legal. El cambio obliga a quienes residen en el país a acogerse a otras vías de residencia previstas por la legislación española.
A partir de este 12 de junio, España dejará de conceder y renovar las autorizaciones de residencia temporal por razones humanitarias que durante años beneficiaron a miles de ciudadanos venezolanos. La decisión coincide con la entrada en vigor del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, una normativa comunitaria que introduce cambios significativos en la gestión de las solicitudes de protección internacional dentro de la Unión Europea.
Desde 2018, este mecanismo permitió regularizar la situación de más de 240.000 venezolanos que no obtenían el estatus de refugiados, pero cuya situación personal o las condiciones de su país de origen justificaban una protección especial. La medida surgió tras una interpretación jurídica respaldada por la Audiencia Nacional española y se convirtió en una de las principales vías de residencia para esta población.
Con la nueva normativa, quienes actualmente cuentan con este tipo de autorización deberán acogerse a otras modalidades de residencia y trabajo previstas en la legislación migratoria española, ya que estos permisos dejarán de ser renovables y tampoco permitirán la reagrupación familiar.
Cambios por el nuevo pacto migratorio europeo
La implementación del Pacto Europeo de Migración y Asilo obliga a España y al resto de los países miembros a adaptar de inmediato varios procedimientos relacionados con la llegada y atención de migrantes.
Entre las principales modificaciones se encuentra la creación de un sistema de evaluación en frontera para quienes ingresen de manera irregular o soliciten protección internacional en los puntos de entrada al país. Estos procesos tendrán un plazo máximo de 12 semanas para ser resueltos.
Durante ese tiempo, los solicitantes permanecerán en instalaciones habilitadas por las autoridades mientras se analiza su caso. Aunque contarán con asistencia jurídica y otras garantías previstas en la legislación española, no recibirán autorización para ingresar formalmente al territorio hasta que exista una decisión definitiva.
Si la solicitud es rechazada, las autoridades podrán proceder con la devolución o denegar el ingreso al país.
La nueva regulación también contempla evaluaciones aceleradas para personas procedentes de países cuyos ciudadanos obtienen protección internacional en menos del 20 por ciento de los casos dentro de la Unión Europea.
Según el Gobierno español, estos procedimientos mantendrán garantías como el acceso a representación legal, la participación de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la posibilidad de solicitar una revisión de la decisión.
Gobierno español mantiene reservas sobre parte del acuerdo
Aunque España aplicará las disposiciones obligatorias del pacto, el Ejecutivo encabezado por el presidente Pedro Sánchez ha manifestado su desacuerdo con algunos de los reglamentos que aún están pendientes de aprobación definitiva.
Uno de los puntos más controvertidos es el Reglamento de Retorno, que contempla la posibilidad de crear centros de internamiento en países externos a la Unión Europea para gestionar procesos de devolución de migrantes.
El Gobierno español considera que esta medida genera dudas jurídicas y podría afectar garantías fundamentales de las personas migrantes. Además, ha expresado preocupación por la posibilidad de ampliar los periodos de privación de libertad hasta 24 meses en determinados procedimientos.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya había expresado estas objeciones durante una reunión de ministros europeos celebrada recientemente en Luxemburgo.
¿Qué ocurrirá con los venezolanos?
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, aseguró que la eliminación de los permisos humanitarios no impedirá que los venezolanos accedan a otras alternativas de regularización contempladas en la legislación española.
Entre ellas se encuentran las diferentes modalidades de arraigo introducidas en la reforma del Reglamento de Extranjería, así como permisos vinculados a actividades económicas, emprendimientos, teletrabajo internacional o contratación de personal altamente cualificado.
Además, el Gobierno español mantiene abierta una regularización extraordinaria dirigida a personas en situación administrativa irregular, un proceso que podría beneficiar a cientos de miles de migrantes.
Expertos en migración consideran que el fin de este mecanismo especial refleja una nueva valoración por parte de las autoridades españolas sobre la situación de Venezuela, al entender que ya no existe una circunstancia excepcional que justifique un tratamiento diferenciado para sus ciudadanos frente a otras nacionalidades.
Tareas pendientes para la implementación
Pese a la entrada en vigor del pacto, España aún trabaja en algunos aspectos técnicos necesarios para su aplicación completa. Uno de ellos es la puesta en marcha del sistema europeo Eurodac, una base de datos que recopilará información biométrica y huellas dactilares de migrantes irregulares para facilitar el intercambio de información entre los países de la Unión Europea.
También está pendiente la definición concreta de los mecanismos de solidaridad entre los Estados miembros, mediante los cuales algunos países podrán recibir migrantes reubicados o contribuir económicamente a la gestión de la presión migratoria en otros territorios.
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