Venezuela: ¿qué sigue?

Una semana después de las elecciones presidenciales en Venezuela existen suficientes evidencias de que el régimen chavista, encabezado por el presidente Nicolás Maduro, cometió un fraude monumental que no podrá maquillar.

Esto, aunque un hombre clave en esta trama, el ingeniero de sistemas y mayor del Ejército, Carlos Quintero Arce, le entregue al mandatario miles de actas de escrutinio apócrifas para presentarlas al mundo como la “prueba” de la victoria del chavista.

Esas actas, que de acuerdo con dirigentes de la oposición han sido fabricadas a marchas forzadas en los últimos días en los sótanos cibernéticos del Consejo Nacional Electoral (CNE), no convencerán a nadie de que Maduro derrotó al candidato de la Plataforma Unitaria Democrática, Edmundo González Urrutia, quien según datos de las mesas de votación recopilados por esa coalición y de acuerdo con tres sondeos “a boca de urna”, ganó la elección con una ventaja de 30 puntos porcentuales.

En todo caso, las actas apócrifas del CNE sí le servirán a Maduro para seguir construyendo el relato que ha venido articulando el aparato chavista desde la noche del 28 de julio, y según el cual, cuestionar los resultados del organismo electoral venezolano –que sin concluir el conteo de votos lo declaró el lunes 29 como presidente electo para el periodo 2025-2031— es parte de una conspiración capitalista contra una revolución social vigorosa, digna, pletórica de éxitos y legitimada por el apoyo popular.

Pero Maduro y los integrantes de la cúpula chavista, que en algún momento tuvieron un auténtico compromiso social con millones de pobres en la Venezuela de élites enriquecidas por la renta petrolera, terminaron por corromperse, traicionaron sus principios y se volvieron tan represores como cualquier autócrata de derecha.

Precisamente por eso, para Maduro, para Diosdado Cabello, el segundo hombre más poderoso de Venezuela, para los hermanos Jorge y Delsy Rodríguez, líder del Congreso y vicepresidenta del país respectivamente, para el general y ministro de Defensa, Vladimir Padrino, y para decenas de miembros más de la desacreditada élite chavista, el costo de dejar el poder es muy alto.

Su destino podría ser la cárcel, por los cargos penales que tienen en Estados Unidos y Europa, o el exilio en países lejanos. Eso hace muy improbable que reconozcan lo que parece ser un triunfo de González Urrutia.

La pregunta que muchos se hacen hoy es si, a pesar de las evidencias (en el portal www.resultadospresidencialesvenezuela2024.com están las actas electorales recopiladas por la oposición), de la indignación de la mayoría de venezolanos ante lo que consideran un fraude electoral y de la condena de buena parte del mundo, Maduro se va a quedar en el Palacio de Miraflores.

Aventurar una respuesta es difícil, pero todo indica que sí porque los chavistas duros como Diosdado Cabello, consideran que sería suicida entregar el poder. “Nosotros no tenemos ningún deseo de irnos, al contrario”, dijo el año pasado, y sentenció: “Vamos a gobernar por 200 años”.

El recurso de la represión

El director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) de Venezuela, Benigno Alarcón, le dice a CAMBIO que Maduro puede aferrarse al cargo como lo han hecho otros autócratas y dictadores en muchas partes del mundo, pero el costo sería “elevadísimo” porque implicaría “la destrucción del país” y un mayor aislamiento internacional. Considera que Maduro, además, se haría “tremendamente dependiente del uso de la represión constante y permanente”.

De hecho, este escenario ya se comenzó a perfilar. El pasado lunes, luego de que Maduro fue declarado por el chavista CNE como presidente electo, comenzó a reprimir las espontáneas protestas protagonizadas en buena parte por habitantes de los barrios populares que algún día fueron chavistas, pero que dejaron de serlo por la debacle de la salud, la educación y los servicios públicos. Y por el hambre.

El año pasado, el 45,8 por ciento de los venezolanos se quedó sin alimentos en varias ocasiones y casi la mitad comió menos por falta de dinero, según la Encuesta Nacional sobre Condiciones de Vida (Encovi) 2023.

El sociólogo y profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Ignacio Ávalos, dice que millones de venezolanos viven “desesperados, con angustia y con rabia” por la situación social y por el rebusque cotidiano (“matar tigres”, dicen allá). Afirma que hay muchos jóvenes dispuestos a salir a las calles a expresar su malestar, algo que se observó en las protestas del pasado lunes 29.

Lo que pasó ese día, cuando sin que nadie las convocara miles de personas salieron a las calles sin más consigna que el repudio contra el fraude y contra el presidente, fue un “levantamiento popular espontáneo”, asegura también el director del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, un abogado especialista en derechos humanos que ha estudiado durante años las protestas sociales en Venezuela.

La repuesta de Maduro frente a las manifestaciones, que han continuado a pesar del llamado de la oposición a cesar las protestas en las calles, no sorprende a Romero.

La Policía, la Guardia Nacional y los colectivos chavistas (grupos paramilitares que suelen movilizarse en caravanas de motos, con capuchas y armas de fuego) habían asesinado hasta el viernes a 11 manifestantes, la mayoría adolescentes, y los “arrestos arbitrarios” llegaban a 775, según informó el Foro Penal.

El profesor Benigno Alarcón plantea que si los costos de salida del poder son elevados y los costos de represión son relativamente bajos, cualquier régimen autocrático va a intentar mantener el poder por la fuerza, pero eso no ocurre cuando los costos de represión superan a los costos de tolerar un cambio político.

“Eso, por ahora, todavía no ha pasado en Venezuela, aunque estos costos de reprimir se han elevado significativamente”, asegura.

Es decir, para Maduro y los integrantes civiles y militares de la cúpula chavista, aún es más alto el costo de salida. Saben que pueden reprimir con brutalidad y no pasa casi nada.

Durante las protestas sociales de 2017, originadas por la decisión de Maduro de suplantar la Asamblea Nacional (de mayoría opositora) con una Asamblea Constituyente totalmente oficialista, los organismos de seguridad asesinaron a 46 manifestantes y los “colectivos” chavistas a 27, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Por esos asesinatos, que constituyen delitos de lesa humanidad, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) tiene en la mira a Maduro y a sus principales allegados civiles y militares. Todos ellos, además, enfrentan cargos criminales en Estados Unidos y la Unión Europea, que van desde violaciones a los derechos humanos hasta narcotráfico y lavado de dinero.

No les gusta el frío de Moscú

En un eventual escenario de pérdida del poder, ¿en qué parte del mundo van a poder disfrutar de sus desmedidas fortunas sin el temor a que se hagan efectivas las órdenes internacionales de captura? Puede ser en Rusia, Irán, Cuba o Nicaragua.

Pero como alguna vez dijo el general Cliver Alcalá, quien fue asistente personal de Hugo Chávez y hoy está encarcelado en Estados Unidos, “a estos panas les gusta Miami, el primer mundo y darse la gran vida. No les gusta el frío a Moscú ni el calor de La Habana sin aire acondicionado ni centros comerciales”.

Según la investigación de Carlos Tablante y Marcos Tarre “El gran saqueo”, el monto de la corrupción chavista se ubica en alrededor de 350.000 millones de dólares, suma equivalente al producto interno bruto (PIB) anual de Colombia.

Manuel Sutherland, un doctor en economía y profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV) que se define como marxista, dice que Maduro y las figuras del régimen no pueden considerarse ni socialistas ni revolucionarios y constituyen una vergüenza para la izquierda democrática latinoamericana.

Sutherland explica que el actual PIB de Venezuela es menor en 75 por ciento al que tenía en 2013, cuando Maduro se convirtió en presidente tras la muerte de Hugo Chávez. Dice que para recuperar esa pérdida la economía necesita crecer a tasas anuales de 5% durante 30 años consecutivos.

Pero como afirma el director de la consultora Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, un gobierno no reconocido internacionalmente afecta el crecimiento económico y el PIB de Venezuela en los próximos años, en el mejor de los casos, podría aumentar a un ritmo promedio anual de 2 o 3 por ciento.

Esa realidad económica, por supuesto, obstaculiza cualquier apuesta de desarrollo social y, frente a eso, que contrasta con la enorme riqueza de los jerarcas del chavismo, el discurso pseudo revolucionario se desmorona.

El salario mínimo equivale hoy a 3,50 dólares mensuales y el costo de la canasta alimentaria básica para una familia de cuatro miembros es de 550 dólares al mes. En contraste, la burguesía chavista tiene más de 300.000 millones de dólares depositados en paraísos fiscales y en inversiones a través de testaferros que forman parte de la elite financiera tradicional, según la investigación de Tablante y Tarre.

Para Manuel Sutherland, lo que hay en Venezuela no es socialismo sino un proyecto “fundamentalmente capitalista”, con mucha corrupción y dependiente de la renta petrolera. Por eso, al caer los precios internacionales del crudo, ya con Maduro como presidente, se agudizaron “los rasgos más autoritarios y represivos del régimen, y eso aceleró su descomposición”.

Esa descomposición ha incluido una gran dosis de cinismo. De acuerdo con la narrativa comunicacional de Maduro, diseñada en el Palacio de Miraflores por su equipo de especialistas en propaganda, los dirigentes de la oposición son peones del imperio con sede en Washington y de la derecha internacional, y son los instrumentos de una conspiración para derrocar a una revolución ejemplar que decidió no arrodillarse ante el poder del capital.

En ese relato, la misma oposición y sus aliados del exterior son los culpables de que el CNE no haya divulgado las actas electorales –aun cuando el viernes pasado “actualizó” los datos del “triunfo” de Maduro con el 96,87 por ciento de las actas escrutadas-- porque “hackearon” la plataforma informática del organismo en un ataque operado desde Macedonia del Norte.

Pero Maduro no ha explicado por qué el organismo electoral le dio el triunfo –con el supuesto escrutinio del 96.87% de las actas, que hasta la noche del viernes no habían sido divulgadas-- a pesar del sabotaje.

También dentro de la narrativa oficial, los dirigentes de la oposición son culpables de los saqueos e incendios ocurridos el lunes 29 en el marco de las protestas. Según Maduro, ellos pagaron 30 dólares a cada joven que participó en la destrucción de sedes del CNE, del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y de edificios públicos. Por eso pidió, a través de su vocero Jorge Rodríguez, encarcelar a María Corina Machado y a González Urrutia. “Con el fascismo no se pueden tener contemplaciones”, dijo el mensajero.

En redes sociales, abundaron denuncias ciudadanas según las cuales “colectivos” chavistas participaron en actos vandálicos y en incendios de inmuebles, sin que los organismos de seguridad actuaran contra ellos.

Según el régimen, Venezuela tiene “el mejor sistema electoral del mundo”. La oposición apuesta a que cuando presente las actas electorales (el miércoles dijo que ya las tiene y hasta el viernes en la tarde no las había presentado), Maduro va a decir que las actas apócrifas son las de la oposición.

Con ese relato y con el apoyo de China, Rusia e Irán –más político que económico--, Maduro y el chavismo se van a quedar en el poder. Al menos, hasta que sea más costoso mantenerse allí, que darle el paso a la oposición.

Por ahora, la posibilidad de una negociación política es remota, aunque Colombia, Brasil y México impulsan esa opción.

Para Colombia, lo que se viene es una nueva oleada de migrantes venezolanos y una relación muy complicada con un régimen que va a jugar cartas como la de su participación en los diálogos de paz con el ELN y su relación con esta guerrilla, que tiene refugio en Venezuela, y con la llamada Nueva Marquetalia de Iván Márquez, quien vive en Caracas.

El presidente Gustavo Petro ha sido cauteloso y le han llovido críticas, pero tiene a su favor que ha mantenido una interlocución con Maduro y que tiene el respaldo de los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, y de Andrés Manuel López Obrador, de México, para promover una salida diferente al caos y a una debacle económica y social aún mayor en el vecino país.

Benigno Alarcón sostiene que Colombia, Brasil y México pueden terminar jugando en Venezuela “un rol, o muy positivo, o muy negativo”. Esto último, si acaban por seguirle el juego a Maduro.

“Pero sí pueden servir –señala-- como mediadores de una negociación cuyo punto de partida debe ser de reconocimiento de los resultados electorales, porque estos no pueden ser negociados. Lo que sí se puede negociar es el proceso de transferencia de poder y qué garantías podrían tener los actores del gobierno saliente”. Maduro, sin embargo, no parece dispuesto a contemplar a ese escenario.