Juez ordenó suspender bombardeos en Arauca: fallo incluye al Gobierno de De la Espriella
Un fallo de tutela obliga al Estado a detener los ataques aéreos en el departamento y a rehacer el protocolo militar. El plazo, sin embargo, se extiende más allá del 7 de agosto, cuando asume un presidente que prometió justo lo contrario.
Por: Juan David Cano
El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Arauca ordenó al Estado detener los bombardeos contra grupos armados en ese departamento hasta que las Fuerzas Militares ajusten sus protocolos para evitar que menores de edad terminen en la mira de los ataques aéreos.
La decisión se dictó contra la administración de Gustavo Petro, pero el plazo para acatarla se extiende más allá del 7 de agosto, cuando el poder pase a Abelardo de la Espriella.
La decisión responde a una acción de tutela presentada por Óscar Fernando Vanegas Ávila, personero municipal de Puerto Rondón, en defensa de niños, niñas y adolescentes de la zona.
El juez Carlos Andrés Gallego Gómez concedió el amparo en su "faceta preventiva", es decir, no por un daño ya ocurrido, sino por un riesgo que consideró latente.
El despacho dio dos meses al presidente de la República, al Ministerio de Defensa y a la Fuerza Aeroespacial para revisar el procedimiento con el que se planean los ataques aéreos.
Lo que se busca es incorporar medidas de inteligencia que permitan identificar la presencia de menores dentro de las estructuras criminales. "Ordenar a la Fuerza Aeroespacial la suspensión de bombardeos a estructuras o grupos criminales organizados en el Departamento de Arauca hasta tanto se lleve a cabo el ajuste y la difusión del protocolo", dice el fallo.
El problema del manual que tiene la Fuerza Aeroespacial para manejar casos de menores
Al revisar el manual reservado que entregó la propia Fuerza Aeroespacial, el juzgado concluyó que el documento observa de forma general los principios de distinción, precaución y proporcionalidad frente a la población civil.
- La paz total vista comparada con otros procesos de paz
Sin embargo, no contempla ningún paso dirigido a verificar si hay menores reclutados dentro del grupo que será atacado. Para el despacho, esa omisión pone en riesgo continuo la vida de esos menores, reconocidos como víctimas del conflicto por la Corte Constitucional.
Un fallo en medio de la polémica por los menores muertos
Al llegar al poder en 2022, el Gobierno Petro suspendió los ataques aéreos, en parte para no golpear a menores reclutados y como parte de su política de Paz Total, restricción que se mantuvo hasta noviembre de 2024, cuando el Ejecutivo los retomó.
Desde entonces se han ordenado varios bombardeos, dirigidos sobre todo contra el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el ELN.
Recientemente, el Instituto de Medicina Legal reportó que en esos bombardeos alrededor de 65 menores fallecieron. La entidad ubicó la mayoría de esos casos en Guaviare, Putumayo y precisamente Arauca, con víctimas de entre 14 y 17 años.
El ministro Pedro Sánchez cuestionó esa cifra y responsabilizó a los grupos armados.
"Esa cifra que da Medicina Legal no es precisa, porque Medicina Legal abarca los que caen en el conflicto, pero específicamente en bombardeos, ese no es el número. Los menores de edad que caen en los bombardeos son una evidencia clara de un crimen cometido porque reclutan a nuestros menores", afirmó.
Un freno que hereda el próximo Gobierno
Aunque la orden se dirige a la administración saliente, el reloj de dos meses corre más allá del cambio de gobierno. De la Espriella, que ganó la segunda vuelta el 21 de junio y se posesiona el 7 de agosto, ha anunciado una estrategia de seguridad opuesta a la de Petro.
En uno de sus pronunciamientos a través de redes sociales dijo que desmontará la Paz Total y reactivará las órdenes de captura contra los cabecillas armados desde su primer día. "A los violentos les hago un único ofrecimiento: sometimiento a la justicia con los beneficios que la ley actual contempla", declaró el presidente electo.
Su modelo de seguridad, que toma como referencia al presidente salvadoreño Nayib Bukele, contempla recuperar el control territorial e intensificar las operaciones militares contra los grupos ilegales.
El fallo de Arauca, en cambio, condiciona esos ataques, al menos en ese departamento, a que primero exista un protocolo que blinde a los menores.
La providencia es de primera instancia y puede ser impugnada. De no serlo, pasará a la Corte Constitucional para su eventual revisión. En esa instancia se definiría si sus efectos se extienden más allá de Arauca.
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