Corte Suprema le ordenó a Nueva EPS responder tutelas represadas: tiene 60 días para armar un plan
La Sala de Casación Penal de la Corte sostuvo que hay un incumplimiento de tutelas que reconocen que no se han prestado servicios o entregado medicamentos a pacientes de la entidad. ¿Cuál es el caso de esta decisión y de dónde viene?
La Sala de Tutelas número tres de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia le ordenó a la Nueva EPS y a su interventor designado por la Superintendencia de Salud, Jorge Iván Ospina, que deben crear una estrategia que solvente la situación de incumplimiento en las tutelas.
La EPS debe presentar dicha estrategia, en un plazo no mayor a 60 días, a los jueces que han alegado desacato de las órdenes de esas tutelas.
Según la ponencia del magistrado Diego Eugenio Corredor, este plan deberá priorizar “el cumplimiento de los servicios de salud requeridos por pacientes en grave e inminente riesgo, así como los servicios que sean requeridos para la atención de sujetos de especial protección constitucional”, entre otras disposiciones.
El caso, en realidad, resuelve la situación de una ex-gerente
Además de la decisión de las tutelas, la Corte resolvió el caso de Salomé Henao González, quien fue, durante algunos meses de 2025, la gerente regional de la EPS y su representante legal. El magistrado levantó, de manera definitiva, las sanciones que se le habían impuesto a Henao, entre ellas, multa y arresto por desacato. También detuvo los procesos que se adelantaban en contra de la exgerente por cobro persuasivo y coactivo.
En ese breve periodo que estuvo en la entidad, tiene en su contra, como consecuencia de los incumplimientos de tutela y posteriores desacatos, decisiones proferidas por 481 despachos judiciales, que representan 3.853 días de arresto y multas equivalentes a $9.131.500.000. Al parecer, el cargo venía con una trampa. Le entregaron la representación legal para firmar respuestas a tutelas y desacatos, pero no las llaves de nada: ni presupuesto, ni mando, ni la capacidad de autorizar una cita o la entrega de un medicamento.
“Las múltiples sanciones de arresto y multa impuestas a la accionante en incidentes de desacato no obedecen a su negligencia, dolo o desidia, sino a una grave falla estructural e institucional de la Nueva EPS”, se lee en la ponencia. “Así, durante su breve periodo como gerente regional, la actora carecía de la capacidad material, financiera y operativa real para dar cumplimiento a las masivas órdenes de tutela proferidas en favor de los usuarios”.
El telón de fondo, un contexto de la salud
La Superintendencia de Salud había intervenido a la Nueva EPS el 3 de abril de 2024, más de un año antes de que Henao pisara su oficina. Lo hizo con la reforma a la salud recién hundida en el Senado, y el resultado terminó siendo lo contrario de lo prometido: un informe de la Contraloría revelado por CAMBIO en septiembre de 2025 mostró que la crisis no se contuvo, sino que se profundizó. La deuda y el déficit se duplicaron y once millones y medio de afiliados quedaron desatendidos.
El 20 de julio de 2026, en su último discurso ante el Congreso, un Petro ya de salida arremetió contra el Grupo Keralty, uno de los prestadores más grandes de salud del país. Keralty respondió al día siguiente, el mismo martes en que se conoció la sentencia, con un comunicado que hablaba de cuatro años enfrentando "un gobierno que eligió el odio".
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