La nueva batalla entre sindicalista de la UNP y la fiscal Angélica Monsalve 

Este martes, la fiscal Angélica Monsalve tratará de imputarle cargos a Wilson Javier Devia, presidente de uno de los sindicatos de la Unidad Nacional de Protección, por su presunta participación en el denominado escándalo del cártel de los carros blindados. Sin embargo, el investigado radicó una nueva recusación con la que pretende que la fiscal se aparte del caso porque, dice él, la fiscal ha violado el debido proceso.

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“Estas publicaciones en redes sociales (Twitter d la fiscal Monsalve) además de evidenciar el interés que le asiste en mi caso, muestran su interés de intimidarme, de dañar mi nombre y mi honra ante la sociedad, lo cual afecta también mi trabajo al interior de la Unidad Nacional de Protección, pues esta Unidad replicó la información presentada por la Fiscal MONSALVE GAVIRIA, reitero, de manera ilegal, en mi contra en una red social”, argumentó Devia en la nueva recusación contra la fiscal. 

En el documento de recusación conocido por CAMBIO, Devia argumenta que hay una resolución de la Fiscalía que lo respalda en el sentido de que la fiscal no pudo haber asumido el caso en su contra porque al hacerlo desconocía las reglas del reparto. Es decir, según él, Monsalve desconoció que la carta enviada por el director de la UNP, Augusto Rodríguez, en la que se relacionaba un testimonio en contra de Devia y por la que se inició la investigación en su contra, debía ser sometida a reparto y no asumida de inmediato por la fiscal para la investigación que adelantaba. 

Según Devia, los hechos narrados por ese testigo Manuel Castañeda, el ‘narcochofer’ que fue capturado el año pasado con 168 paquetes de estupefacientes en el Cauca, debían enviarse a la Dirección Especializada contra la Corrupción que, supuestamente, era la competente para asumir esa investigación.

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“EXHORTAR a la doctora Angélica María Monsalve Gaviria, Fiscal 414 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito, de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, contra la Eficaz y Recta Impartición de Justicia y contra los Mecanismos de Participación Democrática, para que en lo sucesivo, todos los asuntos relacionados con la Unidad Nacional de Protección que no correspondan a la temporalidad asignada a su despacho, deben ser enviados a la Dirección Especializada contra la Corrupción”, dice la resolución que anexa Devia a la recusación.

El sindicalista también menciona que aunque en la investigación que lleva Monsalve en su contra se ha mencionado al exdirector de la Unidad Nacional de Protección Andrés Villamizar y su exsecretario general Julián Marulanda, de quienes indicó, que habrían recibido dineros y regalos como vehículos, “la fiscal Monsalve no ha ejercido actuación alguna, ni publicaciones en redes, ni autoasignación de procesos, o solicitud de audiencias que no realiza, como sí lo ha hecho en mi caso particular, muestra más del interés ilícito mostrado en mi contra.

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“El sentir es que la fiscal está cumpliéndole órdenes al director de la UNP por las diferentes denuncias que he realizado por corrupción en la entidad y la misma negligencia del nuevo director y del equipo de este nuevo Gobierno. La fiscal ha violado garantías procesales frente al debido proceso”, dijo Wilson Devia a CAMBIO.

La fiscal Monsalve asegura que es competente para llevar a cabo la investigación en contra de Devia y asegura tener un arsenal probatorio para poner tras las rejas a los responsables de una red criminal que estaría articulada por funcionarios de la Fiscalía, de la Unidad de Protección Nacional (UNP) y hasta generales de la Policía.

En el entramado corrupto, según la investigación, los funcionarios públicos y de empresas comercializadoras de carros arreglaban a su acomodo decenas de contratos para vender o blindar carros y camionetas.

Mañana un juez de garantías de Bogotá será el encargado de definir si se realiza o no la audiencia contra Wilson Devia. 

Los imputados 

En octubre del año pasado, la fiscal Monsalve les imputó cargos a Martín Ricardo Manjarrez, representante legal de M&M Group S.A. (que ahora opera bajo el nombre 7M Group), apoderado de Suzuki Motor de Colombia S.A., y distribuidor autorizado para Colombia de Renault Truck Defense; y a Yonn Jairo García Rivera, gerente de M&M Group S.A. y apoderado de Suzuki Motor de Colombia S.A., por concertar con funcionarios públicos para que –presume la Fiscalía– les filtraran información sobre condiciones y especificaciones técnicas de futuras contrataciones de la Policía, la Fiscalía y la UNP, con el fin de que se las ganaran. A cambio, la Fiscalía sospecha que los imputados les daban jugosas prebendas a los funcionarios.