La torre fantasma en la que se perdió más de medio billón de pesos de las pensiones de los militares

Una investigación de la Contraloría General de la República destapó lo que podría ser uno de los casos más graves de corrupción en las Fuerzas Militares. Con las pensiones de los retirados del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea se hizo un negocio para la construcción de un edificio de once pisos en la carrera Séptima con calle 100, en Bogotá, pero tras casi ocho años de incumplimientos, la construcción apenas va en obra negra. La Contraloría tasó el daño patrimonial de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (Cremil) en más de 577.000 millones de pesos.

La investigación fue adelantada por el contralor delegado para el sector Defensa, Luis Eduardo Parra, mediante una auditoría financiera que no solo revisó en detalle los libros contables del Cremil sino la salud administrativa de la entidad. Allí encontró que, en 2015, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares decidió participar de un negocio inmobiliario que prometía construir dos modernas torres con un centro comercial de seis pisos en el mejor punto del norte de Bogotá, el cruce de la calle 100 con la carrera Séptima, que para muchos urbanizadores era el lote de engorde más grande de Colombia que permaneció intocable por décadas bajo la excusa de la seguridad nacional. En sus inmediaciones funciona el llamado Cantón Norte, la Escuela de Caballería y la sede de la Brigada 13 del Ejército. La lucha entre la necesidad de expandir la ciudad y el interés de los militares en mantener su extensa propiedad fue patente en los últimos años con el trazado de la carrera 11, crucial para el tráfico del norte de la ciudad y por muchos años bloqueada por la guarnición. Lo curioso es que la codicia fue más grande que el argumento de seguridad a la hora de construir el megaproyecto El Pedregal. 

La propuesta fue que Cremil entregaba 14 costosos lotes, ubicados entre las carreras séptima y octava sobre la calle 100, para que allí se edificara el proyecto. A cambio, recibiría 16.819 metros cuadrados de lujosas oficinas para la venta y 289 parqueaderos que en ese punto de la ciudad valen oro. Todo dentro de un edificio de 11 pisos, que se elevaría sobre el más moderno centro comercial de la capital.

El proyecto debía quedar terminado en agosto de 2019, sin embargo, varios asuntos han ralentizado la obra. Que en el negocio estaba metido Guillermo León Acevedo, alias Memo Fantasma, que la obra estaba ubicada en una zona donde debía pasar el proyecto de TransMilenio por la Séptima, que no se consiguieron inversionistas, etc. Al final se levantó una sola torre, que hoy es un cascarón divinamente ubicado pero abandonado al sol y a la lluvia. La maleza empieza a comerse los cimientos que se quedaron esperando las cómodas oficinas que tendría Bogotá.  El prometido centro comercial y el edificio del Cremil son solo un rénder, una promesa, una mera expectativa. Y lo peor, cuando los administradores de la entidad hicieron el negocio no reclamaron las garantías y seguros ante eventuales incumplimientos o vicisitudes. Simplemente entregaron los 14 lotes confiando en la promesa.

Hoy, el proyecto está quebrado. El fideicomiso del que participa Cremil tuvo ingresos entre los años 2020, 2021 y 2022, de menos de un millón de pesos; la única plata verdadera que entró fueron 850.000 pesos, el saldo de la cuenta corriente es de 2 millones de pesos mientras los pasivos que superan los 900.000 millones. Además de que la figura en la que Cremil participó del negocio violó la ley, no exigió el certificado de garantía de derechos inmobiliarios, como sí lo hicieron otros inversionistas, y se contentó con acceder mediante la figura de fideicomitente adherente, lo que implica que si hoy el proyecto se liquida, Cremil no estaría entre los tres primeros acreedores, y los lotes comprados con los ahorros de los uniformados retirados servirían para pagar primero a otros inversionistas.

“El daño total, real, cuantificable y presente supera los 577.000 millones, que se configura por el menoscabo patrimonial de Cremil, causado por un negocio jurídico mal hecho cuando se transfirieron los derechos reales de propiedad de los 14 lotes sin una garantía real o personal que compensara el riesgo de incumplimiento por parte del fidecomiso. En suma, Cremil transfirió el derecho de dominio a cambio de una mera expectativa. El daño se consolidó y la Contraloría no va a permitir que se juegue con el patrimonio de los retirados, por eso esperamos que el Gobierno tome cartas en el asunto porque todos los anteriores administradores de Cremil estarían implicados”, enfatizó Parra.

Y es que, según el ente de control, una situación de estas no se consolida por simples errores de buena fe de los administradores, sino que hubo una mezcla entre negligencia e intereses oscuros por parte de quienes han administrado la caja de retiro. Por eso, la investigación vincula a varios gerentes de Cremil y hasta a quienes han participado del consejo directivo de la entidad en los últimos ocho años, pues existen responsabilidades administrativas, fiscales y penales que se configuran en 20 hallazgos identificados por la Contraloría General de la República.

En el documento conocido por CAMBIO, el ente de control deja claro que con el paso del tiempo los daños patrimoniales se han agravado notablemente. Para 2013, cuando el estructurador del negocio propuso la transferencia del dominio de los 14 lotes, los terrenos fueron avaluados en cerca de 250.000 millones, pero en el estudio que realizó Asolonjas en 2022 el valor comercial de los 14 predios es de 543.000 millones. Además, las multas que debe pagar la estructuradora del proyecto ascienden a 34.169 millones de pesos más. Un detrimento que ya fue causado y que se origina en un modelo de negocio mal concebido por parte de Cremil y peor ejecutado por parte del titular del Fidecomiso, que es la Administración América Centro de Negocios, cuyo vocero fiduciario es Itaú, bajo el título de Aldea Proyectos.

En este aspecto, hubo una violación de la ley, dado que Cremil no tiene permitido vender sus inmuebles con destino a proyectos de renovación urbana sin obtener beneficios contantes y sonantes. En esta situación, el dinero de las pensiones de los uniformados, ya sea de aquellas que se dan por invalidez o las asignaciones de retiro, fueron puestas en juego sin las garantías suficientes. Y en este momento, Cremil no tiene  jurídicamente cómo recuperar los lotes que entregó a cambio de un papel sin valor comercial. Una situación en la que, como se dice coloquialmente, fueron por lana y terminaron trasquilados. En este momento no hay edificio ni parqueaderos, el proyecto está desmoronándose y los lotes ya se perdieron. Con un agravante: las multas que debían pagarse a favor de Cremil no han sido pasadas a cobro coactivo ni se ha activado debidamente su recuperación, de los 36.027 millones de pesos; apenas les han girado 1.857 millones.

Así pues, la investigación de la Contraloría deja claro que el negocio en el que participó Cremil fue altamente nocivo para los intereses de los militares en retiro, y desde ahora tendrán que ser las autoridades quienes individualicen a los responsables de jugar con el futuro de miles de hombres y mujeres de las fuerzas militares que, a cambio de sus servicios y sacrificios, esperan una justa pensión. La investigación tiene que terminar y los lotes del Cremil volver a manos de los pensionados.